El directorio de IOMA decidió, por unanimidad, dar de baja el convenio por prestaciones que lo unía a la Federación Médica de Buenos Aires (FEMEBA), en una decena de municipios de la región centro, por una sumatoria de incumplimientos, que van de cobros indebidos a demoras en la atención y negativa a aceptar los mecanismos de trazabilidad y control.
La medida, adoptada a través de la resolución 2024-2882, con fecha del lunes pasado, alcanza los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco, Colón, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem y Rojas, en los que el instituto tiene una población estimada en 80 mil socios, y entra en vigencia el próximo domingo 1ro de septiembre.
Aunque el texto lleva la firma del presidente del Instituto, el Dr. Homero Giles, la medida fue acompañada tanto por el vicepresidente, Mariano Cardelli, como por los vocales Raúl Antonietti (representante de los trabajadores del sector administrativo), Mariana Molteni (representante de los trabajadores de la educación), Carlos Huarte (representante del personal policial) y Adelqui Del Do (representante del poder ejecutivo).
A partir de ahora, IOMA queda en condiciones tanto de contratar prestadores de manera directa como de realizar acuerdos parciales o particulares, con círculos médicos, clínicas o sanatorios.
A tal efecto, IOMA habilitó un formulario de inscripción en su página web oficial para que los médicos que anteriormente trabajaron bajo FEMEBA puedan inscribirse como prestadores directos de la obra social o a través de convenios con otros prestadores.
La decisión llega tras una serie de apercibimientos por parte del Instituto, que fueron sistemáticamente ignorados por esa regional de FEMEBA. Desde el Instituto subrayan que el conflicto, y la consecuente rescisión, se circunscriben estrictamente a esa regional y que no hay, por su parte, ninguna intención de escalarlo. "No es contra nadie sino en defensa de los recursos de los socios", explican.
Aunque hubo un cúmulo de razones, el detonante fueron los denominados “copagos” o “coseguros” que los profesionales o efectores de salud cobran a los pacientes, con el objetivo de mejorar sus honorarios.
Muchas veces, estos cargos, no contemplados en el convenio, terminan funcionando como barreras de acceso al servicio y causando gran irritación entre los pacientes que deben afrontarlos. Esto ocurre, especialmente, en situaciones económicas críticas.
“Los coseguros acá no eran ni de mil ni de dos mil pesos. En algunos casos, llegaban a los ocho mil. Mucha plata para cualquiera que vive de un sueldo”, informa al respecto una fuente local que observó cómo se sucedían las demandas por este tema en los últimos meses.
Sin embargo, existe otro punto de controversia, vinculado a los mecanismos de control y auditoría. A lo largo del último año, la gestión del instituto ha intentado, por distintas vías, incluyendo el pago de un adicional, que los profesionales, a través de sus federaciones y círculos, adhieran al uso de herramientas electrónicas de control, que reducen drásticamente la posibilidad de fraude, sobrefacturación o sustituciòn de identidad.
El caso más evidente es el del token o clave que el sistema envía al teléfono del paciente cuando este ingresa a la consulta médica, con la cual acredita su identidad. Es el mismo sistema que usan la mayoría de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, que reemplaza a la anterior firma en papel y permite un control más eficiente del gasto médico.
Si bien esta implementación generó resistencias generalizadas, en ninguna regional hubo una negativa tan sistemática como la de estos municipios del centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, que motivaron la rescisión por parte de IOMA. La bronca tiene que ver con que, en muchos casos, los mismos que se dejan auditar por otros financiadores, se niegan a que los audite IOMA.
Por último, había un reclamo generalizado por las demoras y las dificultades para conseguir turnos de atención en consultorios, que según la especialidad solicitada, podían tardar tres o cuatro meses. Sin embargo, cuando el mismo interesado se disponía a pagar la consulta como paciente privado, la agenda del profesional se liberaba mágicamente.
Una vez más, FEMEBA cuenta con el apoyo político de un sector del radicalismo. En esta ocasión, fue el senador Agustín Maspoli quien se manifestó. “Una vez más como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, debemos pronunciarnos frente a una situación que nos preocupa dado que son alarmantes las consecuencias que acarrea la crisis estructural que atraviesa IOMA”.
“Esta decisión del directorio provoca incertidumbre y malestar entre las personas afiliadas a IOMA ya que el cese de dicha prestación significa la falta de acceso a personal médico de distintas disciplinas”, concluyó, sin expresarse sobre los motivos de la medida.
Antecedentes
IOMA y FEMEBA están unidas por un convenio que data de 1959, por el cual la federación centraliza y administra la facturación y cobranza de los profesionales de distintas especialidades que prestan servicios al instituto. Actualmente, son alrededor de 10 mil.
En abril pasado, IOMA expuso públicamente que FEMEBA retiene de manera abusiva una parte más que considerable de los fondos que IOMA le deposita y deberían tener a los profesionales como destinatarios.
“Este accionar de rezago de los honorarios para las y los médicos y de no implementación de los aumentos en tiempo y forma, entendiendo el costo de oportunidad del dinero le generó a FEMEBA un excedente superior a los 3.756 millones de pesos. Esta ganancia es inexplicable para nuestra institución porque es por encima de los costos establecidos por la Federación, entre ellos, consultas y prácticas realizadas por los profesionales médicos, impuestos y gastos administrativos”, sostuvieron entonces, a través de un comunicado.
En ese momento, Buenos Aires/12 pudo confirmar que la noticia de la rentabilidad extraordinaria de FEMEBA abrió un frente de conflicto entre la cúpula de la federación y muchos de los profesionales que la integran y facturan su trabajo por su intermedio. En las próximas semanas, la cantidad de profesionales que se inscriban como prestadores directos ofrecerá una dimensión del malestar preexistente.