El Comité de Expertas que monitorea el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer expresó su “profunda preocupación y su oposición por las decisiones tomadas al más alto nivel del Estado argentino que afectan notoriamente la capacidad de las instituciones, mecanismos y políticas para proteger a las mujeres frente a la violencia de género”.
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención conocida como de Belén do Pará (Mesecvi) se pronunció a través de un comunicado de prensa.
“A 30 años de la adopción de la Convención de Belém do Pará, las Expertas de este Comité lamentan este grave retroceso, a la vez que hacen un llamado a su gobierno para retomar el camino de cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales con los compromisos que el Estado ha contraído para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres”, dice el comunicado.
A lo largo de las últimas dos décadas y de las sucesivas rondas de evaluación multilateral del Mesecvi para monitorear los avances en la implementación de la Convención de Belém do Pará , el Comité de Expertas “ha felicitado al Estado argentino en diversas ocasiones por las medidas adoptadas para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres”, recordó el órgano de la OEA.
Entre las medidas celebradas se destacan la adopción de la Ley 26.485 o de la ley Micaela, la creación de Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad o la creación de mecanismos de atención como la línea 144.
Sin embargo, en el contexto actual, las Expertas observan que se han tomado medidas como la eliminación de las estructuras prexistentes que “reducen las capacidades del Estado para proteger a mujeres y niñas frente a la violencia de género, a contraviento de la propia normativa nacional de la República Argentina y de los compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Plataforma de Acción de Beijing”.
El Comité de Expertas recordó que, al igual que otras normativas internacionales de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará, de la cual Argentina es Estado Parte, consagra el principio de progresividad en su artículo 8, según el cual los Estados se comprometen a adoptar medidas contra la violencia de género de manera progresiva de modo que no haya retroceso en los derechos adquiridos.
Además, “preocupa” al Comité la falta de claridad sobre los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes y el organismo a cargo de su seguimiento, que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil argentina, en un contexto de aumento de las cifras de muertes violentas de mujeres según los datos presentados por el Registro Nacional de Femicidios.
Por otra parte, el Comité de Expertas lamentó la desaparición del cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. “Este retroceso inédito contraviene lo dispuesto por la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual establece la existencia de un organismo competente encargado del diseño de las políticas públicas. Asimismo, va en contra de los compromisos adquiridos a través de la Plataforma de Acción de Beijing, próxima a cumplir 30 años, en la cual se recomienda crear o fortalecer los mecanismos nacionales, sobre la base de un sólido compromiso político, y en las más altas instancias de gobierno que sea posible”, enumeró el Mesecvi.
Finalmente, el Comité de Expertas exhortó a las autoridades del Estado argentino “a garantizar la efectiva progresividad de los derechos humanos de las mujeres, a través del fortalecimiento de la institucionalidad, de los marcos normativos y las políticas públicas destinadas a protegerlas frente a la violencia de género”.