El nuevo gobierno laborista británico pretende gravar las escuelas privadas para dar más medios a la educación pública. La medida puede crear miles de empleos docentes en las escuelas estatales.

El primer ministro Keir Starmer, que asumió sus funciones tras las legislativas del 4 de julio, no deja de repetir que no tiene "nada contra las escuelas privadas", que cuentan con unos 600.000 alumnos, un 6,5 por ciento del total en el Reino Unido. Pero "todos los padres tienen ambiciones para sus hijos", matizó el dirigente, que llevó a sus dos hijos a la escuela pública de su barrio en el norte de Londres. "Para los alumnos de la pública que no tienen los profesores que necesitan (...) es un problema para la vida", agregó.

Después de años de austeridad en los servicios públicos y profundización de las desigualdades, el gobierno confirmó en julio que suprimía la exención del IVA aplicada a las matrículas de las escuelas privadas. La medida debe de aportar unos ingresos de 1.600 millones de libras esterlinas suplementarios (unos 2.100 millones de dólares) que permitirían financiar 6.500 nuevos puestos de profesor en la enseñanza pública.

A partir del 1 de enero, los centros privados tendrán que pagar un impuesto del 20 por ciento, lo que repercutirá en un aumento de la factura para los padres.

La matrícula cuesta de media unas 18.000 libras esterlinas (casi 23.400 dólares) en las escuelas privadas, según el Consejo de Escuelas Privadas, que representa a estos centros. El precio alcanza las 42.000 libras (más de 55.000 dólares) para las famosas "boarding schools", los elitistas internados con fama mundial por los que pasaron numerosos miembros de la clase dirigente británica.

Aunque muchas familias que llevan a sus hijos a estos centros más distinguidos pueden permitirse este incremento, la cuestión va más allá de las clases más ricas.

Los contrarios a la reforma afirman que los efectivos docentes en las escuelas públicas aumentarán debido a la salida de alumnos del privado, lo que disparará el coste para el Estado. Pero hay estudios que rebaten este argumento. El Instituto de Estudios Fiscales estima que debido al declive demográfico, el número de niños en el sistema público bajará de ahora a 2030.

Además, otros centros de investigación apuntan que la disparidad entre el sistema público y el privado se agravó durante los 14 años de gobiernos conservadores que precedieron al ejecutivo laborista de Starmer.