En el marco del pedido de excarcelación de Julio César Grassi, el diputado nacional cordobés por Encuentro Federal Juan Fernando Brügge impulsa un proyecto de ley que propone la creación de un registro de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. El proyecto está inspirado en una normativa que ya funciona en la provincia de Córdoba y que se utiliza en otros países como en Estados Unidos.
"A nivel mundial está comprobado, por el trabajo en Alemania de un organismo especializado en el tema de delitos contra la integridad sexual, que hay alto grado de reincidencia, un 65% a lo largo de 5 años, según establecen los datos", explicó Brügge, en diálogo con la 750.
Durante su período como legislador provincial, entre 2007 y 2011, el diputado cordobés empezó a trabajar en esta iniciativa para el plano local y ahora impulsa un proyecto similar a nivel nacional.
El texto establece la obligatoriedad, para toda persona en libertad que fue condenada con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, a fijar un domicilio y ratificarlo cada 30 días ante el Tribunal que dictó la sentencia o el Juzgado de Ejecución Penal respectivo, o ante el Tribunal de la jurisdicción del domicilio que hubiera fijado como residencia habitual. "No es para estigmatizar, sino para que haya control", explicó Brügge en Branca de Vuelta. De no cumplirse con la cita pautada, se establece una pena de 2 a 5 años de prisión, agregó.
Dice el proyecto: "Esta pena accesoria permite, por un lado, poder identificar con rapidez el lugar en donde residen estas personas, ante la posible comición de un delito de estas características en la zona, y por el otro lado, contribuye al autocontrol de los mismos frente a la posibilidad de una reincidencia".
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