El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, cortará cintas esta tarde en el Cabildo Histórico junto a una invitada de honor, la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel.

Se trata de una remodelación patrimonial y turística sobre el edificio colonial proyectada por Gerardo Morales. Fue criticada fuertemente por los organismos de derechos humanos, porque durante la última dictadura cívico militar esa manzana funcionó como un centro clandestino de detención y tortura e integró los circuitos de exterminio. "Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad", recordó hasta octubre de 2021 el cartel de la memoria ubicado sobre la calle Sarmiento, sobre un lateral de la manzana colonial. Lo había colocado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en marzo de 2019.

La presencia de Villarruel fue repudiada ayer por organismos de derechos humanos jujeños en conferencia de prensa. Más tarde, en un comunicado reafirmaron posicionamientos. "Villarruel forma parte política e ideológicamente de un gobierno y una fuerza partidaria que reivindica el genocidio, niega y cuestiona a nuestros treinta mil compañeros, compañeras y compañeres detenidxs desaparecidxs", señalaron. Añadieron: "Se abraza con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, mientras desmantelan políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad", una pieza fundamental para la restitución de la identidad de  niños y niñas apropiadas ilegalmente durante la dictadura, que Javier Milei desarticuló por decreto.

Está previsto que esta tarde marcharán junto con organizaciones sociales, gremiales y sindicatos, y estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy desde la Vieja Estación de Trenes, donde concentrarán desde las 17. Con pañuelos blancos y banderas de protesta caminarán hasta la plaza Belgrano, el lugar donde se encuentra en Cabildo transformado en museo con restobar, salas de usos múltiples, plazas, patios y un archivo histórico que recién estará listo para la consulta pública en 2026.

"Una vez más el gobierno provincial intenta obstaculizar el acceso al derecho, a la memoria, a la verdad y a la justicia", dijo ayer en la conferencia de una prensa Eva Arroyo, referente de la agrupación HIJOS Jujuy. "Una vez más", insistió, "el gobierno provincial muestra que lo único que busca es lucrar hasta con nuestra historia invitando a negacionistas", en alusión a la presidenta del Senado nacional que, desde La Libertad Avanza nunca ocultó su posición respecto al rol del Ejército Argentino en el terrorismo estatal reciente.

El proyecto de remodelación fue gestado por Gerardo Morales, gobernador de Jujuy hasta el 10 de diciembre de 2023. Desde 2016, año en que arrancó la gestión de la transformación del Cabildo, los organismos mantuvieron su postura en favor del resguardo y señalización de los espacios clandestinos para la memoria futura. Lo hicieron saber en tres reuniones a la que asistieron convocados por la Secretaría de Derechos Humanos provincial. Sin embargo, la gestión de Morales se negó a incluir las ideas que acercaron los arquitectos que asesoraron a los organismos, mientras el gobierno buscaba fondos para la remodelación, que llegaron en 2019 desde el Consejo Federal de Inversiones.

Durante la ejecución del proyecto, en 2022 los organismos jujeños recibieron la novedad de que en un sótano del Comando Radioeléctrico había cajas con documentación. "Le solicitamos al juez federal (Esteban Eduardo Hansen) poder tener acceso a ellos para revisarlos y salvaguardar lo que fuese de interés para las causas que tenemos abiertas", contó a este diario Oscar Alfaro, de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Jujuy. El referente aseguró que, pese a la intervención del Juzgado Federal en mayo de ese año, no  pudieron acceder a la documentación oficial que la Policía de Jujuy guardó por décadas en los sótanos de espacio histórico.

"Todo el Cabildo funcionó como un centro clandestino de detención", destacó Alfaro. "Yo estuve ocho días en ese Comando Radioeléctrico", recordó refiriéndose al área de Inteligencia del Ejército. El Área 323 funcionaba "en una oficina detrás del Cabildo a la que se accedía por la calle Alvear", precisó. Ese lugar fue demolido en octubre de 2021 durante el segundo mandato de Morales, en el marco de un Plan Maestro Plurianual de Desarrollo y pese a estar protegido por leyes nacionales, como la 26.291.

Alfaro rememoró su permanencia en ese circuito de tortura. "Una vez que ingresábamos por el Comando, nos llevaban a distintas oficinas del Cabildo, porque ahí funcionaba la Central de Policía", detalló. "A mí me trasladaban regularmente desde el fondo", lugar del Comando, "hasta adelante", ya en el Cabildo, "para sentarme junto a otros detenidos. Debíamos delatar a quienes paseaban delante nuestro", recordó. "Todo el Cabildo fue un centro represivo", insistió Alfaro. Acerca de la presencia de Victoria Villarruel en Jujuy aseguró que "representa al anarco capitalismo neoliberal negacionista que nos gobierna actualmente".