"Hace dos meses, una garrafa de 10 kilos costaba 7.000 pesos; hoy nos la cobran 15.000. Es el doble, y si no la compramos, no podemos cocinar para los chicos. No podemos optar por usar leña, ya que afectaría la salud de quienes cocinamos aquí. Es terrible lo que estamos viviendo en los barrios", lamenta Gloria Acosta, referente del comedor "La Casita Barrio Mitre" de San Miguel, mientras habla con Buenos Aires/12 y piensa que ahora el gasto será de 60 mil pesos mensuales.
La reciente eliminación del precio máximo para las garrafas del Programa Hogar, impulsada por el Gobierno nacional, generó una fuerte reacción en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof fue uno de los primeros en manifestarse en contra de esta medida, calificándola como una política "cruel y desconsiderada".
Según el gobernador, la decisión de Milei "no es más que un reflejo de un gobierno que ignora las necesidades de los más vulnerables". En la misma línea que Kicillof, Gloria Acosta insistió sobre la situación del comedor de San Miguel: "Acá, en el comedor, cada 15 días, tenemos que gastar una fortuna en gas".
A partir de la pronunciación sobre el tema de Kicillof, los intendentes de Esteban Echeverría, San Martín, Morón, Chascomús, Villa Gesell y el titular de la Defensoría del Pueblo de Dolores conversaron con este medio y mostraron sintonía con el reclamo del gobernador.
La eliminación del precio máximo de las garrafas afecta principalmente a aquellos que no tienen acceso a la red de gas natural, quienes dependen del gas envasado para cocinar, calefaccionar sus hogares y realizar otras tareas esenciales. Según los datos oficiales, el 38 por ciento de los hogares en el Gran Buenos Aires no tiene acceso a la red de gas natural.
A través de sus redes sociales, Kicillof arremetió contra el gobierno de Javier Milei, señalando que la medida "beneficia a unos pocos, mientras millones de bonaerenses luchan por llegar a fin de mes". Ante ello, el Banco Provincia lanzó un nuevo beneficio con Cuenta DNI para la compra de garrafas con un descuento del 40 por ciento.
Impacto en los comedores populares
Esta decisión del Gobierno nacional tuvo un impacto devastador en los comedores comunitarios, que son un recurso vital para muchas familias en situación de vulnerabilidad. Este cambio provocó que el precio de una garrafa de 10 kilogramos, que hasta la semana pasada costaba 8.500 pesos, haya subido un 31,8 por ciento en comparación con el primer trimestre del año, alcanzando ahora los 15.000 pesos.
De este modo, el aumento del precio del gas afectó directamente a la capacidad de los comedores para operar, ya que gran parte de su presupuesto ahora se destina a la compra de garrafas, en lugar de alimentos frescos y carne. Acosta denuncia que "es tristísimo ver cómo el hambre golpea cada vez más fuerte en nuestras comunidades".
La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, desregula el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo que se enmarca dentro de la política de libre mercado impulsada por la actual administración nacional. El Programa Hogar, establecido en 2015, fue concebido como una herramienta clave para asegurar que los hogares de bajos recursos, especialmente aquellos sin acceso a la red de gas natural, pudieran contar con un recurso tan esencial como el gas. Hasta el momento, el programa subsidiaba cerca del 80 por ciento del costo de las garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos, permitiendo a muchas familias enfrentar los inviernos sin que el gas se convirtiera en un lujo inalcanzable. Sin embargo, la reciente resolución 216 elimina los precios máximos, estableciendo en su lugar un "precio de referencia", lo que supone un cambio significativo en el acceso a este servicio básico.
Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, también criticó duramente la medida. "Este es un gobierno indolente que castiga a los más humildes", afirmó Larroque. "Nosotros, desde la Provincia, estamos haciendo todo lo posible para mitigar el impacto de estas políticas nacionales que son profundamente insensibles. Actualmente, asistimos a unos 6.000 comedores en toda la provincia, y la situación es cada vez más crítica".
El respaldo de los intendentes bonaerenses
Frente a esta situación, varios intendentes del territorio bonaerense expresaron su apoyo a Kicillof y su rechazo a la desregulación del precio del gas en diálogo con en este medio. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, presentó una solicitud formal ante la Secretaría de Energía de la Nación para que se controle y regule el precio del gas envasado. "El Gobierno nacional desreguló el mercado, dejando a las empresas la libertad de fijar precios, lo que resulta en aumentos desmedidos para más de 20 millones de argentinos que no tienen acceso al gas natural y deben recurrir a las garrafas, lo que les resulta mucho más caro ", afirmó Gray.
Lucas Ghi, intendente de Morón, calificó la medida como "regresiva" y advirtió que "dejar el acceso a un bien imprescindible en manos del mercado encarecerá significativamente la vida cotidiana de miles de familias". Ghi subrayó la importancia de trabajar junto al Gobierno Provincial para ampliar la cobertura de gas de red.
Fernando Moreira, intendente de San Martín, fue categórico al señalar que "la gran mayoría de las familias ya no tienen cómo pagar este ajuste, y los hogares más humildes son los más perjudicados". “Una vez más, el Gobierno de Milei mostrando la total insensibilidad con la que se maneja”, sentenció.
Leandro Bordalecou, intendente interino de Chascomús, destacó que "cerca de la mitad de los vecinos de nuestro municipio depende del gas envasado", en una población total de 45 mil habitantes. Esto genera que la desregulación sea "un nuevo golpe al bolsillo de los sectores más vulnerables". Bordalecou también señaló que de este modo se pone “en riesgo la supervivencia de muchas de las familias, sobre todo en los meses más fríos”.
En el partido de La Costa, donde gobierna Juan De Jesús, del total de los habitantes que ronda las 100 mil personas, del menos de 30 por ciento tiene gas de red, según datos brindados por fuentes municipales. El golpe al bosillo será inmediato para un tercio de los costeros.
En ese contexto, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, también se sumó a las críticas e indicó que "la situación se está tornando crítica" y que "la asistencia en el área de desarrollo social está aumentando un 20 por ciento por mes debido a estos ajustes". Barrera mencionó que en su municipio “hay alrededor de 14 mil conectados a la red domiciliaria de gas y debe haber 30 mil con garrafas”. Si tenemos en cuenta que la población es de 45 mil personas, hablamos de un 46 por ciento que utiliza gas envasado. “Algunos barrios y algunos sectores del centro o departamentos que no les conviene conectarse. Pero bueno, los barrios, la mayoría también le falta conexión”, completó el intendente.
En Dolores solo el 40 por ciento de los usuarios tiene gas de red y el titular de la Defensoría del Pueblo, Juan Maldonado, aportó datos significativos: “Desde que se implementó la medida, hemos registrado un aumento del 60 por ciento en las consultas y denuncias relacionadas con el acceso a las garrafas. Esto refleja la desesperación de muchas familias que no pueden afrontar el nuevo precio, que en algunos casos ha llegado a duplicarse”. Además, Maldonado aseguró que "es imprescindible que el Gobierno nacional revise esta decisión y busque alternativas que no castiguen a los más necesitados". “Acá en Dolores son 7.000 usuarios residenciales y 3.000 usuarios comerciales particulares. Los demás usan todos garrafa”, cerró.
Medidas paliativas desde la Provincia
En respuesta a esta crisis, la provincia de Buenos Aires ha implementado medidas para mitigar el impacto de la desregulación. Carlos Bianco, ministro de Gobierno, anunció el pasado lunes que el Banco Provincia ofrece descuentos del 40 por ciento todos los días a través de la Cuenta DNI, con un tope mensual de 4.500 pesos por persona para amortiguar el precio de las garrafas. "Sabemos que no es suficiente, pero es un paliativo necesario ante esta situación", declaró Bianco.
Por su parte, Gastón Ghioni, subsecretario de Energía de la Provincia, criticó duramente al Gobierno de Milei, afirmando que "la eliminación del Precio Máximo de Referencia y de las multas por incumplimiento representa un retiro del Estado como garante del acceso a una fuente de energía esencial para los sectores de menores ingresos". Ghioni también destacó que "el subsidio otorgado a través del Programa Hogar no ha sido actualizado, lo que agrava aún más la situación".
