Desde violencia, abusos sexuales, torturas y privación ilegítima de la libertad detrás de la fachada de la institución matrimonial, al abismo imposible de la trata con fines de explotación sexual. Las leyes que enmarcan los delitos contra la integridad sexual son una frazada corta, agujereada, que resulta pesada o insuficiente según la estación del año. Esa cobija deficiente es todo lo que tenemos para defendernos una vez que la masacre hizo de las suyas.
¿Qué pasa cuando el plan del delincuente aspira a una perfección estratégica? Cuando “no es de libro” el accionar? ¿Cuánto juega la carta de la fama o reconocimiento social y canta retruco con la carta del matrimonio?
Verónica Macías denunció a Cacho Antonio Garay el 9 de abril del 2023 por amenazas agravadas por el uso de armas, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad y desobediencia a una orden judicial, todo ellos en concurso real y en contexto de violencia de género.
La exposición y lucha de referentes como Thelma Fardín acompañaron a la justicia hacia un aumento de condenas en las estadísticas. Previo a diciembre del 2018, de cada mil personas sólo denunciaban 100 y de esas 100 denuncias solo 1 recibía una condena. Luego de la conferencia organizada por Actrices Argentinas, espacio al que pertenezco y me representa, las denuncias en la línea 144 aumentaron un 1200 por ciento: en 24 horas, mujeres, lesbianas y personas trans de todas las edades se agolparon en la puerta de comisarías y fiscalías de todo el país.
Algo progresivo se reflejó en las sentencias. Hoy leemos con cierto alivio, fallos que rezan: “Es un delito que ocurre entre cuatro paredes, sin testigos”. Además hay una alerta clara en relación a la estrategia del abusador de correr el foco hacia la víctima. Sin embargo sigue existiendo una exigencia feroz hacia las víctimas. La estigmatización de la belleza es a veces un pasaporte falso, un boleto de compra venta con letras poco legibles.
"Era invierno de 2010. Él me invitó a cantar en una gira en distintas provincias. Yo acepté, era mi oportunidad como cantante. Llegué al hotel donde se alojaban los músicos y comenzaron a repartir las llaves, pero no llegaba la mía. Él me dijo: vos estás conmigo. No sabía qué hacer. Entro a la habitación, me tira contra la pared, me manosea mucho y me dice: vos hoy no vas a cantar. Ahí sentí que se me venía el mundo encima, perdí la fuerza, no entendía nada. Luego me encierra y se va”.
El primer zarpazo es lo suficientemente contundente como para romperla.
La gira continúa. Ya alojados en el nuevo hotel en Santiago del Estero, la embestida es bestial, como si cada ataque estuviese calculado, para hacer de los cuerpos, retazos, en poco tiempo. “Me violó brutalmente, no tengo palabras. Ahí sentí que estaba muerta”, relata.
Los depredadores conocen a sus víctimas, saben de qué material sensible están hechas sus presas y cómo hacer de esas mujeres una mercancía. “Él es mucho de las llaves. Yo vivía encerrada”, continúa.
Las variables a tener bajo control son claras:
El silencio: “ Mi familia estaba feliz porque yo iba a cumplir mi sueño. No quería que sepan lo que estaba viviendo, no quería decepcionarlos, me daba vergüenza”.
El miedo: La utilización de armas como amenaza constante, sumado a la ostentación de poder y contactos con jueces y políticos.
La culpa: “Algunos decían que yo estaba con él porque quería fama, por dinero, me juzgaban. Yo pensaba qué había hecho mal, él me hacía sentir que lo merecía”.
“Durante todos esos años me tenía que vestir como él quería, me obligó a ponerme pechos grandes, me hacía limpiar mucho, cocinarle, llevarlo al médico. Yo hacía todo para evitar que se altere, porque cuando se ponía loco o se emborrachaba, me torturaba. Él tenía elementos que le facilitaban sus amigos policías: picanas, amansa locos, palos de goma. La casa estaba llena de armas, hachas, machetes, cuchillos”.
La romanización de las uniones civiles oficia de “cómplice o partícipe necesaria” en las torturas intrafamiliares. “Me dijo que tenía un embargo y debíamos casarnos. Yo estaba entregada. El 20 de marzo de 2020 firmamos el acta de matrimonio. Cada tanto me mandaba a la casa de mi familia, bajo amenazas, para no levantar sospechas. Los que trabajaban con él sabían que yo comía si él tenía hambre, que no me podía despegar un minuto”.
¿Cuánto más a mano nos queda el linchamiento a las víctimas? En este caso, lo que nos interpela es el contexto, la fachada, el horror dentro de un marco intocable: la institución del matrimonio como prueba inapelable - hasta ahora- de consentimiento.
El derrotero del horror que detalla la víctima en su denuncia deja, no sólo contundencia sobre los hechos, sino que abre claramente una puerta a otro posible delito, esta vez, federal: la trata con fines de explotación sexual.
Le pregunto si el denunciado la obligó en algún momento a estar con otras personas. La respuesta fue afirmativa. Le pregunto si el denunciado la obligó a tener sexo con otras personas. La respuesta es afirmativa. “Nunca me voy a olvidar una vez que llegó un hombre poderoso y le dijo: ¿trajiste lo mío? él respondió: pero claro. Y me hizo entrar. Yo era la cosa de ese hombre. Jamás pensé en denunciar, yo sentía que mi vida ya estaba terminada, pesaba 38 kilos. Me violaba, me hizo adicta a las pastillas, me acostumbré a vivir con armas en la casa, con golpes, estuve internada bastante tiempo porque estaba muy desequilibrada”.
Después de un episodio de violencia en un hotel en Córdoba, con intervención de la policía, Verónica Macías logró huir y hacer la denuncia.
“Me animé a escapar por personas que me convencieron de hacer la denuncia. A mí en ningún momento se me cruzó por la cabeza denunciar porque ya estaba completamente al borde de la muerte, solo quería hablar y desenmascararlo antes de partir”. Terminó viviendo en un refugio, con custodia policial. Le pidieron que amplíe la denuncia y, con ese testimonio, la justicia ordenó la detención de Garay.
Hoy él está detenido. Por cuestiones de salud, goza de prisión domiciliaria, pero su defensa pretende apelar la prisión preventiva. Macías correría riesgo de vida.
La falta de perspectiva de género en los peritos intervinientes, pone en juego la salud mental de las víctimas y entorpece el camino hacia la justicia. Hay un goce incomprensible en algunos agentes judiciales cuando se trata de volcar en las denunciantes la responsabilidad de la masacre, abusos psicológicos vestidos de preguntas que impactan como bombas psíquicas en las víctimas, un juego enloquecedor basado en poner en duda hasta los hechos utilizando el concepto de manipulación y contaminación del relato. Lo saben. Lo hacen sistemáticamente.
Verónica se pregunta qué más necesitan para darse cuenta de lo que vivió.
La fiscal que interviene, Mónica Fernández Poblet (con una labor destacable en perspectiva de género), junto a los abogados querellantes Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena, esperan el avance de la causa que se encuentra en etapa de instrucción, y la apertura del celular de Garay como prueba irrefutable: ¿Es posible que aún no lo hayan hecho? Me pregunto hasta dónde salpica el buen nombre y honor del poder mendocino esta denuncia.
Elevar a juicio esta causa es urgente.
Desmantelar la pantomima perversa de construir una supuesta historia de amor con fines de explotación sexual y los delitos mencionados, es el desafío.
Verónica Macías no tuvo un vínculo de pareja con su opresor. Prohibido hablar de amor,
cuando la violencia sexual y la tortura es la moneda de cambio.
