La defensa pública penal presentó un habeas corpus colectivo en relación a personas "demoradas" por averiguación de antecedentes, tras relevar casos de ciudadanos vulnerables y trabajadores informales. "Nos encontramos que un 30 por ciento de las personas que eran llevadas a las comisarías para averiguación de antecedentes estaban en situación de calle. Ninguna de estas personas tenía pedido de captura y recuperaron la libertad. Este tipo de situaciones también se dio con trabajadores informales que pierden su jornada laboral por tener que ir a la comisaría", indicó Martín Riccardi, defensor regional, en LT8. 

El martes pasado se conoció que un juez provincial no hizo lugar a la presentación del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en relación al caso de un hombre que en el último mes y medio fue demorado y trasladado en cinco oportunidades a dependencia policial "por negarse a ser identificado", indicaron desde la provincia. 

El parte agregaba que "esto se da en el marco de las nuevas facultades adquiridas por el personal de la Policía de Santa Fe para incrementar las identificaciones de personas que circulen por la vía pública -que se resisten a ser identificadas en algunos casos-, con el objetivo de reducir los índices de delitos predatorios tales como robos, hurtos y arrebatos. A partir de las reformas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro en el Código Procesal Penal y, sancionadas en diciembre pasado, el artículo 10 bis de la modificada Ley 14.258 establece que “podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad, cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, o por resistencia a ser identificado en la vía pública”. Y además especifica que “la demora no podrá exceder las seis horas corridas”.

Tras conocerse la decisión judicial, Riccardi indicó en el programa Trascendental que se trató de una persona que "se encuentra en situación de calle". Y agregó: "Nos encontramos, a través de un relevamiento que estaba haciendo la Defensa Pública, que un grueso número, alrededor de un 30 por ciento, de personas que estaban siendo llevadas a las comisarías para averiguar antecedentes, eran personas en situación de calle". Y remarcó: "Recuperaron su libertad porque ninguna tenía una captura o causa".

La primera presentación fue individual, por el caso mencionado, ya que "ese grado de vulnerabilidad ameritaba que iba a ser detenido permanentemente", dijo el defensor.  "Consideramos que era abusiva y discriminatoria la demora, y el juez lo rechazó en el sentido que es una práctica policial facultada", señaló. 

Tras ello, se realizó una presentación colectiva por "el grupo de personas que son llevadas a comisarías, que están en grado de vulnerabilidad extrema, en situación de calle, sin techo, muchas sin el DNI", dijo Riccardi. En ese sentido, sostuvo que el habeas corpus colectivo apunta además a que lo sucedido es "una violación a la ley nacional de personas en situación de calle y familias sin techo. Al ver esto como práctica casi sistemática, por personas demoradas en varias oportunidades, pedimos que se revise", planteó.

La lista con la que cuenta la Defensoría alcanza a las 86 personas sin techo que fueron demoradas en 21 días. 

Además, Riccardi indicó que no se trata solo de personas en situación de calle, "sino también de trabajadores informales que por no tener el DNI los llevaron a las comisarías, cuatro, cinco, seis horas, que es el límite legal, hasta constatar que no tienen causa en trámite"; que "en algunos casos fueron los patrones para decir que estas personas trabajan con ellos, o hay familiares que tienen que llevarles los DNI. Eso genera una demora y hay personas que manifestaron que han perdido su jornada laboral".