La decisión de expulsar del bloque a la libertaria mendocina Lourdes Arrieta parece no tener retorno. Salvo que ocurra como en las películas norteamericanas, cuando el gobernador llama para suspender la sentencia de muerte al condenado, el próximo martes el bloque de La Libertad Avanza (LLA) confirmará la decisión de apartarla. La única que la puede salvar es "el jefe" Karina Milei. Pero nada indica que pueda tener chances de seguir dentro de la estructura libertaria. Más que los gritos, lo que no le perdonan a la diputada mendocina es haber ventilado el entramado que llevó a media docena de legisladores de la LLA a visitar a genocidas condenados y presos en el penal de Ezeiza.
Después de que se instalara la versión de que el martes sería expulsada de la bancada, Arrieta hizo un descargo en su red X y se quejó porque nadie le dijo "a los ojos" que querían echarla. “Como liberal, tengo todo el derecho (de) indagar y tener un pensamiento crítico”, comenzó la diputada que dijo que no sabía quién era Alfredo Astiz porque nació en 1993. “Lamento que algunos quieran violentar la voluntad popular del 43 por ciento de los mendocinos al votarme como parte de La Libertad Avanza”, continuó.
Arrieta aprovechó que Javier Milei salió el viernes a decir que había que investigar la visita y que ese tema no estaba en su agenda. “Me encuentro habilitada a referirme públicamente que no es la agenda del presidente la reivindicación de los condenados por lesa humanidad. Mi denuncia en la justicia federal de Lomas de Zamora ha sido en busca de quiénes organizaron y con qué intenciones”, agregó.
Arrieta presentó una denuncia en el juzgado de Ernesto Kreplak. Allí expuso que había un grupo que se reunía alrededor del cura Javier Olivera Ravasi. En ese grupo participaban diputados de LLA, abogados de genocidas y un ex juez.
“Yo no denuncié a mis compañeros de bloque”, se atajó Arrieta, aunque sí pidió que se investigue a Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra. En su denuncia también incorporó a Sharif Menem, mano derecha de Martín Menem en la Cámara de Diputados. La mendocina añadió: “Por mi presentación, se ha puesto el foco en mi persona y no en quienes deben dar las explicaciones sea por su rol jerárquico o por la organización del viaje cuestionado. Todo lo contrario: se cuestionó a una mujer que pide transparencia”.
La diputada también escribió que su denuncia no había sido desestimada, sino que el fiscal decidió investigar una parte del entramado: la que está relacionado con las irregularidades del Servicio Penitenciario. “Voy a insistir en la búsqueda de la verdad completa”, prometió Arrieta. “Me destrataron, me humillaron, conspiraron contra mí desde mi mismo espacio, pero estoy firme en mis convicciones. No traicionaré al electorado”, concluyó.
La suerte de Arrieta se terminó de definir la semana que pasó. El martes, la diputada pidió en la comisión de Peticiones que se investigue a Martín Menem por haber facilitado la combi para que seis diputados fueran hasta la cárcel de Ezeiza. Al día siguiente, protagonizó un escándalo en la reunión de bloque. Terminó a los gritos mientras Menem llamaba a seguridad. Ella acusó a su compañero de bancada, Nicolás Mayoraz, por violencia de género.
En la Justicia no le fue mejor. El fiscal Sergio Mola le pidió al juez federal Kreplak que desestimara la denuncia de Arrieta en duros términos. En primer lugar, consideró que la diputada hizo "una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido". Dijo, además, que recurrió a la justicia para despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista. “So pretexto de una extravagante posible comisión de delitos, pretende inmiscuir a la Justicia en un ámbito en el que no le corresponde ingresar, que es el de la discusión política intrapartidaria”, escribió .
Para el fiscal, Arrieta no puede alegar ignorancia de qué se estaba gestando antes del 11 de julio porque participaba en grupos de WhatsApp en los que “surge con absoluta claridad, sin que exista lugar a dudas, que se iba a realizar visitas a detenidos por crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar”. Según Mola, los motivos del grupo y sus intereses eran explícitos y la diputada no podría afirmar que fue manipulada para subirse a la combi de la Cámara de Diputados.
La decisión de Mola hace que respiren más tranquilos los integrantes del grupo de amigos de los represores y pone más presión en el Congreso, si efectivamente quiere investigar a quienes conspiran contra las causas por crímenes contra la humanidad --como reclaman los organismos de derechos humanos.
En los últimos días hubo voces del oficialismo que salieron a reclamar que se investigue al club de amigos de los represores. Milei pidió que se indague en la figura del cura Javier Olivera Ravasi, que lo criticaba por Youtube, mientras Lilia Lemoine le apuntó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por su agenda secreta.