El gobierno provincial presentó este jueves los detalles del proyecto de reforma previsional que comenzará a debatir la Legislatura santafesina. La iniciativa mantiene las edades de acceso a la jubilación, pero eleva los aportes del personal en actividad de manera escalonada: la alícuota –que hoy es del 14%– estará entre el 15,5% y el 21% según el ingreso percibido. Además se declara la emergencia en el sistema por dos años donde regirá un “aporte solidario” tanto para los beneficiarios de la Caja actual, como para el personal en actividad que ocupe un cargo de conducción política en la gestión. “La reforma viene a corregir una Caja que estaba totalmente descompensada, sin sustentabilidad y con una espiralización del déficit en curva ascendente”, explicó el ministro de Gobierno, Fabián Bastia. En tanto, para el ministro de Economía, Pablo Olivares, las modificaciones permitirán disminuir el déficit de la Caja en alrededor de un 30% durante el primer año. En Rosario, distintos gremios concentraron en rechazo “a la reforma regresiva” del sistema previsional y adelantaron que mantendrán el reclamo en las calles mientras se dé el debate en la Legislatura.
El mensaje ingresó este miércoles por la Cámara de Senadores de la Legislatura provincial y el jueves por la mañana Bastia y Olivares brindaron una conferencia de prensa donde repasaron los principales aspectos de la reforma previsional en debate. El proyecto fue elaborado por el Poder Ejecutivo en base al informe realizado por la Comisión de Análisis del Sistema Previsional que reunió a legisladores provinciales de ambas Cámaras, funcionarios y gremios, con el objetivo de analizar el estado de situación del régimen jubilatorio en la provincia. La ley presenta tres aspectos centrales: el régimen general, las modificaciones para el sector docente y policial, y las normas transitorias para el paso del viejo al nuevo sistema.
Finalmente, la iniciativa no modifica las edades jubilatorias que seguirán siendo de 60 años para las mujeres y de 65 para los varones, con 30 años de servicios. No obstante, para el caso en que el gobierno nacional defina un aumento en la edad jubilatoria, la reforma faculta al gobierno provincial a incrementar las edades hasta equipararlas. En caso que se dé ese escenario, la implementación deberá ser gradual.
Lo que sí se incrementa es la alícuota del aporte, que hoy es del 14% para todos los trabajadores activos de la Caja. El nuevo cálculo contempla aportes escalonados que van del 15,5% al 21% según el ingreso percibido. “Quien más gana, más aporta”, señalaron desde el gobierno. También se establece un tope de haberes para los pasivos, en el cual ningún jubilado podrá cobrar más de 20 jubilaciones mínimas. La explicación que brindaron respecto al tope es que, con el sistema vigente, se llegaron a pagar montos equivalentes a 32 jubilaciones mínimas.
En ese marco, el texto declara la emergencia del régimen previsional de los empleados públicos y funcionarios de la provincia por un plazo de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros dos más. Esa resolución establece un “aporte solidario” que los beneficiarios de la Caja realizarán mientras dure la emergencia, con descuentos que van del 2% al 6% en función de la jubilación o pensión percibida. Quienes perciban más de una prestación de la Caja realizarán el aporte sobre la sumatoria de los beneficios, mientras que aquellos beneficiarios que cobren beneficios por una cifra menor a dos jubilaciones mínimas, quedarán exentos del aporte solidario. En el caso de los activos, el aporte solidario alcanzará a quienes ocupen un cargo de conducción política o de gabinete y que hayan ingresado al Estado después del 11 de diciembre de 2023, es decir, durante la actual gestión. El descuento será del 2,77% del sueldo y por tres años.
Por su parte, los docentes podrán acceder a la jubilación a los 60 años de edad y acreditando 30 años de servicio. Al mismo tiempo, también podrán jubilarse a los 57 años, y con 30 años de servicio, quienes hayan estado frente a alumnos con 30 horas cátedras o se desempeñen en cargos directivos o de supervisión. Las modificaciones también alcanzan al régimen policial, donde además se propone que el sistema de aportes vaya del 17% al 20% de la remuneración, según el cargo y la institución en la que presten su servicio.
Respecto a las disposiciones transitorias, se fija que los trámites de jubilación en curso al momento de publicarse la ley, serán analizados por la Caja y, en caso de obtener dictamen favorable, podrán acceder al beneficio anterior. Sin embargo, aquellos trámites “que fueron paralizados por voluntad del beneficiario por más de seis meses” accederán al beneficio con el régimen jubilatorio vigente al cese de la prestación de servicios.
“Es un proyecto basado en los valores de justicia, equidad y progresividad en los aportes y los esfuerzos. La reforma viene a corregir una Caja que estaba totalmente descompensada, sin sustentabilidad y con una espiralización del déficit en curva ascendente”, señaló Bastia. “Lo que estimamos con esta reforma es que en un primer tramo del primer año disminuiremos el déficit entre un 25% y un 30% y que esa función tienda primero a desacelerarse y luego decrecer en el largo plazo”, añadió Olivares.
El grito de los gremios
Este lunes, en sintonía con el anuncio, un grupo de gremios concentraron frente a la sede local de la Caja de Jubilaciones de la provincia, en Brown 2262. Agrupaciones como ATE, Amsafé y Sadop rechazan el proyecto que, según explican, avanza contra derechos adquiridos por los trabajadores. Las principales críticas apuntan a que la reforma no garantiza el 82% móvil para todos los sectores, una reducción de los haberes con la suba de los descuentos y al “reclamo pasivo” del gobierno provincial ante la deuda que mantiene Nación, que de pagarse ayudaría en el financiamiento de la caja.
“Todos los gobiernos que han pasado quieren que el ajuste recaiga sobre los trabajadores y trabajadoras y no se tienen en cuenta las condiciones de trabajo que son cada vez peores. Por eso estamos en alerta y movilizados el día que se trate, para que esto no salga”, sostuvo Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario. “¿Cuál es el beneficio para los docentes de esta supuesta sustentabilidad de la caja? Que nos van a descontar más en actividad y cuando estemos jubilados; y que el 76% se va a contemplar solamente de las cifras que son remunerativas y bonificables. Quiere decir que esta extorsión del presentismo que Pullaro les paga a los maestros no computa para las jubilaciones. Es perverso”, cuestionó Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario.
