Familiares de víctimas de la violencia institucional junto a diversas organizaciones se movilizaron en la novena marcha contra el gatillo fácil en Rosario. Desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional --espacio conformado por familiares y víctimas, junto a agrupaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de derechos humanos--, convocaron a la edición local, que ayer a la tarde partió de los tribunales provinciales de Balcarce y Montevideo, pasando por los federales, para llegar al acto en la plaza San Martín, frente a la sede de gobierno provincial. "¡Ni un pibe ni una piba menos!, ¡Ni una bala más!", "basta de criminalización de la pobreza", "no a la militarización de los barrios" y "no a la baja en la edad de imputabilidad", fueron algunas de las demandas.
"Como todos los años, nos volvimos a encontrar en las calles, en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los DDHH", expresaron desde la Multisectorial poco después de que la ministra Patricia Bullrich visitara la ciudad para dar cuenta de los resultados del Plan Bandera (ver aparte). Julieta Riquelme, hermana de Jonatan Herrera, víctima de violencia institucional en 2015, habló de un "contexto complejo con un gobierno en el que estas prácticas se avalan y habilitan". Y habló de "la importancia de sostener en el tiempo estas movililizaciones. Este año con una discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad que nos mantiene en alerta. No necesitamos que la respuesta del estado sea punitivista para nuestros jóvenes, sino con políticas públicas".
En un documento conjunto que leyeron en la plaza San Martín, expresaron que "la violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia". En ese sentido, señalaron que "las víctimas, sus familiares y las organizaciones debemos realizar un trabajoso e incansable proceso político de construcción de memoria, verdad, justicia y castigo a los culpables; como tuvieron que hacerlo nuestras Abuelas, Madres e HIJXS. Y más recientemente en nuestra ciudad familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 y los Padres del Dolor".
Sobre cómo se forjó la lucha, desde la organización de la marcha señalaron: "Todos estos años nos fuimos encontrando en las calles". En el documento recordaron casos como el de Franco Casco, por el que "19 policías se encontraban involucrades y pese al voto condenatorio del presidente del Tribunal Otmar Paulucci, los jueces Martínez Ferrero y Moisés Vázquez determinaron absoluciones". Por lo que señalaron que aquel "18 de julio de 2023 quedará en la historia de la ciudad como un día en el que en medio de la crisis de violencia urbana que vive la ciudad y que genera tanto sufrimiento, asistimos a un fallo vergonzoso para quienes deseamos vivir en una sociedad más justa, menos cruel y desigual". En ese sentido, agregaron que "la familia decidió apelar el fallo y seguir dando batalla".
También recordaron el caso de Carlos "Bocacha" Orellano, que se encuentra en revisión de la Cámara Penal de Rosario, tras la apelacion a "tres sentencias breves y una absolución" que se dictó en el juicio a dos policías y dos agentes de seguridad privada del boliche Sr Ming, donde el joven había ido a bailar en febrero de 2020. Esperan un fallo "acorde" con el reclamo de justicia.
Además, rememoraron que el 12 de octubre de 2022, "luego de 8 años de construir Justicia, la Cámara de Apelaciones reconoció lo que todes sabíamos: que no fue un accidente, que a Jonatan Herrera lo mató la policía", en relación al joven que lavaba su auto en barrio Tablada cuando fue asesinado en enero de 2015. "El policía Rosales recibió una pena de 17 años de prisión por homicidio doloso agravado. Recientemente, la Justicia rechazó un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa y la sentencia se encuentra firme", indicaron.
También mencionaron el caso de David Campos y Emanuel Medina, en el que fueron condenados 19 policías involucrados. "Sentencias emblemáticas que funcionan no sólo como una garantía de no repetición de estas prácticas policiales violatorias de los derechos humanos, sino también como forma de que el Estado repare algo del daño producido, que de por sí es irreparable", señalaron.
Al mismo tiempo, se pronunciaron por "políticas de cuidado que garanticen el derecho a la vida a les jóvenes de los barrios populares"; en rechazo de "el embate y el vaciamiento del gobierno nacional a las políticas de derechos humanos y de memoria construidas durante 40 años de democracia"; y por el "no a la judicialización y criminalización de la protesta social".
