La reforma de la Ley de Defensa a la Competencia que impulsa la Casa Rosada obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados. “Esta ley es imprescindible para la Argentina que estamos construyendo”, enfatizó el legislador oficialista, Mario Negri, al referirse a la iniciativa que el Poder Ejecutivo pretende aprobar antes que termine el año. El texto dispone la creación de una Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), establece nuevos lineamientos para las multas a las empresas, actualiza los montos a partir de los cuales se tienen que notificar adquisiciones y fusiones e incorpora un programa de clemencia para arrepentidos que hayan participado en prácticas restrictivas de la competencia y estén dispuestos a denunciarlas. El proyecto impulsado por los representantes de Cambiemos contó con el respaldo del bloque Justicialista mientras que el resto de las fuerzas, Frente para la Victoria, FIT y Frente Renovador, rechazaron la propuesta y presentaron sus propias iniciativas.

El proyecto de ley crea la ANC como organismo descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo. Bajo su órbita funcionarán un Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), una secretaría de Instrucción de Conductas y otra de Concentraciones Económicas. El TDC estará integrado por cinco miembros de los cuales dos por lo menos serán abogados y otros dos deberán tener título de grado o superior en ciencias económicas. 

La iniciativa establece que una operación de concentración económica deberá ser notificada cuando el “volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas” supere los 2250 millones de pesos (el valor vigente es de 200 millones) o cuando el valor de la empresa adquirida sea mayor a los 300 millones de pesos (en la actualidad ese monto es de apenas 20 millones de pesos). Los montos se calculan a partir de una unidad de cuenta denominada “Unidad Móvil” cuyo valor inicial de 15 pesos será actualizado todos los años utilizando la variación del IPC. En lo que refiere a las multas, el texto establece que quienes realicen acuerdos para limitar la competencia o abusen de su posición dominante en el mercado serán sancionados con una multa “de hasta el 30 por ciento del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en el acto ilícito cometido, durante el último ejercicio económico, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto, monto que no podrá exceder el 30 por ciento del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores”.

Durante el plenario de comisiones realizado ayer, la oposición reiteró sus cuestionamientos a la iniciativa oficial. “Hay una enorme hipocresía en este proyecto de ley porque si hay algo que ha hecho este Gobierno es beneficiar a los monopolios”, lanzó Pablo López (FIT) al remarcar que “es para esos monopolios que este gobierno está preparando una reforma laboral”. Desde Cambiemos ponderan la inclusión de la figura del “arrepentido” para estimular las denuncias empresarias de prácticas monopólicas. Quienes se acojan al Programa de Clemencia podrán verse beneficiados con la exención o disminución de las multas previstas. El diputado Juan Cabandié del FpV criticó la iniciativa que calificó de “disparatada”. La propuesta del Poder Ejecutivo junto con el desmantelamiento de las herramientas creadas en 2014 por el Gobierno anterior para proteger a los consumidores limita la capacidad de control, regulación e intervención del Estado frente a los abusos de las empresas. “Estamos ante el momento de moda de los arrepentidos”, consideró el legislador. El Frente Renovador tampoco firmó el despacho oficialista y presentó su propio dictamen que incluye a la “ley de góndolas” impulsada por ese espacio.