“La clase baja se desmorona”, dice Hernán Améndola. “Se les está dejando el lugar a que los narcos manejen la pobreza”, afirma Gladys Madeddu. Ambos, uno en La Plata y la otra en Lomas de Zamora, están al frente de hogares que albergan chicos y chicas en situación de calle. Entre todas las dificultades, narran un nuevo estadio de desamparo para los jóvenes que transitan sus instituciones: a los 18 años deben partir y valerse por sí mismos. Ante ese escenario, el proyecto de ley de Susana González para que los adoptados a los 18 puedan tener un empleo asoma para dar una primera solución.

Améndola dirige el Hogar Ángel Azul en la ciudad de las diagonales. Madeddu, el Hogar Torcacitas en los barrios lomenses. Las dos instituciones son hogares conveniados, es decir, sellan un convenio con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA) y se convierten en un espacio con determinadas plazas para hospedar jóvenes de la calle. Por ello reciben una beca desde la Provincia, pero que cuando el chico o la chica cumple 18 años, caduca.

Tanto en el Ángel como en Torcacitas persiste una misma realidad: “No hay diálogo con el Gobierno nacional desde diciembre”. Advierten que su situación no es atípica, ya que consideran que el gobierno de Javier Milei practica un “abandono” con la sociedad. Y es a esa sociedad abandonada a la que los jóvenes que llegan a la mayoría de edad en los hogares hoy deben ingresar para, entre otras cosas, conseguir trabajo.

En este contexto, la iniciativa de González pretende crear un cupo laboral del 1 por ciento en el Estado provincial, incluyendo sus distintas dependencias y, en caso de que adhieran a la ley, también los municipios. Según los fundamentos del texto, se trata de un universo de poco más de 14.500 jóvenes que llegaron a los hogares y casas de abrigo, principalmente, por tres razones. El 52 por ciento, por violencia intrafamiliar, el 22,8 por abandono y casi el 20 por ciento luego de padecer situaciones de abuso.

Del total de los jóvenes institucionalizados, sólo el 20 por ciento logran egresar. De ellos, poco más del 60 por ciento cuenta con un proyecto autónomo, mientra que el resto no cuenta con uno. "Es indispensable que el Estado asuma la responsabilidad y equipare con medidas de discriminación positiva la situación de vulnerabilidad de esta franja de adolescentes", sostiene el texto de la norma.  

En todos los casos, a lo largo de su crecimiento en las instituciones de abrigo, no fueron adoptados. Tanto González, como Améndola y Madeddu, remarcan cuán complejo es que una familia adopte un adolescente. “Hay veces que los devuelven”, señalan cómo para comprender las instancias de abandono y desamparo que pueden llegar a atravesar.

La estigmatización

El OPNYA, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, cuenta, hasta el mes de junio de este año, con 23 hogares propios, 215 conveniados, más de 3.300 medidas de abrigo que, en total, abordan más de 40 mil niños y niñas en el marco de intervenciones tendientes a la promoción, protección o restitución de derechos en la provincia de Buenos Aires.

Por cada uno de los jóvenes, la Provincia deposita becas que oscilan entre los 400 mil y 600 mil pesos mensuales. La suma es mucho más elevada en los casos de chicos con discapacidad. Así, durante su estadía en el hogar o casa de abrigo, los chicos y chicas estudian, se forman, interactúan y construyen un marco familiar.

En el caso del Ángel Azul, hace 24 años que funciona. “Vimos pasar centenares de pibes y hay programas de fortalecimiento laboral, pero no alcanzan”, sostiene Améndola. Desde su experiencia, “la estigmatización sobre los pibes siempre está dando vueltas, ellos siempre tienen temor porque ya tienen en su espalda una historia triste”, cuenta el referente que colaboró directamente con González para la elaboración del proyecto.

"Hoy vemos que el contexto general es muy desfavorable, hoy ya nos estamos quedando sin familia ampliada, porque antes los chicos se podían quedar con un tío, la abuela o un vecino que lo pudiera acompañar, pero hoy no da el bolsillo, es un delirio lo que cuesta vivir", expone Améndola. 

Madeddu, en Lomas de Zamora, además de funcionar como hogar es un centro de rehabilitación de adicciones. “Cuando un pibe arma un currículum y pasó por un tratamiento de drogas, les decimos que no lo comenten porque los dejan afuera”, asegura. Les aconsejan no contar cosas íntimas de su vida porque los “hace arrancar desde atrás”.

Son jóvenes que no tienen familias, no tienen dónde volver, donde la reinserción es compleja porque, en caso de no poder valerse por sí mismos, lo más seguro que el padre o la madre, estén en prisión o hayan muerto, detalla la dirigente en su conversación con Buenos Aires/12.

Cuenta que no todas son malas experiencias. Que, meses atrás, el programa Potenciar Trabajo de Nación permitía una mínima salida laboral, pero Milei arrasó con la herramienta. Resalta que la calle está empeorando para el desarrollo de los niños y niñas por un deterioro en los barrios que forman parte del entramado del narcotráfico.

“Este Gobierno está destruyendo todo lo que contiene a la gente, entonces dejan el escenario librado a los narcos, desmantelaron todo porque antes se sabía dónde era la casa del tranza pero al menos las organizaciones podían cuidar a los pibes, podían denunciar, pero hoy se adueñaron de las calles”, relata Madeddu. “Van dejando sin energía a las organizaciones”, apunta.

Améndola, en La Plata, percibe, ante todo, que “los pibes no quieren irse porque sienten que están en pelotas”. “Pasa en una familia convencional, así que imagínate si no contás con una figura matera o paterna que te acompañe”, remarca.

En la dureza de este contexto, desde ambos hogares rescatan el rol de la Provincia, que sigue incrementando los valores de las becas y responde a los pedidos. “Falta, pero siempre están”, dicen.

“Hacerse cargo de la nada”

González conversa con este medio sobre la iniciativa que nació en 2019. Dos veces perdió estado parlamentario, pero en esta ocasión está en vísperas de ingresar al temario en las próximas sesiones. Sólo debe atravesar la Comisión de Legislación General, pero la legisladora que proviene del Frente Grande e integra el equipo de Mario Secco, intendente de Ensenada, habla con esperanzas.

“Se trata de reservar el 1 por ciento para un universo muy chiquito que son los que no ingresaron al sistema de adopción”, explica. ¿Por qué? “Porque no está promovida la adopción para chicos grandes, nadie quiere adoptar un adolescente, incluso hay guardas que se anotan pero después los quieren devolver porque no resulta bien con un adolescente”, apunta la diputada de Unión por la Patria.

Advierte que no es un ingreso directo. “Tiene que reunir la idoneidad que demanda la ley 10.430 o de carrera médica o del Poder Judicial, habiendo terminado los estudios y tener la aptitud física y psíquica”, señala González. Además, habrá un registro donde los jóvenes estarán anotados entre los 17 y 21 años para ingresar al empleo público que incluirá empresas de servicios y aquellos privados que se anoten en el programa.

Respecto a la oposición en la Legislatura, González afirma que las posiciones en el PRO y la La Libertad Avanza “tienen que ver con una posición política y no por una falta de empatía”. “Creen en el libre mercado y que el Estado no debe hacerse cargo de nada, ni de cuidados”, apunta. Pero resalta que hay acompañamiento desde la UCR, la Izquierda y los ex libertarios que integran el bloque de Gustavo Cuervo.

 

“La mayoría de estos chicos ya trabajan en negro porque son menores de 18 años, completamente precarizados, que no tienen un hogar a donde ir y deben hacerse cargo de la nada de sí mismos”, advierte la diputada. “Muchos manifiestan su preocupación e incertidumbre, pero ahí está el trabajo de los hogares como el Ángel Azul”, indica.