La Policía Federal reprimió este miércoles a un grupo de jubilados y jubiladas que movilizaban frente al Congreso de la Nación ante el inminente veto del presidente Javier Milei a la ley que eleva las jubilaciones y modifica la fórmula de actualización de los haberes de acuerdo a la inflación.

Según relataron los manifestantes y tal como muestran las imágenes, pasadas las 16 los efectivos comenzaron a empujarlos para que suban a la vereda, en cumplimiento del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, y luego comenzaron a reprimir con gases y palos. "Nos echaron gas pimienta en la cara, es una locura esto", sostuvo en declaraciones televisivas uno de los jubilados presentes en el lugar.

 

 

 

"Tengo 75 años, viví la época de Videla y esto ya parece lo mismo, nos tiraron gas en los ojos, es tristísimo", añadió otro jubilado, que tuvo que ser atendido por haber sido rociado con gas en la cara. "Tengo 80 años, quiero morir de pie, no de rodillas", dijo otro de los manifestantes.

"Esto es una vergüenza. Nosotros somos trabajadores, toda la vida hemos trabajado. ahora este ladrón dice que el país se va a fundir porque nos da un miserable aumento de 20 mil pesos. Eso es todo mentira. ¿Quién puede creer esa barbaridad? ¿Quién puede vivir con 10 mil pesos por día, si tenemos que comer y comprarnos remedios?", cuestionó un jubilado en declaraciones televisivas. 

"Todos los miércoles hay una movilización y nunca hay problemas. Hoy hubo una decisión de la policía de tomar una actitud distinta a la que tienen todos los miércoles", señaló, por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Germán Martínez, también presente en el lugar.

El diputado de Izquierda Nicolás del Caño, en tanto, coincidió en que "hay una disposición de parte del Gobierno (para reprimir), porque acá está la Policía Federal, cuando siempre está la Policía de la Ciudad. Vino la Federal porque hay una movilización contra el veto anunciado por el Presidente contra la ley jubilatoria que ya salió en las dos Cámaras", afirmó. 

La movilización, que comenzó a las 15 frente al Congreso e incluye una convocatoria a marchar hasta Plaza de Mayo a partir de las 17, es impulsada por varias organizaciones de jubilados que se oponen al veto presidencial que Javier Milei anunció que firmará para dejar sin efecto el aumento de haberes previsionales fijado por el Congreso.

“El aumento al que se opone el gobierno es muy pequeño, son 17 mil pesos que no resuelven los problemas que tenemos los jubilados; aún así, tenemos que evitar que sea vetado”, dijo Marcos Wolman, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina.

Wolman cree, como en todas las agrupaciones de jubilados, que ”el Gobierno está llevando al desfinanciamiento del sistema previsional”.

“Su plan es marchar hacia la privatización del sistema, lo vimos en la Ley Bases, en el DNU y en el Pacto de Mayo, que propone una reforma previsional. La privatización de las jubilaciones, volviendo al modelo que fracasó en los ‘90, no es solamente un tema de Milei, sino parte de una tendencia en todos los países de latinoamérica: ayer hubo una movilización en Perú y en Uruguay lo está plebiscitando”, advirtió.

Entre los convocantes a la marcha a la Plaza de Mayo, cuya consigna es "No al veto de Milei y Macri a la movilidad jubilatoria", están el Encuentro de Jubilados y Asambleas Barriales, Jubilados del Frente Grande, Jubilados Independientes, Plenario de Trabajadores Jubilados, UJEL, Jubilados en Lucha, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, Confederación de Jubilados de la República Argentina, Jubilados Clasistas, Agrupación Germán Abdala Ate Capital, MJL Conat, Jubilados de Izquierda, Jubilados Insurgentes y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la Argentina.

Participaban también asambleas barriales, organismos de derechos humanos, movimientos estudiantiles, organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, sindicatos combativos y referentes del Frente de Izquierda Unidad.

La marcha, además de protestar contra el anunciado veto presidencial, también está pensada para impulsar la campaña de firmas contra el ajuste del sistema previsional. “Es importante que la sociedad se entere de cómo el Gobierno va desfinanciando las jubilaciones. Está disminuyendo los aportes previsionales, sacan el impuesto al dólar PAIS, que en un 60% iba a ANSES y en otro 10% a PAMI. El aumento del desempleo y del trabajo en negro también desfinancia al sistema, porque la cantidad de trabajadores aportantes por cada jubilado disminuye. Todo esto está sucediendo mientras la jubilación mínima cubre apenas un tercio de la canasta de pobreza”, lamentó Wolman.

Ley de movilidad jubilatoria

El jueves pasado, el Senado aprobó con 61 votos afirmativos y 8 en contra el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1% y pliega el índice de actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC), una iniciativa que ya había tenido la media sanción de la Cámara de Diputados.

Tanto en Diputados como en el Senado, la aprobación de la ley fue con más de los dos tercios de los votos presentes, y esa es justamente la cantidad necesaria para que el Congreso revierta un eventual veto presidencial y deje firme una ley, más allá de los deseos del Ejecutivo.

Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del año anterior. De esta manera, aunque muy de a poco, abre la posibilidad de una recomposición a largo plazo de las jubilaciones, instancia bloqueada por el decreto firmado por el gobierno de Milei.

A su vez, dispone que la ANSES "garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09".

También instruye a ese organismo a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".