La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó la prisión preventiva del ex ministro Julio De Vido en la causa por presuntas irregularidades en la importación de gas natural licuado. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero fundamentaron el rechazo al pedido de excarcelación en la “multiplicidad de causas con expectativas de pena” en las que está imputado y, a la vez, avalaron la teoría de que ex funcionarios podrían intentar eludir el accionar de la Justicia o entorpecer una investigación gracias al poder residual que todavía usufructuarían. La defensa de De Vido calificó la decisión como “un atropello judicial injustificado” y recordó que en ninguna otra causa –incluido el caso de la tragedia de Once, en etapa de juicio oral– se consideró que existieran riesgos procesales. “La multiplicidad de procesos en trámite no puede resultar una causal de privación de la libertad” porque en tal caso “generar un estadio ilusorio de multiplicidad de procesos sería tan fácil como radicar una denuncia diaria en contra de la persona que busca encarcelarse”, explicaron los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.
De Vido fue detenido el 25 de octubre, cuando se presentó en Comodoro Py y frustró el show de gendarmes camuflados montado por el Ministerio de Seguridad frente a su departamento. Las órdenes de detención las dictaron los jueces Claudio Bonadio y Luis Rodríguez, que primero había rechazado el pedido de prisión preventiva en una causa por la que ni siquiera lo había indagado. Cambió de opinión tras la apelación del fiscal Carlos Stornelli –íntimo del presidente Mauricio Macri– y la rápida intervención del camarista Martín Irurzun –operador del Gobierno y del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti–, argumentando que el ex ministro tiene poder para obstaculizar la investigación. La resolución de ayer implica que las dos salas de la Cámara cerraron filas a favor de la prisión preventiva, con el mismo criterio: el supuesto poder que conservan ex funcionarios.
El camarista Bruglia valoró especialmente “la multiplicidad de causas con expectativas de penas que, en caso de recaer condena unificada, no podrían dar lugar a la aplicación de una ejecución condicional”. La “excepcional situación judicial” derivada de infinitas denuncias “implica lógicamente un aumento del riesgo procesal de fuga, sin descartar también un eventual entorpecimiento del proceso y de la prueba a producir”. Sostuvo que De Vido “poseería medios económicos suficientes y contactos personales forjados a lo largo de su extensa función pública que posiblemente le facilitarían el intento de eludir este accionar de la Justicia”. “Circunstancias objetivas como las mencionadas” hacen presumir “que podrían llegar a concretarse dichos riesgos procesales”, concluyó su voto, al que adhirió Ballestero.
“Los señores jueces deciden, como el timming político lo ordena, mantener la arbitraria detención” de De Vido, retrucaron sus defensores. Consideraron paradójico que Bruglia y Ballestero argumentaran “en base a la existencia de distintos procesos cuyo trámite desconocen y en los cuales nunca se determinó existencia alguna de riesgos procesales”. “La plena colaboración del diputado (De Vido) se demuestra desde el inicio de la persecución judicial utilizada como herramienta de disputa política”, señalaron. Rusconi y Palmeiro alertaron que “la violación sistemática de los derechos de los ciudadanos que se produce en el ámbito de la Justicia no deparará otra consecuencia que una profunda lesión al sistema de garantías que debe regir un Estado de Derecho”.
