En el marco de las políticas económicas regresivas que lleva adelante el gobierno nacional, con ajuste de fondos coparticipables a las provincias y una acentuada inflación, el gobierno de Salta sigue buscando alternativas para resguardar los fondos destinados al sistema de salud pública de la provincia. 

En ese marco, después de haber impuesto el cobro de la atención sanitaria a personas extranjeras no residentes en el país, impulsa ahora un proyecto de ley que modifica y actualiza el régimen jurídico de recupero de costos por la atención en el sistema sanitario público de personas que cuentan con cobertura de salud.  

En la presentación de la iniciativa, la diputada oficialista Socorro Villamayor dijo que esta modificación se hizo necesaria por la desaparición, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, de la Superintendencia de Servicios de Salud, que mediaba con las obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga y aseguradoras de riesgo de trabajo y otras prestadoras de cobertura de salud, para que los hospitales públicos pudieran cobrar por la atención a sus afiliados. 

Eliminado el mecanismo de cobro automático que garantizaba la Superintendencia, el gobierno de Salta se propone crear un procedimiento propio para el recupero de los gastos que realiza un hospital donde se atendió una persona que tiene una obra social, mutual o un coseguro, añadió la legisladora, que también señaló que al eliminarse la Superintendencia, también se afecta la resolución del Ministerio de Salud Pública, que establecía un plazo de 60 días para saldar esas cuentas a las obras sociales o coseguros, y transcurrido ese plazo el hospital podía demandar y también podía reclamarlo a través de la Superintendencia.

El proyecto de ley que obtuvo ayer media sanción en Diputados establece que a los fines de recuperar los costos de atención a personas que cuentan con cobertura de salud, sea cual fuera esa atención, los montos a facturar "se determinarán usando los valores establecidos por el Nomenclador de Prestaciones Particulares provisto por el Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S), vigente al momento de producirse la efectiva prestación del servicio de salud".

Estos aranceles excluyen los medicamentos, descartables e insumos, por lo que la iniciativa también establece que para facturar los remedios se usarán "los valores del Nomenclador Kairos (o el que en el futuro lo reemplace)", y los insumos y descartables, se facturarán "conforme a los valores de mercado vigentes al momento de la prestación". 

Mientras que los hospitales públicos solo proveerán prótesis y órtesis solo "en casos de emergencia debidamente justificadas" y los facturarán "conforme valores de mercado al momento de la prestación".

El proyecto detalla los entes obligados a la cobertura de salud, que comprende también a compañías de seguro.

En el caso de que estos entes no abonen la atención en un plazo de 60 días corridos, el Ministerio de Salud Pública de Salta (la autoridad de aplicación de esta ley) emitirá un certificado de deuda (con capital e intereses), "que constituirá título ejecutivo suficiente".

La cuestión de la deuda 

La diputada Patricia Hucena, otra punta de espada del gobierno salteño, fue la primera en plantear en el recinto la cuestión de “las enormes deudas con la salud pública de las obras sociales”. Señaló en esta línea que las personas con obras sociales representan el 40% de la población que se atiende en los hospitales públicos. 

Para dar una idea, contó que solo al Hospital Materno Infantil le adeudan más de 600 millones de pesos, y más de 3 mil millones de pesos a nivel provincial, según informó el Ministerio de Salud Pública.

Bernardo Biella, que no siempre suele ir en línea con la postura del oficialismo provincial, aportó más datos en este sentido: al Hospital San Bernardo le adeudan casi mil millones de pesos, la mayor parte deuda de obras sociales sindicales, dijo. Estas obras sociales también tienen deudas con la salud no pública, por más de mil millones de pesos, sostuvo. 

El libertario Roque Cornejo (Ahora Patria) objetó el tratamiento en el recinto, pidió que el proyecto volviera a comisión para hacer aportes.

José Gauffin (PRO) aclaró que votaría a favor del proyecto, pero coincidió con Cornejo en cuestionar el texto porque no deja claro cuándo llegarán esos fondos a los hospitales.

Mientras que el conservador Guillermo Durand Cornejo adelantó que no acompañaría la iniciativa porque “le falta información". Igual que Cornejo, pidió la vuelta a comisión, aseguró que no se lo invitó a la reunión con la cartera de Salud y que el Ejecutivo tampoco responde a sus pedidos de informe.  

La diputada y médica Gladys Paredes les respondió. Ratificó que en la gestión de Milei hubo una disminución del presupuesto nacional de salud. Encima, aumentaro los costes de los insumos médicos y los medicamentos, y cayeron los salarios con el consecuente impacto en las retenciones que hacen las obras sociales. Además, el aumento de la medicina prepaga vuelca a más personas a la salud pública, igual que pasa con personas que cuentan con obras sociales pero no pueden afrontar los precios de los medicamentos, o los costes de los estudios. 

Esto no viene de ahora, “viene desde hace mucho tiempo”, concedió respondiéndole a Cornejo. Pero, añadió enseguida, “ahora se ha agudizado por las medidas que tiene el gobierno nacional, sobre todo con la salud pública”.

"Están aumentando los casos de sífilis en la provincia, en recién nacidos, y esto es porque no hay condones para repartir", advirtió para dar idea de la gravedad de la afectación a la salud que provoca la disminución de los recursos del Estado nacional. Y concluyó: la provincia necesita esta ley para recuperar todo lo que ha gastado y gasta en las obras sociales.

Con media sanción, el proyecto pasó al Senado para su tratamiento.