Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela considerara como válidos los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como vencedor al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, Cancillería argentina emitió un comunicado en conjunto con otros 10 países para anunciar el rechazo de forma "categórica" esa decisión.
"Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral", afirma el comunicado que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto nacional en sus redes sociales.
En ese sentido, el documento ratificó su desconfianza en el CNE, "luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas".
"La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como el TSJ", apuntaron, y añadieron: "Los países que suscriben, reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela".
Asimismo, aclararon que "al igual que el resto de la comunidad democrática internacional", continuarán "insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente".
Y concluyeron: "En igual sentido, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia".
La palabra del Tribunal Supremo de Venezuela
La Corte Suprema de Venezuela convalidó este jueves la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales 2024. De esta manera, el actual mandatario quedó habilitado por el máximo tribunal de su país a iniciar un tercer mandato de seis años, a pesar de las denuncias de fraude planteadas por la oposición.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que "certifica de forma inobjetable el material electoral peritado" y convalidó los resultados de la elección presidencial del 28 de julio pasado. En los aquellos comicios, Nicolás Maduro resultó electo como presidente de la Venezuela para el período 2025-2031 con el 52% de los votos.
En el informe técnico citado por la magistrada se expuso que "los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación" y "mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización".
La reacción de la oposición venezolana
El excandidato a presidente de la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, rechazó en sus redes sociales el fallo del TSJ. "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad", escribió el dirigente opositor.
Un día antes de que se conozca la sentencia del máximo tribunal venezolano, la líder opositora María Corina Machado ya había manifestado su postura respecto al inminente veredicto. En una carta pública, había adelantado que consideraría "ineficaz y nula" una eventual sentencia que "pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer".
