La fiscalía federal pidió que los represores Ernesto Alejandro Repossi y Joaquín Guil sean condenados a prisión perpetua en calidad de caoutores mediatos del secuestro y el homicidio del médico y militante peronista Pedro Enrique Urueña, un hecho que calificaron como comprendido en el plan sistemático de eliminación de personas llevado a cabo por el terrorismo estatal en la década del 70. 

Pedro Enrique Urueña, un médico muy reconocido en el norte por su acción social y su militancia política, fue secuestrado la madrugada del 16 de diciembre de 1975 de su vivienda en la ciudad de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta. Un grupo de tareas integrado por cinco hombres que portaban armas largas, de civil, pero que dijeron ser de la Policía de Salta, revolvieron todo en la casa y lo llevaron en un Ford Falcon. "A donde va él, vos no podés ir", le dijeron a su mujer, Nicolasa del Valle Tristán, cuando intentó saber el destino de su marido. Su cuerpo, despedazado por un explosivo, fue encontrado al día siguiente por dos campeadores, en el camino a Balbuena, una zona rural distante 8 kilómetros del pueblo de General Mosconi. 

"Fue arracando de su casa y fue explotado. No hay palabras para describir tamaño horror", dijo el fiscal Carlos Amad antes de pedir al Tribunal Oral en lo Federal 1 de salta, que condene a ambos acusados. Ya se probó que el grupo de tareas que secuestro a Urueña estaba integrado por policías y miembros del Ejército. Ya en 2013 el general retirado Héctor Ríos Ereñú, que fue jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 con sede en Tartagal, fue condenado por el crimen de Urueña.

Para cuando el médico fue secuestrado y asesinado, Repossi era el segundo jefe del RIMTE28, y Guil, una figura emblemática de la represión estatal ilegal en la provincia, era el director de Seguridad de la Policía salteña y como tal, en su despacho concentraba toda la información que tuviera que ver con la denominada "lucha antisubversiva". 

Amad recordó que en Salta las bandas represivas amparadas en el Estado comenzaron a operar abiertamente antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De hecho, el homicidio de Urueña se cometió en un contexto provincial de violencia generalizada, con las instituciones de la provincia intervenidas ya desde el 24 de noviembre de 1974 y con las fuerzas de seguridad  bajo el control operacional del Ejército. Además, hasta el extremo norte del país se extendía el influjo del Operativo Independencia que se llevaba a cabo en Tucumán. Los territorios de Salta, y Jujuy, estaban en la mira de ese operativo, porque por sus fronteras internacionales y su cercanía con Tucumán, eran consideradas la retaguardia de las guerrillas. 

En la primera parte del alegato de la acusación, el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila presentó el caso en tres escenarios: el secuestro, el hallazgo del cuerpo y la aparición de una proclama del Comando Libertadores de América que se atribuía el atentado. De esta manera exhibió las irregularidades cometidas por la Policía para asegurarse la impunidad de los autores. 

Entre otras acciones, se destaca el hecho de que una vez informado oficialmente el hallazgo de restos humanos en el camino a Balbuena, una comitiva policial fue hasta el lugar, con el médico forense incluido, y enterró los restos en una fosa que evidentemente habían cavado sus asesinos. No hubo ni un mínimo intento por determinar de quién eran esos restos, ni se tomaron otras medidas de investigación, aunque abrieron el sumario policial 117/75, en la Comisaría de Mosconi. 

Es más, quedó claro, que más bien actuaron para encubrir el crimen. Tras el secuestro, el mismo 16 de diciembre, Nicolasa Tristán denunció el hecho en la Comisaría de Tartagal. Volvió para hacer la denuncia formal el 20 de diciembre de 1975. Para entonces ya la policía sabía del hallazgo de restos en Balbuena. Nada le dijeron. Solo iniciaron un sumario policial, el 575/75. 

En esos días Tristán recibía llamadas recurrentes en su casa, hasta que el 26 de diciembre un automóvil pasó lentamente por el frente de su casa. Sus ocupantes miraban en esa dirección. Enseguida sonó el teléfono: una voz le dijo que en la esquina había una carta donde le informaban el destino de su marido. Era en realidad una caja de zapatos que contenía restos óseos y la proclama del Comando. 

La hermana de Tristán, Clara Tristán, corrió a la Comisaría, a la vuelta de la casa, a denunciar la novedad. La sorprendida fue ella: cuando salía de la Comisaría vio estacionado el auto que había pasado frente a su casa. En él iban cuatro hombres, uno se bajó, resultó ser el teniente primero Luis Arnaldo Bruno. Estaba furibundo porque ya se había enterado que la Gendarmería Nacional había sido anoticiada de la caja de zapatos y estaba actuando en ese momento en el lugar. Clara alcanzó a decir que esos eran los hombres sospechosos de haber dejado la caja, Bruno buscó una excusa pueril: había ido a comer en lo de unos vecinos de los Urueña. Clara supo que mentía porque esa familia hacía años no vivía ahí. 

Para la fiscalía, está claro que Bruno (f) participó del secuestro de Urueña y luego actuó para que no se esclareciera. Además, de que el hecho fue ordenado por el RIMTE28, es decir, por Ríos Ereñú, y Repossi. "No quedan dudas de quien estaba a cargo", aseguró el fiscal Sivila, que también le atribuyó a Repossi haber ordenado que se deje una zona liberada para llevar a cabo este hecho. La ejecución estuvo a cargo de la Policía de la provincia, que también participó del secuestro.

Guil supo de todo esto, sostuvo Sivila, y lo prueba el radiograma del 16 de diciembre de 1975 enviado a la Inspección de Zona IV de la Policía informando del hallazgo de los restos. Sin embargo, ni el Ejército ni la Policía informaron de estas novedades al juez federal Ricardo Lona (condenado por crímenes de lesa humanidad), que recién recibió el sumario el 29 de diciembre de 1975. El juez lo devolvió: "La comunicación es totalmente tardía", reciminó.