“Esto es un disciplinamiento a los bonaerenses”, sostiene Jorge D’Onofrio. Así define el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires la reciente decisión de Javier Milei que excluye a las líneas provinciales del beneficio del boleto integrado que aplica descuentos ante la combinación de viajes en colectivo. A raíz de este nuevo golpe, la Provincia decidió acudir a la Corte Suprema porque considera que la medida es ilegal.
“Hasta el domingo vamos a hacer las gestiones para que no suceda, pero hay que entender que el Boleto Integrado tiene partidas asignadas dentro del presupuesto nacional sostenido por impuestos que se pagan, por eso consideramos que es ilegal lo que hicieron como lo fue los del Fondo del Transporte”, detalla D’Onofrio a Buenos Aires/12.
Además, advierte que, por el contrario, la provincia de Buenos Aires no tiene contemplado en su presupuesto una partida para este beneficio. Esto viene aparejado que, por decisión del Presidente de la Nación de no tener un nuevo presupuesto para 2024, la provincia tampoco tiene el suyo renovado. “Por más que hoy estuviera la plata, la Provincia no tiene la herramienta jurídica para utilizarla”, señala.
¿Cuánta plata? “Son alrededor 5 mil millones de pesos por mes, un monto irrisorio dentro de un presupuesto nacional, no es que se consigue el equilibrio fiscal con esto”, responde D’Onofrio. Desde su mirada, el objetivo de Milei es castigar a quienes optaron por Axel Kicillof para gobernar la provincia de Buenos Aires. “Ya lo había dicho en un programa: si votaron un comunista que se banquen consecuencias”.
Las respuestas de D’Onofrio no quedaron ahí y también apuntó contra el último comunicado de la Secretaria de Transporte de la Nación donde se afirmó que la Provincia se había comprometido a hacerse cargo de los costos de sostener el Boleto Integrado. “Eso es una gran mentira”, indicó.
“Lo que le mandan a la Provincia son los costos de los subsidios de un mes a otro y nosotros prestamos conformidad a esos costos, pero en ningún lugar decía que ahí se incorporaba lo que tiene que ver con el boleto integrado”, remarca el ministro. Y agregó: “Con la Ciudad de Buenos Aires hicieron lo mismo y se los rechazó de la misma manera”.
El ataque a los bonaerenses
Según los datos del Ministerio de Transporte, la exclusión de la Provincia del Boleto Integrado hará que casi 2 millones de bonaerenses paguen un 25 por ciento más caro un viaje que demande dos colectivos desde el 1 de septiembre. Para quienes tomen tres para ir a trabajar o estudiar, el incremento rondará el 40 por ciento. Si son más, un 60 por ciento. “Nadie con plata sale a pasear en colectivo, ¿no?”, ironiza D’Onofrio en durante la conversación con este medio.
La razón de estos aumentos es porque el Gobierno nacional anunció que sólo estarán contempladas dentro del Boleto Integrado las líneas de jurisdicción nacional, que son 113, más los trenes que también están bajo la órbita administrativa de la Nación. Es decir, cuando se hagan combinaciones entre líneas de colectivos provinciales con nacionales, o bien, provinciales con trenes, el beneficio ya no corre.
Ese beneficio, establecido por el ministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, tuvo como premisa apaciguar los efectos inflacionarios de principios de 2018. Con la medida, quien empalme un segundo colectivo dentro de las dos horas siguientes a la que se bajó del primero, obtiene un 50 por ciento de descuento en la tarifa del segundo. Si toma un tercero, también dentro de las dos horas, el descuento es del 75 por ciento.
Pero con la decisión de Milei, tal como afirmaron desde la cartera de Transporte bonaerense, las más de 260 líneas provinciales no contarán con el beneficio. Tampoco las municipales. Esto significa, tal como remarca D’Onofrio, que sólo un 20 por ciento de las operaciones diarias en el AMBA recibirán los descuentos correspondientes porque sólo ese porcentaje realiza combinaciones entre líneas de jurisdicción nacional y trenes.
“Básicamente es el final del programa”, apunta D’Onofrio. En este sentido, agrega más datos. La cantidad de unidades que integran las líneas de jurisdicción nacional son alrededor de 7 mil. Las provinciales son 9 mil y las de CABA son 2 mil. Es decir, la probabilidad de sólo combinar dos nacionales es muy reducida.
El impacto se sentirá en los bolsillos de los 3 millones de usuarios de la Red SUBE en el AMBA. Y no será bajo, porque según los datos compartidos por el ministro, las 3 millones de tarjetas registran un promedio de 9 millones de operaciones diarias. Esto se traduce en un promedio de tres operaciones diarias por tarjeta. El índice aumenta en la medida que el usuario esté más alejado de CABA, por lo que, en la mayoría de los usuarios, el incremento de su gasto en transporte estará por encima del 50 por ciento.
Tal como viene contando este diario, tras nueve meses de gobierno de Milei, el boleto del colectivo se incrementó sistemáticamente. Las consecuencias de este proceso fueron, entre otra, que muchos bonaerenses opten por dejar el transporte público y caminar algunos trayectos o utilizar la bicicleta.
Durante la charla, D’Onofrio tira abajo otro argumento del comunicado de la Nación: la medida fortalece el federalismo. “Es una chicana y es falso”, afirma el ministro pilarense y miembro del Frente Renovador de Sergio Massa. La cuenta de D’Onofrio toma como ejemplo la situación de Córdoba o Rosario, donde el boleto mínimo cuesta entre 750 y 900 pesos. “Sucede que en esas ciudades vas de punta a punta de la ciudad en media hora con un solo bondi”, remarca.
Según detalla el funcionario provincial, en el AMBA el boleto mínimo cuesta 370 pesos. La segunda sección, es decir, el siguiente valor cuando se supera el viaje mínimo, es de 450. Entonces, con un promedio de entre dos o tres colectivos que se utilizan por usuario, el gasto por habitante es igual o superior al de un cordobés o un rosarino.
“La provincia de Buenos Aires tiene el 45 por ciento de la población del país, el 60 por ciento de la pobreza del país, produce el 44 por ciento del PBI del país pero, por coparticipación, recibe sólo el 22 por ciento de los recursos”, subraya D’Onofrio en sintonía con el constante reclamo de Kicillof. “Empecemos por ahí para hablar de federalismo”, apunta.
Subsidios, tarifas y jurisdicciones
El sistema de transporte de colectivos en el AMBA está atravesado por cuatro jurisdicciones que administran las líneas: Nación, Provincia, Ciudad y los municipios bonaerenses. Hay colectivos que atraviesan varias jurisdicciones durante su recorrido, lo que obligó a organizar las responsabilidades y criterios para determinar quien paga los subsidios a las empresas de transporte.
A lo largo de las décadas, esta configuración del mapa de los ramales derivó en el actual esquema de subsidios a la tarifa. Una tarifa que define la Nación a partir de considerar cuatro variables: el precio del gasoil, los salarios, el costo del material rodante y sus repuestos, y el monto que se destina a los subsidios. Es una decisión que nace para equilibrar los viajes y que no haya un boleto para ir de Pompeya a Retiro y otro para ir de Lanús a Pompeya.
Una vez que se define la tarifa, cada provincia determina cuanto debe aportar de subsidios en su jurisdicción. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el mes pasado fueron 72 mil millones de pesos para la región del AMBA. Pero, además, debió desembolsar más de 10 mil millones a lo largo de todo el primer semestre del año luego de que la Nación, en febrero de este año, decidió cortar con el Fondo Compensador del Transporte, lo que posibilitaba aminorar lo que debía gastar la Provincia en el interior bonaerense.
Hoy en día, el gobierno de Kicillof abona la totalidad del subsidio a las líneas provinciales. Esto, advierten en el ministerio, es diferente en CABA que cuenta con un aporte nacional. “Lo que tendría que pasar es que se debe poner en funcionamiento el Ente de Transporte Automotor, un organismo tripartito para definir la tarifa, los subsidios y los costos”, explican desde el ministerio bonaerense.
Se trata de un ámbito que tiene fuerza de ley pero que nunca se pudo implementar. De esta manera, se evitarían los conflictos interjurisdiccionales.
