El gobierno nacional se apresta a lidiar con otro revés legislativo, como con el de la movilidad jubilatoria, ahora con la ley de Financiamiento Universitario, ya con media sanción de Diputados y que el Senado se apresta a tratar esta semana. Es que, por su parte, los rectores y la comunidad docente mueve sus fichas y presiona al arco político. Eso pasó ayer con las autoridades de tres universidades públicas de la provincia: Rosario, Rafaela y del Litoral. Comprometieron a los tres senadores por Santa Fe, quienes convinieron en hacer pública su posición a favor de la iniciativa que busca garantizar un piso de fondeo para las universidades nacionales. 

Los radicales Eduardo Galaretto y Carolina Losada, y el justicialista Marcelo Lewandowski coincidieron ayer en la sede de la UNR con el rector Franco Bartolacci, y sus pares Enrique Mammarella (Universidad Nacional del Litoral) y Rubén Ascua (Universidad Nacional de Rafaela). Y la foto sirvió para plasmar el compromiso de los tres senadores en acompañar la ley que tendrá tratamiento este jueves en la Cámara Alta y que el poroteo previo tiene en franca minoría al oficialismo de La Libertad Avanza y el PRO. 

"Necesitamos con celeridad que el Senado convierta en ley el proyecto que tiene media sanción en Diputados. Como está planteado, este proyecto de ley resuelve el conjunto de los problemas que atravesamos, otorgando previsibilidad presupuestaria y una solución a la angustiante situación salarial que viven docentes y nodocentes universitarios", señaló Bartolacci, quien a su vez valoró "la rápida respuesta de los senadores a la convocatoria y su compromiso de acompañar positivamente el proyecto cuando se trate en el Senado".

El proyecto viene con moción de preferencia para la próxima sesión del Senado, según el voto de dos tercios de la cámara. 

Como se sabe, el gobierno de Javier Milei inició su gestión interrumpiendo partidas y, sin ley de presupuesto, continuó con remesas a las universidades difiriendo el Presupuesto 2022 en términos nominales. Y solo después de la movilización del 23 de abril, multitudinaria en todo el país, el Ejecutivo accedió romper ese congelamiento y actualizar con un 270 por ciento más aquel número de hace dos años, en lo que respecta a gastos corrientes.

"Lo que se reclama ahora es un esquema de financiamiento de lo que debería haber sido el 2023, con proyección a 2024", recordaron desde la UNR.

Cada uno a su turno, los rectores se explayaron sobre las dificultades que afronta el sistema universitario este año, y ofrecieron información al detalle para la argumentación parlamentaria en la sesión de esta semana.

"El proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá actualizar, conforme la inflación informada por el INDEC, tanto los salarios como los recursos destinados al funcionamiento. Además, contempla un mecanismo de recomposición salarial del desfasaje producido entre los incrementos otorgados y la inflación acumulada entre noviembre y julio de este año", resumió Mammarella acerca de la ley que cuenta con media sanción.

Los rectores sumaron su voz a la prédica que sostiene el gremio docente universitario en su reclamo salarial. "La situación es la más crítica de los últimos cuarenta años –reseñó Ascúa–, alrededor del 50 por ciento de docentes y nodocentes perciben un salario por debajo de la línea de pobreza e incluso en las categorías más bajas, al no haberse modificado la garantía salarial, no se han percibido aumentos desde noviembre del año pasado", indicó.

Por lo tanto, sin ley de financiamiento, la expectativa de mejora salarial queda reducida al 3% de aumento que los docentes rechazaron la semana pasada con un paro de 48 horas. "La ley es indispensable porque no hay universidad posible sin recursos para garantizar su funcionamiento básico, tampoco la hay sin salarios dignos para quienes tienen la enorme responsabilidad de formar a los futuros profesionales del país", señaló Bartolacci.

A la par de la sesión, este jueves y viernes se reunirá en plenario el Consejo Interuniversitario Nacional en La Pampa, con la atención puesta en el Congreso.

"Nuestro compromiso es público, ratificamos nuestraposición. La universidad pública es una institución estratégica para el presente y el futuro, y la Nación debe priorizarla", dijeron Losada y Galaretto. De la misma se pronunció Lewandowski. "Es fundamental que las universidades nacionales sigan funcionando como es debido. Seguro que hay cosas que mejorar y está bueno continuar trabajando en eso, pero lo que no se puede hacer es pensar que mantener una universidad es un gasto y no una inversión para el futuro de nuestro país".