Desde la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto, en diciembre de 2021, se logró un escenario de ampliación de derechos en materia de salud sexual y reproductiva. El proyecto Mirar lanzó su Reporte anual “Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales”: en 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema de salud público, en su mayoría realizados con medicamentos y antes de la semana 12 de gestación.
Ese mismo año, la tasa nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue de ocho abortos cada 1000 mujeres. Las tasas más altas se registraron en San Luis y Jujuy. Los datos son parte del último informe que presentó el proyecto mirar sobre la implementación de la Ley 27.610, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health.
Según muestra el reporte, el acceso oportuno al aborto, con tecnologías adecuadas, con equipos capacitados y con menos estigmas y barreras se traduce en una mejora para el bienestar, la salud y la vida de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Ello se observa, por ejemplo, en la disminución de las muertes por aborto que se dio especialmente a partir de la sanción de la ley, al igual que los fallecimientos de mujeres por causas indirectas, ocasionadas por enfermedades preexistentes que se agravan por el embarazo.
“Este comportamiento lleva a hipotetizar que un entorno normativo más habilitante, como el que se da al despenalizar social y legalmente la interrupción del embarazo, permite la búsqueda de atención más temprana y prácticas más seguras en las instituciones”, dijo Mercedes Krause, socióloga e investigadora del CEDES e IIGG-UBA.
Desde la sanción de la ley se duplicaron los servicios de salud que garantizan abortos en el país, aunque es muy variable la cantidad de instituciones según las provincias, con un rango que varía entre provincias que tienen entre 2 y 4 servicios de IVE ILE cada 100.000 mujeres (Chaco, Santiago del Estero y Tucumán), y provincias que tienen entre 53 y 57 servicios de IVE ILE cada 100.000 mujeres (La Pampa y Mendoza). Además, en 2023 la gestión nacional distribuyó 166.164 tratamientos para el aborto con medicamentos, cuando en 2020, previo a la legalización, fueron 18.590.
Menos embarazos en la adolescencia
Según cuenta el proyecto Mirar, se registró un descenso de magnitud inédita en América Latina de los embarazos de las niñas de 10 a 14 años. La reducción fue del 57 por ciento para ese rango etáreo, mientras que en las adolescentes de 15 a 19 años disminuyó en un 50.
“Este comportamiento es, en buena medida, resultado de la aplicación de políticas públicas articuladas entre sí, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que fue desmantelado por el gobierno nacional actual, la Educación Sexual Integral (ESI) y la implementación de los servicios de IVE ILE”, explicó Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular del CEDES.
“A nivel nacional, se perdió la rectoría en la política de aborto, lo que exige una mayor incidencia y un trabajo más dedicado en las provincias y con las autoridades locales”, señaló Mariana Romero, médica, directora ejecutiva del CEDES e investigadora de esa institución y del CONICET. “Observamos que la gestión actual significó un giro rotundo en la agenda de las políticas de género y un contexto político, cultural y mediático en el que se reavivaron discursos conservadores radicalizados”, profundizó.
Esa situación se vio reflejada en el reporte anual del proyecto Mirar según los datos que brindaron 18 provincias, en el que también analizaron el escenario político y jurídico del acceso a la IVE ILE: ninguna autoridad nacional confirmó el compromiso con la continuidad de la provisión de insumos de salud sexual y reproductiva.
En el ámbito judicial persiste la tendencia a preservar la constitucionalidad de la Ley 27.610. Si bien entre 2018 y principios de 2024 se presentaron 38 demandas contra el derecho al aborto legal, 35 fueron resueltas a favor de mantener las normas vigentes y las tres restantes siguen pendientes de respuesta sobre su admisibilidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Es relevante señalar que si la Corte aceptara estas demandas, implicaría que se relajen los requisitos de ‘interés legítimo’ y ‘existencia de caso’. En consecuencia, cualquier persona podría solicitar la inconstitucionalidad de cualquier norma solo porque no está de acuerdo, sin tener una afectación directa de un derecho o un interés en juego”, señaló Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora asociada del CEDES.
Mirar es una iniciativa del CEDES junto a Ibis Reproductive Health. Desde 2020 monitorea la implementación de la ley de aborto en Argentina. “Recopilamos, producimos, analizamos y diseminamos información para la toma de decisiones y la incidencia con el propósito de mejorar el acceso y la calidad en la atención del aborto. Nos basamos en fuentes públicas de información del gobierno nacional y gobiernos provinciales, pedidos de acceso a la información pública, otros monitoreos e informes de la sociedad civil y estudios propios, con las limitaciones propias de la disponibilidad de datos en Argentina”, explican sus responsables.
Más información en www.proyectomirar.org.ar
