Los camioncitos de salud no pasan siempre; en algunos parajes son lentos para entregar los resultados de estudios a las adolescentes y mujeres que intentan cuidar su salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Son puestos sanitarios móviles que el Estado distribuye y que deberían garantizar la atención, pero ellas terminan sin conocer su estado de salud, y el acceso de las mujeres campesinas al sistema sanitario se convierte en una cadena de obstáculos, agravada por la sobrecarga en sus tareas de sostenimiento de la vida y por la ausencia de políticas públicas de cuidados. La descripción surge del informe “Campesinas, organización para la salud”, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que revela las desigualdades profundas entre las mujeres de poblaciones rurales y urbanas en el acceso a su salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, la primera evidencia del trabajo desarrollado durante 2023 en comunidades campesinas alejadas de las capitales de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy, y de la zona de Abasto, en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el Cinturón Hortícola Platense, es que muchas de las mujeres que habitan la ruralidad acceden al cuidado de la salud a través de las organizaciones campesinas.

“La Asociación Mujeres de la Tierra, en La Plata; el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI), en Mendoza, Jujuy y Misiones; y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE), son la condición de posibilidad para acceder a derechos”, confirma el estudio coordinado por Lucía de la Vega y realizado por Daiana Aizenberg y Agustina Bender, con la edición de Vanina Escales. “Con un Estado ausente o intermitente como el actual, las organizaciones elaboran sus propias estrategias para enfrentar las dificultades de acceso.”

El desafío de cuidarse

“El campo siempre se tiene que acercar”, lamenta Carolina, promotora de salud de Mujeres de La Tierra, en La Plata. Demanda que “los camioncitos” sanitarios del Estado “acerquen métodos anticonceptivos, mamografías, controles ginecológicos y también capacitaciones”. El trabajo de las promotoras de salud es vital en los territorios: en Jujuy y Mendoza hay trabajadores y trabajadoras golondrina, por lo que los chequeos precisan un abordaje sanitario específico. En Jujuy, los centros de salud recomiendan usar anticonceptivos de larga duración, como Implantes Subdérmicos (IS), DIU o ligaduras tubarias, y en Mendoza se articula el seguimiento con las promotoras de salud de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS).

“La última campaña para hacerse mamografías que recuerdan en Maimará se hizo en diciembre de 2022, en San Salvador de Jujuy. Se difundió por la radio y sacaban el turno por teléfono. Fue multitudinaria y llegaron desde las comunidades más recónditas”, precisa el informe. 

“Ese día pudieron atendernos a todas y fue genial, porque a veces vamos hasta San Salvador y nos dicen que nos pueden atender recién en uno o dos días”, recordó Sandra, una de las mujeres campesinas consultadas. Hoy, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable sigue siendo la garantía para un acceso gratuito y federal en hospitales y centros de salud a los métodos anticonceptivos disponibles.

Aizenberg y Bender se encontraron con escenarios desiguales y a la vez disímiles: en Quimilí, las mujeres ya no eligen los anticonceptivos inyectables mensuales o las pastillas anticonceptivas, porque en las salitas de la zona no pueden asegurar su continuidad. “Entonces el DIU o el implante subdérmico son los métodos más elegidos, además que tienen el plus de cubrir por más tiempo.”

Preservativos, no caramelos

En los centros de salud de la Quebrada de Humahuaca los anticonceptivos inyectables no están disponibles, no encuentran profesionales que sepan colocar el DIU, y solo cuentan con preservativos y anticonceptivos orales. En Jocolí, Mendoza, deben pedir los preservativos al efector de salud de forma personal, diciendo “caramelos”. “Eso disuade a muchos jóvenes por pudor, ya que las y los trabajadores de salud suelen ser sus vecinos”, señalan en la investigación, y agregan que el acceso a la salud preventiva “depende de la distancia a los centros de salud, de profesionales y turnos disponibles, de acceder a información sobre tratamientos y autocuidado”. Para la mayoría de las mujeres rurales, el traslado a un centro de salud “se realiza solo cuando una dolencia es grave, hay dolor o le resulta inhabilitante”. Si es leve, lo resuelven en el domicilio o consultando a familiares o amigas.

En la Argentina, el 54% de los CAPS son de administración provincial y el 45%, municipal. La mayoría recibe los medicamentos del programa Remediar, que cubre la demanda del 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención. “Con la asunción de un nuevo gobierno en diciembre de 2023 y la política sin certezas en la cartera de Salud, muchas provincias dejaron de recibir los medicamentos del programa o los reciben sin garantía de continuidad”, cuestiona el estudio.

Desde 2017 y hasta diciembre de 2023, cuando irrumpió Javier Milei como Presidente, el Plan de Prevención de Embarazo no intencional en la Adolescencia (ENIA) fue una política central, articulada entre los –también hasta diciembre de 2023– ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de la Nación. A partir de la implementación del Plan, los embarazos adolescentes bajaron un 57%. “Sin embargo, aún quedan 9 provincias con índices superiores al del promedio nacional y Misiones tiene la segunda tasa más alta, con el 52,4 por mil. La continuidad del Plan ENIA está en riesgo y en marzo de 2024 fue recortado drásticamente.”

Y si bien explican que cada provincia traza estrategias para acompañar a los y las adolescentes en su salud sexual y reproductiva, en algunos de los territorios relevados las escuelas no imparten Educación Sexual Integral (ESI) y la población también presenta resistencia. Las integrantes de la organización territorial Maquiwan, de Jujuy, contaron que los temas de sexualidad deben hablarse en la casa, aunque no todas las madres ni los padres se animan. “Hay que tener coraje para hablar con los hijos”, reconocieron. “En San Antonio, Misiones -remarca el informe-, las compañeras campesinas no recuerdan haber hablado de sexualidad o anticonceptivos con sus madres por el gran tabú que existía. Hoy en día tratan de hablar más con sus hijas e hijos.”

Parir, interrumpir

Disponer de un tratamiento anticonceptivo en común, la frecuencia de los controles ginecológicos, el seguimiento de los embarazos o las posibilidades de su interrupción e incluso el momento del parto, son algunas de las diferencias marcadas de la accesibilidad a la salud reproductiva entre la ciudad y en el campo. “Todo eso se transita distinto y con distintas estrategias”, subraya la investigación, diferenciadas entre lo que dice la ley, que es un paraguas amplio, y las maneras en que esos derechos se garantizan. “Los derechos están, pero poder acceder a esos derechos es una tortura”, confió Leti, de Quimilí.

En Quimilí, la falta de anestesistas en el hospital Dr. Bernardo Houssay hace que las ligaduras tubarias sean reprogramadas por tiempo indeterminado, y los partos derivados a La Banda. “Quienes deseen atenderse en su localidad y no cuenten con obra social no tienen más remedio que recurrir a la medicina privada.” Pese a la vigencia de la Ley de Parto Humanizado y de Protección Integral, las situaciones de violencia obstétrica son moneda corriente en clínicas y hospitales.

“Ser mujer, marrona y campesina es un orgullo para Susana, pero en el hospital de La Plata donde se atiende, son sesgos de discriminación: ´Te ven con esa tonada de que sos de provincia y te dejan de lado´. Más si son mujeres empobrecidas”, observan las investigadoras. “Sucedió también con la hija de Marta en Santiago del Estero, a quien le negaron la internación cuando comenzó su trabajo de parto. Su bebé falleció; a ella le realizaron un legrado y le dieron el alta.”

Para las comunidades rurales que colaboraron en la investigación, “la interrupción del embarazo es un tema que genera debate y aún está rodeado de estigmatización y sesgos”. Pero el aborto es una realidad cotidiana “y las organizaciones comunitarias son las que acompañan”. En La Plata, Mujeres de la Tierra tiene protocolos propios, realiza consejerías pre y post aborto, y articula con el Hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero. Las compañeras de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), en Mendoza, coordinan asambleas para hablar del aborto y de las experiencias traumáticas de la clandestinidad, y se organizan para acompañar a las que deciden no gestar.

Aquí, el área de Salud Sexual y Reproductiva trabaja desde 2018 con una resolución propia para garantizar la interrupción legal del embarazo, en articulación con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, si bien “en localidades como San Rafael, Malargüe o General Alvear, aún resulta difícil la institucionalidad de la norma” revela el trabajo. “Por eso el Programa Provincial de Salud Reproductiva adoptó como estrategia la articulación individual con la población mediante la línea 0800 y las capacitaciones presenciales recurrentes con el personal de salud, ya que la demanda espontánea no siempre era bien atendida y el monitoreo virtual resultaba insuficiente.”

La presencia del MoCaSE en Quimilí permitió el acceso a la interrupción del embarazo a muchas mujeres, por medio de consejerías o talleres de género. Previa a la sanción de la ley, en Jujuy funcionó una gran red de militancia en las consejerías locales. “En articulación con la Red de Profesionales por el derecho a Decidir y la agrupación de Socorristas en Red, aseguraron la aplicación de la ILE en la mayor cantidad de zonas de ese territorio.”

En el Hospital de San Antonio, en Misiones, como en tantos otros centros sanitarios del país, el equipo de salud es objetor. “Por lo tanto, quienes opten por interrumpir su embarazo deberán desplazarse hasta Pozo Azul, una localidad a 100 kilómetros de distancia”, concluye el trabajo. “La vigencia y cercanía de la Ley 27.610 todavía está atravesada por sesgos morales y religiosos que, en algunos casos, obstaculizan la apropiación de derechos conquistados. Aun así, las organizaciones sociales toman la decisión política de acompañar el plan de vida de sus integrantes.”

La investigación completa en www.cels.org.ar