Manuel García-Mansilla defendió ante la comisión de Acuerdos del Senado su pliego como candidato a ocupar un poltrón de la Corte Suprema de Justicia para el que fue promovido por la Casa Rosada para reemplazar la vacante que en diciembre dejará el supremo Juan Carlos Maqueda. El abogado elegido por Javier Milei que se desempeñó siempre en el ámbito privado, ligado a los grandes estudios jurídicos del país y defensor de las principales compañías petroleras, enfrentó las preguntas de los senadores en el marco de las audiencias públicas donde cosechó más impugnaciones que adhesiones a su candidatura. García-Mansilla tuvo que dar explicaciones sobre su enfática disertación contra el derecho al aborto en 2018, cuando se discutía en el Congreso la ley durante en la gestión de Mauricio Macri: el candidato a cortesano recurrió a una explicación técnica para intentar zafar de su polémica postura. Un atajo que también utilizó para evitar pronunciarse sobre otros temas jurídicos con la excusa que “estaría prejuzgando” por tratarse de cuestiones cuyas definiciones están en manos del máximo tribunal.
La IVE
Una de las escasas intervenciones públicas que se conocen de García-Mansilla fue su postura contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “La Convención Interamericana de Derechos Humanos impide la legalización del aborto en la forma que el proyecto propone” y que “el proyecto choca frontalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño”, dijo en 2018 el abogado, quien pidió entonces a los senadores que no se “convalide un atropello a nuestro sistema constitucional”.
Ayer, senadores del kirchnerismo y el radicalismo le preguntaron cuál sería su postura si la Corte tuviera que definir la constitucionalidad o no de la ley 27.610 (IVE), una propuesta que insinuó el propio Milei. “Las leyes vigentes se tienen que cumplir”, afirmó el candidato pero abrió un manto de dudas sobre su postura de fondo, ya que manifestó que la norma choca con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
"Hay que distinguir entre despenalización y legalización", insisto Mansilla y continuó: “Es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando”. “Hay 13 constituciones provinciales que consideran el derecho a la vida y habría que hacer un análisis de compatibilidad con esas constituciones”, agregó.
Luego ensayó una defensa personal para lo que definió como un “prejuzgamiento” en su contra. Justificó que sus posiciones en el debate de 2018 las hizo como “académico” sobre un proyecto que estaba en debate, que no corresponde a una postura “confesional” y negó ser parte del Opus Dei ni de ninguna otra orden religiosa, a pesar a sus aceitados y conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia y su condición de actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
Diversidad, negacionismo y represión
Ante la consulta sobre las manifestaciones del ministro de Justicia en diputados, donde este martes Cúneo Libarona rechazó "la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología son inventos subjetivos", Mansilla intentó desmarcarse. Dijo que no pudo verlas porque estaba abocado a su preparación para la audiencia de ayer pero terminó por contradecir al ministro: “En nuestro sistema constitucional las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales en caso concreto que amerite eso. Pero los jueces no puede obviar las leyes vigentes”, afirmó.
Luego que su bancada de Unión por la Patria repudiara el acto realizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado, donde se comprometió a empujar la reapertura de “todas las causas de víctimas del terrorismo”, la senadora Juliana Di Tullio pidió precisiones al candidato sobre delitos cometidos en la década del ‘70. “¿Son prescriptibles?”, le preguntó. “Entiendo que sí”, fue la respuesta de García-Mansilla.
Di Tullio también quiso saber su opinión sobre una potencial ley para tipificar el delito de negacionismo. “Me hace una pregunta complicada”, arrancó el candidato a supremo. “Nuestro sistema constitucional tiene una protección muy robusta de la libertad de expresión. Hay delitos que se tipifican en países europeos que tienen una concepción distinta de la libertad de expresión”, agregó antes de diferenciar una postura personal de los jurídico: “Tengo sangre judía, entiendo perfectamente bien lo que es el genocidio y el negacionismo en otro contexto. Desde lo jurídico, la protección a libertad de expresión es muy robusta. El Congreso estaría sancionando una ley y habría que ver el detalle, que podría llegar a colisionar. Algunas de las expresiones podrían implicar un delito; otras, tal vez, no”.
La senadora kirchnerista tomó otra postal de la realidad –la brutal represión que minutos antes recibieron en las puertas del Congreso los y las jubiladas que protestaban contra el veto de Milei a la nueva movilidad jubilatoria —y le preguntó a Mansilla su opinión sobre el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. “No puedo adelantar mi opinión sobre si es constitucional o no esta medida. Le marco que el derecho a la protesta es constitucional y puede ser objeto de regulación, que debe ser razonable”, respondió escuetamente el candidato.
Dolarización, RIGI, petroleras y DNU
García-Mansilla respondió preguntas a lo largo de casi siete horas. Los temas económicos también formaron parte del cuestionario. Entre ellos, el candidato cuestionó a quienes tacharon de "inconstitucional" la dolarización y que los argumentos esgrimidos “no eran necesariamente atendibles”. "Quienes dijeron que al dolarización era inconstitucional obturaron una discusión sobre un tema importante y desecharla de plano no fue correcto", dijo y agregó: “Una de las cuestiones que planteamos es que hay que tener una teoría sobre como interpretar las atribuciones y los mandatos de la Constitución Nacional”. Aunque evitó abundar porque "para poder opinar hay que ver el proyecto".
Ante la consulta de la senadora Anabel Fernández Sagasti (UP) sobre el RIGI, respecto a los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, García-Mansilla manifestó: “Ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución. Una ley del Congreso no puede dejar sin efecto lo que establece ese artículo. La Constitución pesa más que una ley y eso es clarísimo”. Oscar Parrilli (UP) lo interrogó entonces por su relación con una cámara de hidrocarburos, Mansilla dijo que cumplirá a “rajatabla” con las normas de recusación que le impedirían pronunciarse sobre un conflicto en el que se lo considere parte. “Lo haré sin ningún tipo de problema”, remarcó.
García Mansilla hizo un máster en Georgetown University (Estados Unidos), donde presentó una tesis crítica sobre el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Argentina. Sin embargo evitó pronunciarse por el DNU 70723 de Milei que desregula toda la economía. El candidato dijo que no puede “opinar en particular sobre un DNU que está siendo judicializado” y que aplicaría “el mismo criterio” explicado más temprano, que lo presumiría “inconstitucional”. Y destacó que “el Estado tendría que acreditar que estaban las condiciones para poder considerarlo válido”.
