Sigue escalando la interna en La Libertad Avanza (LLA) y la diputada por Mendoza Lourdes Arrieta cerró el sábado, y siguió ayer, con un fuerte descargo en la red social X (ex Twitter), donde mostró cómo se gestó la visita a los genocidas al penal de Ezeiza y la clara intención de presentar un proyecto de ley que conceda la libertad a los represores de la última dictadura. La visita ocurrió el 11 de julio y asistieron Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y la propia Arrieta.
Si bien el grupo de Salta en el bloque libertario María Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno no formaron parte de la comitiva, el descargo de la diputada medocina evidenció que tanto Orozco como Zapata estaban al tanto del tema desde marzo. Arrieta reflejó que el fin último era la presentación de un proyecto que beneficiara con prisión domicialiria o incluso la libertad a militares ya condenados por crímenes de lesa humanidad. De hecho, ayer publicó borradores de proyectos de ley y de un decreto.
Bajo el título "No más impunidad", la mendocina subió una serie de capturas de pantalla de distintos grupos de WhatsApp que tenían como principal gestor al sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien es un férreo militante por la libertad a los genocidas y es hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura. Es "hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los genocidas", sostuvo Arrieta.
En ese sentido, apuntó contra legisladores que, tras hacerse pública la visita, negaron su vinculación, como es el caso de Emilia Orozco y Carlos Zapata. "Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo", dijo la diputada, anoticiando que desde febrero Olivera Ravasi se empezó a vincular con legisladores nacionales para formalizar el proyecto.
Los chats la vinculan más activamente a Orozco que a Zapata. Arrieta señala que la salteña estaba al tanto de la iniciativa de liberar a los represores desde el 12 de marzo, cuando ingresó formalmente a un primer grupo de WhatsApp denominado “Comida informal con el Padre Javier x milit", que desde fines de febrero estaba "puliendo" dos proyectos de ley que tenían como fin "regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal", junto a "un decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad".
Ambas iniciativas con el fin de "obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria" manifestando que “los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad", según consignan los chats. Orozco y Zapata estaban dentro del grupo para asistir a una comida el 14 de marzo en la calle Montevideo 871, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se iba a explicar el proyecto a los legisladores. Orozco asistió el encuentro junto a Laura Olea, Ricardo Saint Jean, Alida Ferreyra, Santiago Santurio y Guillermo Montenegro. Zapata no formó parte y tampoco se ven interacciones al respecto.
Tras el encuentro, el diputado por Entre Ríos Beltrán Benedit propuso dividir tareas y "accionar en distintos frentes". Pidió "enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la CABA".
Un segundo grupo de WhastApp se creó el 20 de marzo de 2024, por la abogada Laura Olea, bajo el nombre "Proyecto decreto". Nuevamente están Orozco y Zapata. Arrieta contó que el 23 de abril se envió un video del cura Olivera Ravasi junto a un proyecto de decreto reglamentario. El sacerdote pidió no reenviar el documento para que no se haga público y agregó: "el secreto de este tema es el secreto”. Orozco reaccionó con un emoticon de pulgar arriba. Olivera Ravasi volvió a solicitar una última reunión para definir el proyecto, que se terminó haciendo vía Zoom el martes 21 de mayo, a las 18.30.
Otro grupo se creó el 13 de julio, después de la visita al penal de Ezeiza, bajo el nombre "Visita". La intención era armar un comunicado de prensa y ver "la forma de comunicar las fotografías. Allí se puede apreciar la discusión entre Montenegro y Benedit por la publicación", dijo la mendocina. En este último grupo no mostró quiénes lo conforman, por lo que no se evidencia si Orozco o Zapata fueron parte de esa estrategia.
Se sabía
Después de que se supo de la visita de los legisladores a los represores, la diputada Emilia Orozco otorgó una nota a la radio Delta FM 90.3 de Buenos Aires, donde sostuvo que sólo seis diputados fueron al penal de Ezeiza, si bien reconoció que fue invitada, negó que haya asistido. Sin embargo, dijo que la visita no fue son el solo objetivo de ver a los represores, que fueron a "visitar a algunos presos y también a recorrer las instalaciones de la cárcel". Agregó que los legisladores se reunieron con las autoridades de la unidad carcelaria e insistió en que fue "una visita muy amplia" que fue "más allá de lo que solamente se hace foco", en referencia a "que supuestamente se reunieron con personas que están ahí privadas de su libertad por las causas que todos sabemos".
Aún así la legisladora salteña dio a entender que la libertad a los genocidas es una línea política que se sostiene desde el gobierno de Javier Milei: "No nos olvidemos que ha sido una línea de nuestra política, la propia Victoria Villarruel a embanderado esta causa. Yo hablé en profundidad con los diputados para ver si realmente se reunieron o no, pero entiendo que no fue exclusivamente a ver (a los represores). Fue generalizada", refirió.
Luego Orozco denunció en un comunicado de prensa que existió "un fuerte ensañamiento" en su contra y su entorno familiar: “Yo no estuve en el penal de Ezeiza. La visita a Ezeiza no existió, puedo decir que hay un delito cuando mienten con la información”, expresó. Acto seguido contó que recibió amenazas a través de redes sociales desde el año pasado e hizo una denuncia que no prosperó. "Ahora el tono de las amenazas es distinto y ya no es solo a través de redes sociales y no se meten sólo conmigo sino también con mi familia", sostuvo.
Dijo que iba a hacer nuevas denuncias, pero ya no la provincia, porque no confía en la Justicia de Salta. Además, culpó a los medios de comunicación de instalar la idea de que "estamos a favor de los represores o a favor de la dictadura y son los medios de acá de Salta los que hicieron esto”.
Por su parte, el diputado Zapata negó su presencia en Ezeiza. Y en la sesión especial de Diputados de la Nación del 14 de agosto planteó una cuestión de privilegio "sobre aquellos que impulsan condenas públicas para con legisladores que hicieron uso de los beneficios de la libertad establecidos por la Constitución Nacional". Al igual que Orozco, apuntó contra los medios "malintencionados, que seguramente motorizados por órdenes del Poder Ejecutivo de Salta hicieron circular versiones falaces sobre mi persona y la diputada Emilia Orozco".
Zapata dijo que condena "a quienes cometieron delitos, pero jamás voy a condenar alguno de mis pares por hacer ejercicio de su libertad. Tras la publicación de los chats, dijo a Salta/12 que no emitiría comentarios al respecto.
Previamente la diputada Pamela Calletti (presidenta del bloque Innovación Federal) había dicho que debía identificarse a los legisladores de LLA que visitaron a los represores condenados. También pidió que se aclare quiénes son los diputados que integran el grupo de 13 legisladores que particiaron de reuniones previas.
La UNSa repudió la visita
Este último 20 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta repudió la visita de diputados nacionales de LLA a genocidas condenados. En particular, la Comisión condenó la figura del diputado Benedit por ser el mentor de esta visita, que calificó de "una verdadera apología del delito refiriéndose a los asesinos como “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”, justificando así delitos atroces como asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas a hombres y mujeres, muchas de ellas embarazadas, robo y apropiación de bebes y de bienes materiales.
La Comisión dijo que es "más preocupante" todavía que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, naturalicen "el hecho como si se tratara de una visita individual y no de una comitiva de legisladores trasladada en un vehículo oficial". Sostuvo que esta visita es una afrenta a la democracia y que "se suma a diversos tipos de manifestaciones reivindicatorias del genocidio más brutal de nuestra historia reciente, realizadas por diversos funcionarios entre los que se destaca la misma vicepresidenta de la Nación".
Es por ello que señaló que la fotografía de legisladores nacionales con genocidas, "constituye un llamado de alerta sobre un siniestro plan que intenta excarcelar a los genocidas, dejando impunes los crímenes aberrantes cometidos y que aún siguen cometiendo al no declarar donde están los cuerpos de los desaparecidos y donde están los niños y las niñas, ahora adultos, nacidos en cautiverio o raptados durante la dictadura cívico militar de 1976". En ese sentido, la Comisión de DDHH repudió el cierre por decreto de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), que depende de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI).
"Ante este intento de naturalizar la apología de delitos atentatorios contra la democracia, instamos a todas las instituciones civiles y democráticas a rechazar estos hechos, pronunciarse públicamente y exigir que se realicen las investigaciones pertinentes para sancionar a los responsables de las violaciones a las normativas vigentes, tanto del régimen carcelario federal como del cuerpo legislativo nacional", cerró el comunicado que firman, entre otros, la decana de la Facultad de Humanidades, Mercedes Vázquez, y la vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales, Cristina Sánz.
