Dos semanas atrás, el 14 de agosto, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson (foto), clausuró los ejercicios tácticos conjuntos PANAMAX 24, llevados a cabo en Texas, Alabama, Arizona, Florida y Virginia. En el discurso final brindado en la Base Conjunta de San Antonio, la generala estadounidense volvió a referirse a los graves peligros que supone la presencia de la República Popular China y la Federación Rusa en la región, pese a que las únicas experiencias de golpes e invasiones militares sufridas fueron planificadas, impulsadas, avaladas o promovidas desde Washington.
Los ejercicios conjuntos incluyeron la participación de veinte países, convocados –según Paul Keith Warman, oficial del Pentágono– para enfrentar “las amenazas comunes y persistentes a las que se enfrenta el hemisferio occidental”. Las hipótesis de conflicto asumidas por el PANAMAX 24 se ligaron a potenciales enfrentamientos contra las “fuerzas militares de países antidemocráticos”. Una de las dimensiones de los ejercicios detallada en el informe final incluyó la interacción y complementariedad entre “grupos operativos para la intervención cibernética y psicológica”. Argentina envió a trece oficiales y un suboficial que interactuaron con militares de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, entre otros.
En el proyecto de presupuesto destinado a financiar al Pentágono durante el año 2025 –presentado el último 8 de julio en el Senado–, se incluye un significativo incremento de las partidas para el Comando Sur y especialmente para la Dirección de Apoyo Técnico de la Guerra Irregular (páginas 47, 66, 106 y 268). Además, los legisladores solicitaron, en el marco de dicha presentación, la generación de un plan pormenorizado y específico por parte del Secretario de Defensa, sobre las políticas y doctrinas que aplicará el Pentágono en relación con las “operaciones subterráneas”, (Página 228).
Washington ha sufrido rotundos fracasos militares en las operaciones armadas y las invasiones llevadas a cabo en el último medio siglo. Los casos de Vietnam, Afganistán, Libia y Siria son algunos de ellos. A partir de los mismos, se ha generado una nueva doctrina castrense que combina acciones complementarias (conocidas como proxy) de bloqueos económicos, sanciones unilaterales, operaciones cognitivas y combates subsidiarios: “Algunos esperan soluciones de los Estados Unidos, pero la responsabilidad recae en los países de la región”, sugirió el analista Luis Fleischman, entrevistado por el portal del Comando Sur. En esa afirmación se sintetiza una parte relevante del objetivo central del Comando Sur para la región. El desafío consiste en impulsar guerras regionales (proxy) contra quienes defienden valores soberanos, con el propósito de desmembrar los vínculos de estos países con los BRICS+. En forma concomitante, fracturar o debilitar la configuración de un nuevo orden internacional autónomo del globalismo financiarista afín al injerencismo comandado por OTAN, el G7 y el FMI. Para lograr tal cometido aparece como prioritaria la demonización de Beijín, que ha superado el Producto Bruto Industrial de los Estados Unidos.
Según la analista del Comando sur, Julieta Pelcastre, Xi Jinping es el responsable de socavar las democracias en Latinoamérica. Con ese cometido, Beijín protege a sus aliados como Cuba, Nicaragua y Venezuela, de presiones y sanciones internacionales. Según los informes difundidos por el portal del Comando liderado por Laura Richardson, “China busca transformar la información de la región para favorecer su cosmovisión y, en última instancia, socavar los principios democráticos.” Para la jefa del Comando Sur, los servidores informáticos del lejano Oriente cumplen con el designio de liderar la vigilancia masiva y la censura de contenidos.
El 25 de marzo de 2024, un día después de recordarse el golpe militar genocida de 1976, el gobierno argentino firmó un memorándum de Entendimiento con el Departamento de Estado con el que se acordó el asesoramiento de las diferentes áreas de la ciberseguridad militar. En eses marco, el Departamento de Estado nombró a Gustavo Víctor Santiago, quien se encargará de "relevar el estado de situación que permita definir el punto de partida para la propuesta a elaborar", luego de mantener reuniones con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de la Ciberdefensa, las direcciones generales de Comunicaciones, Informática, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, la Fábrica Argentina de Aviones y Fabricaciones Militares.
La entrega colonial de la Patria, al servicio de los intereses extranjeros –tal como lo soñaron Bernardino Rivadavia y José Alfredo Martínez de Hoz–, durará el lapso histórico que esta anomalía cipaya sea perciba como soportable.