La diputada provincial de Unión por la Patria Maite Alvado presentó, junto a su par Soledad Alonso, el proyecto de modificación del artículo 48 de la Ley N° 11653, que regula la actualización de los montos de las indemnizaciones por despido en la provincia de Buenos Aires. El mismo, que tuvo media sanción el 15 de mayo, lleva el número de expediente D199/24-25 y, tras ser dictaminado en la cámara alta, esta pronto pra ser tratado en el recinto.

Alvado tiene treinta y tres años de edad, es bahiense e ingresó a la cámara en representación de la sexta sección electoral. Es abogada especialista en Derecho de Estado y docente de Constitucionalismo Social en la Universidad de Buenos Aires. 

La legisladora responde a los cuestionamientos contra la norma provenientes principalmente de asociaciones empresarias afirmando que el coeficiente de actualización propuesto es exactamente el mismo que se encuentra vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace hace ya más de dos décadas.

La existencia de esa misma norma, además, sostiene Alvado, choca de frente con el argumento de la supuesta inconstitucionalidad, con que otra norma similar fue anulada por la Suprema Corte. A la vez, insiste en que "en ese mismo fallo, hay un voto en minoría que sostiene lo contrario", porque "ante el vacío existente, los legisladores tenemos la obligación de proteger" y los jueces "tampoco tienen la facultad de fallar sobre la aplicación de una ley que no está escrita".

--¿Qué cambiaría partir de la sanción de esta ley en materia de indemnizaciones por despido?

--Es sencillo. La Constitución dice que cuando el trabajador es despedido, tiene derecho a percibir una indemnización. A veces eso ocurre inmediatamente y a veces el trabajador se ve obligado a iniciar acciones legales. En este último caso, un juicio laboral por despido puede demorar no menos de cinco y hasta siete años. Tal como estaba redactado el artículo 48 de la Ley N° 11653, el tiempo y la inflación licuaban ese monto, generando un perjuicio al trabajador, porque se aplica la tasa pasiva, mucho menor que la activa. En la ciudad de Buenos Aires se aplica la tasa activa, que resguarda mucho mejor el poder adquisitivo de la indemnización.

--¿El proyecto iguala la situación en las dos jurisdicciones, provincia y ciudad?

--Es importante señalar esto. La medida no busca perjudicar ni dañar especialmente a nadie. Por el contrario, busca evitar un perjuicio a los trabajadores bonaerenses, de la misma manera que ocurre con los trabajadores porteños desde 2002. En la ciudad se aplica el CER (coeficiente de estabilización de referencia) más el 6 por ciento. Los empleadores lo pagan, las empresas no quiebran por esto, no hay ningún conflicto en torno al tema. Es más, hasta hubo una actualización más favorable para los trabajadores en 2014.

--La norma de la ciudad es justo a la salida de la convertibilidad, un momento altamente conflictivo…

--En Provincia, se sancionó una norma en ese sentido en 2012, redactada por el GEN, pero la Suprema Corte la declaró inconstitucional. 

--¿Con qué motivo?

--El argumento entonces fue que se trataba de un tema nacional, pero la Ciudad no lo había entendido así. Nosotros observamos el vacío legal e intentamos subsanarlo. Sin embargo, a pesar de ese antecedente, en esta ocasión tanto el GEN como la Unión Civica Radical se abstuvieron.

--Esta coyuntura también es dramática para el empleo...

--Es cierto, la recesión, los despidos, ya están acá, son una realidad lamentablemente. La norma apunta a reparar mínimamente una situación que se presenta como crítica, pero la necesidad viene de mucho más atrás, no se origina en esta coyuntura sino en la necesidad de igualar derechos, de reparar una desigualdad histórica.

--¿Cómo fue el proceso de construcción del consenso en torno a la modificación?

--En realidad, este proyecto lo presentamos originalmente junto con la diputada Soledad Alonso (N de la R: oriunda de Campana, representante de la primera sección electoral) en el año 2021, pero no se llegó a tratar y lamentablemente perdió estado parlamentario. Decidimos reingresarlo este año, fue girado a las comisiones de Trabajo, Legislación General y Asuntos Constitucionales y finalmente fue tratado en el recinto a mediados del mes de mayo y obtuvo media sanción. Ahora, en el Senado, ya tiene dictamen favorable, así que esperamos que se sancione, para terminar con una inequidad que lleva ya veintidós años.

--¿Los que se opusieron qué argumento utilizaron? ¿La supuesta "industria del juicio"?

--Lo llamativo es que en la Ciudad nadie habla de "industria del juicio". Y este proyecto simplemente iguala las dos situaciones. Contrariamente a lo que pretenden instalar, las Pymes no quiebran por pagar indemnizaciones, quiebran por las políticas económicas, financieras y tarifarias de un gobierno.

--¿Qué papel jugó el movimiento obrero? 

--El proyecto refleja un reclamo y una necesidad de los trabajadores, expresado por distintos gremios. De hecho, hubo una larga serie de reuniones, discusiones y presentaciones conjuntas con el movimiento obrero. Participaron el SATSAID (Televisión), el SMATA (Automotriz), la UOM (Metalúrgicos), fideeros, entre otros sindicatos. Los trabajadores organizados fueron un actor protagónico de todo este proceso y su apoyo fue fundamental. Y eso quedó plasmado en los comunicados de apoyo que emitieron las veintipico de regionales que tiene la CGT en la provincia. Por su intermedio, también tuvimos diálogo e intercambio con asociaciones de abogados laboralistas y jueces del fuero. También tuvimos un gran apoyo por parte del ministro Walter Correa.

--¿Y las cámaras y asociaciones empresarias?

--No hubo reuniones presenciales previas porque, insisto, acá no hay una innovación, hay una modificación tendiente a igualar derechos. Esta norma aborda una inequidad en un contexto de inequidades múltiples que sufre la provincia de Buenos Aires y sufrimos los bonaerenses. La más importante de ellas tiene que ver con la coparticipación, con el desbalance entre lo que Buenos Aires aporta al PBI y lo que recibe.