El juez Maximiliano Troyano, de la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta, condenó ayer a un médico ginecólog de 52 años a siete años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una paciente suya.
En el mismo fallo, el juez ordenó que el condenado se someta a tratamiento psicoterapéutico.
Ayer mismo se produjeron los alegatos de las partes. El fiscal penal Rodrigo González Miralpeix acusó al ginecólogo por el delito de "abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real" y, de manera subsidiaria por "abuso sexual con acceso carnal por provocar graves daños a la salud de la víctima (dos hechos) en concurso real".
Esta causa se inició el 2 de noviembre de 2022, por la denuncia de una mujer que se presentó en la Oficina de Violencia Familiar y de Género que funciona en el Polo de la Mujer y acusó a su médico ginecólogo por abuso sexual.
Al inicio de la audiencia de ayer el juez hizo lugar al pedido de ampliación de declaración del acusado, solicitada por su defensa.
Inmediatamente después, la Fiscalía inició su alegato, señalando la coherencia por parte de la denunciante en relación a su relato de las circunstancias de hora, tiempo y lugar en las que se produjeron los hechos, con la versión brindada durante el juicio.
El fiscal destacó además que la denunciante eligió al médico como profesional de estrecha confianza y, en ese sentido, el reproche está referido a dos prácticas que la paciente vivió como inapropiadas, como una invasión a su integridad sexual.
Asimismo, el fiscal recordó que el médico tiene una condena de cumplimiento condicional y consideró que debía valorarse como antecedente.
González Miralpeix había solicitado que se lo condenadara a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión. La querella, por su parte, había pedido nueve años de prisión efectiva e inhabilitación especial de por vida para ejercer la profesión. El juez fijó la condena en siete años.