El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta condenó a penas de 11 y 13 años de prisión a cuatro hombres acusados por un secuestro extorsivo de un hombre que cumplía prisión domiciliaria por una condena por narcotráfico cuando fue capturado, torturado y liberado en un operativo policial sin que se pagara el dinero o las drogas que exigían por su rescate.
Los jueces Federico Santiago Díaz y Marcelo Juárez Almaraz y la jueza Marta Liliana Snopek le impusieron 13 años de prisión a Carlos Gustavo Lozano Tolaba y a Daniel Cáceres Llanos, como coautores del secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes que tuvo como víctima a Héctor Ismael Herrera.
Por la misma calificación legal, también condenaron, pero a 11 años de cárcel, a Cristian Adán Martínez y Emanuel Yamil Arjona.
La fiscalía, representada en este juicio por el fiscal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, había pedido 14 años de prisión para los dos primeros y 10 para los segundos.
Por su parte, la querella había solicitado penas más altas, 15 años de cárcel para Lozano Tolaba y Llanos y de 13 para Martínez y Arjona, mientras que las defensas alegaron por el mínimo de la pena, de 10 años de prisión.
Con esta imposición de penas, ya son siete los condenados por este secuestro, ya que el 7 de agosto pasado fueron condenados otras tres personas, en el marco de un acuerdo pleno homologado en el juicio por este mismo tribunal.
En aquella audiencia, Roy Carlos Choque Aguirre recibió una pena de 11 años de prisión, mientras que Horacio Eric Chauqui y Micaela del Valle Riquelme fueron condenados a 10 años, también en calidad de coautores del mismo secuestro extorsivo.
Mientras que quedó pendiente de resolución la situación de un octavo incluido en el acuerdo pleno, Jaime Alberto Prudencio Ruiz, pues el tribunal rechazó homologar la pena acordada en su caso, en función de una discrepancia planteada por la querella respecto a la calificación legal.
La fiscalía propuso para Ruiz una pena de 6 años como partícipe secundario, mientras que la querella, en representación de la víctima, consideró que su rol fue necesario, lo que fue convalidado por el tribunal. En vista de ello, la defensa de Ruiz interpuso una impugnación, que debe ser resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.
En el momento del análisis de las penas, la auxiliar fiscal Aráoz Vallejo resaltó la violencia utilizada en el secuestro, dado que Herrera fue golpeado y torturado y soportó amenazas de muerte hacia sus familiares, en particular de uno de sus hijos, menor de edad. También destacó el "profesionalismo" de los acusados y la logística con la que se planeó el secuestro, en el que se usaron armas de fuego de grueso calibre y hasta alquilaron una casa para el cautiverio.
Dinero o drogas, como pago
Herrera fue secuestrado el 3 de agosto de 2023 de su casa en el barrio Policial, y mantenido cautivo hasta el día siguiente en otra vivienda, en el barrio Santa Rita II de la ciudad de Salta.
La víctima cumplía una pena de 4 años y 6 meses de prisión en la modalidad de arresto domiciliario por un hecho de narcotráfico. Fue secuestrado para que un tío suyo entregara una suma de dinero o devolviera un cargamento de drogas.
Según la investigación, Choque Aguirre, que dirigió al grupo que llevó a cabo el secuestro, ingresó al país un día antes del hecho, procedente de Bolivia, junto a Lozano Tolaba, Llanos y un cuarto integrante, contra quien se dictó un pedido de captura nacional e internacional.
La hipótesis fiscal sostiene que ya en territorio nacional, Choque Aguirre reclutó a Martínez, Chauqui, Arjona, Ruiz y Riquelme, quienes constituyeron la “pata local” de una organización criminal de carácter trasnacional y fuertemente vinculada al narcotráfico, tanto por sus integrantes como por el móvil del secuestro.
Herrera fue secuestrado en momentos en que compartía un asado con amigos en su casa. Los secuestradores iban encapuchados, con armas y se presentaron como policías, pero no estaban uniformados.
El secuestrado fue trasladado a la vivienda del barrio Santa Rita II, donde le cubrieron la cabeza, la maniataron y comenzaron a golpearlo, a torturarlo y a exigirle a su familia que su tío entregara el dinero y la droga que presuntamente les debía.
La banda le envió por WhatsApp un video a la familia de Herrera en el que se lo veía golpeado y el momento en que uno de los captores, con una pinza, le arrancaba la uña del dedo meñique de la mano derecha.
Pese a las advertencias para que no se avise a la policía, los parientes llamaron al 911 y, a partir de ahí, luego de una intervención inicial de la policía y la fiscalía provincial, el área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal federal Salta siguió con la investigación para rescatar a Herrera.
Una vigilancia en la casa de Herrera detectó la presencia de Choque Aguirre, que había ido a insistir con el pago del dinero o la droga, o para que le informaran el domicilio donde se escondía el tío. Choque Aguirre fue detenido ahí mismo. Después, con la ayuda de un imputado colaborador, se ubicó la vivienda donde estaba el secuestrado. La policía provincial irrumpió en la casa, redujo al resto de los acusados y Herrera fue hallado debajo de una cama, con gravísimas lesiones.
En la audiencia, realizada anteayer, el tribunal compartió los argumentos de la fiscalía y la querella. Ambas partes acusadoras coincidieron en que los imputados integraron una “célula trasnacional” que se conformó con el único fin de concretar el secuestro.
Si bien se llegó a siete condenas mediante una salida alternativa de resolución de conflicto, en parte con un acuerdo pleno y otro parcial, el fiscal Toranzos sostuvo que la aplicación de estas herramientas procesales se debieron en gran parte a la contundencia probatoria alcanzada durante la investigación.
En su fallo el tribunal sostuvo que las penas impuestas reflejan una preocupación por el avance del narcotráfico. Los jueces y la jueza sostuvieron que este tipo de delito es uno de los más graves contenidos en el Código Penal y, en el caso de Salta, no es el primero vinculado al narcotráfico, por lo que las condenas encierran también un “mensaje preventivo”.
