PáginaI12 En Colombia

Desde Medellín

A punto de cumplirse un año del Acuerdo Final de Paz entre gobierno y FARC –ahora convertido en partido político tras dejar las armas– las preocupaciones afloran en las pequeñas ciudades donde marcharon los combatientes por última vez como ex guerrilleros. Se trata de 26 zonas de paz, donde se concentraron y, poco a poco, entregaron su armamento y bienes a las Naciones Unidas. Hoy se les conoce como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, y estarán en esa categoría hasta diciembre próximo de acuerdo con el pacto entre gobierno y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) pues, al expirar la primera figura de zonas veredales, no estaban siquiera terminadas todas las construcciones y el proceso de censo e identificación de los guerrilleros apenas comenzaba.

Más de 7 mil hombres y mujeres –antes en armas– siguen hoy en dichos Espacios Territoriales tras haber culminado su desarme en junio pasado. Cuatro meses y medio después, la mayoría cuenta con documento de identificación y cuenta bancaria. Pero las demás promesas del Acuerdo de Paz para su reincorporación –etapa que sigue al desarme y es según expertos la más importante para consolidar un proceso de paz– aún no se cumplen.  Pastor Alape, ex comandante fariano y hoy uno de los líderes del partido político FARC, le explicó a PáginaI12 en qué van las cosas en materia de condiciones para regresar a la vida civil.  

Alape, integrante del Consejo de Reincorporación donde día a día se negocian y presionan las transformaciones necesarias con gobierno, le contó a este diario detalles de cómo, ante la lentitud en la implementación de los planes de regreso a la civilidad para los ex combatientes, éstos se las ingenian para autoabastecerse de alimentos y continuar la espera que pone en riesgo los cimientos de la paz.

–¿Cómo va la reincorporación de la gente de las FARC?

–Nosotros tratamos siempre de ser muy optimistas. Resumiría en que la reincorporación está en su nacimiento. Es que la reincorporación económica y social en sentido concreto –las actividades productivas, las capacidades, la formación, la tierra– no ha empezado. Todavía no se ha desarrollado el primer proyecto con los recursos que se prometieron en el Acuerdo. Son 8 millones por personas. Hay muchos que se han planteado pero ninguno ha empezado a caminar, por una sola razón: ¡No hay tierra!. Todavía estamos en las promesas. Toda esta situación es preocupante, pero nos ha llevado a fortalecer nuestra acción y reafirmar voluntades; y demanda toda la voluntad de este gobierno en los ocho meses que le quedan. Así como un compromiso del Estado.

–Según ustedes, ¿cómo se explican los retrasos en la reincorporación?

–Hay un gobierno que no estableció una estrategia de implementación. En el marco de la guerra había una estrategia de negociación, pero el gobierno no dedicó esfuerzos a una ruta estratégica para lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo, y ahí se incluye un amplio número de temas, entre ellos el de brindar condiciones y garantías para la vida civil a la base guerrillera. Mire, se consideró apenas el marco legislativo, y se estableció el FastTrack (mecanismo para votar de forma acelerada las nuevas leyes que hacen posible la implementación del acuerdo) y este incluso está a punto de terminar (30 de noviembre) sin lograr todas las reformas y leyes necesarias. 

Es que son más de 50 años de guerra. Entonces es muy complicado que los escenarios de poder, como el legislativo, se vayan a disponer a una implementación exitosa. Porque el legislativo es parte del conflicto. Ahí confluyen y se enfrentan los sectores interesados en la guerra y la paz.  Hoy vemos como parte del Congreso –ese que representa intereses de la guerra– se está oponiendo a que Colombia tenga la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. 

–Sin proyectos productivos, ¿a qué están dedicados los excombatienes ahora? ¿Están en riesgo alguno?

–El acumulado de experiencias que se manejaban en la guerra se ha venido desarrollando en esta época reciente de paz. La gente está impulsando actividades colectivas sin el apoyo del gobierno, como se hacía antes. Por ejemplo, en Dabeiba, Antioquia, están sembrando frijol, maracuyá, lulo. En La Uribe, Meta, están sacando plátano, yuca… Han empezado por el autosostenimiento. Estamos planteando fórmulas demostrando que somos un colectivo. En cuanto a Ecomún es el centro de las actividades productivas… Estamos buscando unos recursos para establecer un espacio de trabajo en Bogotá, mientras las cooperativas siguen formándose en los espacios territoriales.

–¿Cuál es su balance de la gente que sigue en esos espacios? ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos quedan?

–El balance que nosotros tenemos es que toda la gente está unificada y en los espacios territoriales. Esos espacios que cumplieron una de sus funciones específicas, la dejación de armas, no son centros de concentración donde la gente no puede salir. Los integrantes del partido están yendo donde sus familias, realizando actividades como un civil cualquiera. Ahí están ellos haciendo colectas y trabajando todo lo que pueden. Estamos avanzando con gobiernos, por ejemplo, con fórmulas concretas para resolver la situación de tierras en Antioquia.

–Y el tema de seguridad, ¿hay complejidades?

–Complejidades, ¡todas! Hace tres días detuvieron en Tumaco a un mando, luego acá en Bogotá a “Robles”. Todos los días hay una nueva situación de provocación…

–¿Cuál es su llamado? ¿A quién?

–Voluntades, por favor. Presionar al gobierno para que cumpla, presionar a los partidos que se oponen a la paz, e invitar a la sociedad civil a que participe en exigirle al gobierno colombiano el cumplimiento. También llamar a la Fiscalía, a la Defensoría, a la Procuraduría en hacer su papel en la construcción de paz, en la consecución del derecho a la paz y no a obstaculizar. A estos señores que representan partidos que han promovido siempre la violencia, decirles que también son necesarios en este tránsito a la paz.