Tal como había adelantado Página/12, la diputada Lourdes Arrieta se fue del bloque de La Libertad Avanza (LLA). La renuncia llegó segundos antes de la reunión que mantuvieron los legisladores libertarios este martes para votar su expulsión. La suerte de la mendocina estaba marcada desde hace días: dentro del bloque no le perdonan haber revelado el entramado que existió detrás de la visita a genocidas que ella y otros cinco diputados de LLA hicieron en julio a la cárcel de Ezeiza.
"Como parte del oficialismo seguiré defendiendo mis valores judeo-cristianos y liberales, acompañando al presidente de la Nación Javier Gerardo Milei desde mi labor como legisladora", aclara en la nota enviada al presidente de la Cámara, Martín Menem.
Además, solicitó el número de contratos que le corresponden, una oficina en el Palacio y mantener su pertenencia en las comisiones donde ya está asignada.
El rumor sobre la expulsión de la diputada comenzó a tomar fuerza el martes de la semana pasada, cuando Arrieta pidió en la comisión de Peticiones que se investigue a Martín Menem por haber facilitado la combi que trasladó a los seis diputados de LLA hasta el penal de Ezeiza. Al día siguiente, la versión sobre su separación del bloque se hizo más sólida, luego de una discusión a los gritos que mantuvo en el Congreso con Menem, Beltrán Benedit, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, a quien acusó por violencia de género.
Este viernes, al conocer los rumores, la diputada hizo un descargo en su red X y se quejó porque nadie le dijo personalmente que querían echarla. “Como liberal, tengo todo el derecho (de) indagar y tener un pensamiento crítico. ¿Me quieren expulsar del Bloque? Aclaro que nadie me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido de frente, con la verdad y buscando transparencia”, dijo la diputada, quien en un comienzo había intentado despegarse de la visita a genocidas argumentando que no sabía quién era Alfredo Astiz porque nació en 1993.
Y agregó: "Mis valores como cristiana y diputada de la Nación, me llevan siempre por el camino de la verdad. Lamento que algunos quieran violentar la voluntad popular del 43 por ciento de los mendocinos al votarme como parte de La Libertad Avanza”.
En su descargo, Arrieta aprovechó que Javier Milei salió el viernes a decir que había que investigar la visita y que ese tema no estaba en su agenda. “Me encuentro habilitada a referirme públicamente que no es la agenda del presidente la reivindicación de los condenados por lesa humanidad. Mi denuncia en la justicia federal de Lomas de Zamora ha sido en busca de quiénes organizaron y con qué intenciones”, señaló.
Este lunes, en una entrevista radial, la diputada confirmó su intención de no renunciar a su banca, pese a las "amenazas" y presiones que afirmó estar recibiendo por haber dado detalles sobre la visita a genocidas. "Si me echan, me voy a ir con la frente en alto sabiendo que dije la verdad y peleando contra un sistema de corrupción enorme, que para el afuera parece que está todo bien y que son defensores de Javier (Milei) pero hacia adentro se vive un régimen verticalista totalitario en el que no podés opinar distinto”, indicó en diálogo con Radio con Vos.
En esa entrevista, la diputada por Mendoza intentó una vez más despegar al jefe de Estado de la visita de diputados oficialistas a represores condenados por delitos de lesa humanidad. “Yo sé que Javier no tiene que ver con todo esto”, dijo y adujo que ese es el motivo por el cual a ella la “quieren silenciar a toda costa”.
“Alguien le está jugando una mala pasada y tratando de desestabilizar desde adentro su gobierno”, aseguró. Evitó dar nombres y cualquier otro indicio, pero habló de “movimientos por detrás y conspiraciones”.
Causa judicial
La semana pasada, Arrieta también recibió un duro golpe en la justicia, ya que el fiscal Sergio Mola le pidió en duros términos al juez federal Kreplak que desestimara la denuncia que la legisladora presentó en Lomas de Zamora, en la que dejó al descubierto cómo funcionaba el grupo de amigos de los genocidas que planean distintas estrategias para que vuelvan a sus casas.
Mola consideró que la diputada hizo "una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido". Dijo, además, que recurrió a la justicia para despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista. “So pretexto de una extravagante posible comisión de delitos, pretende inmiscuir a la Justicia en un ámbito en el que no le corresponde ingresar, que es el de la discusión política intrapartidaria”, escribió Mola en el dictamen al que accedió Página/12.
Para el fiscal, Arrieta no puede alegar ignorancia de qué se estaba gestando antes del 11 de julio porque participaba en grupos de WhatsApp en los que “surge con absoluta claridad, sin que exista lugar a dudas, que se iba a realizar visitas a detenidos por crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar”.
Según Mola, los motivos del grupo y sus intereses eran explícitos y la diputada no podría afirmar que fue manipulada para subirse a la combi de la Cámara de Diputados y emprender viaje para encontrarse con los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer durante la última dictadura.
La decisión de Mola hace que respiren más tranquilos los integrantes del grupo de amigos de los represores y pone más presión en el Congreso, si efectivamente quiere investigar a quienes conspiran contra las causas por crímenes contra la humanidad, como reclaman los organismos de derechos humanos.
La pesquisa continuará centrada en el rol del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esto se debe a que existe una denuncia que radicó el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, a partir de que el abogado querellante Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous pidieran que se investigue si no se cometieron irregularidades a la hora de permitir el ingreso de los diputados para reunirse con Astiz y compañía.
