Además de topadora y mazazos, el gobierno le sumó ayer albañiles para tapiar y dejar inhabitable dos viviendas vinculadas al crimen organizado, en lo puntual, al asesinato de Bruno Bussanich, el empleado de la estación de servicios de Mendoza al 7600, en aquella primera semana de marzo y de espanto, en la que también cayeron bajo las balas de una mafia carcelaria dos taxistas y un colectivero, como forma de intimidación pública y mensaje al Ejecutivo provincial.

Calle Provincia de Misiones al 2100 y al 2200. Barrio Santa Lucía. Por imperio de la Ley de Microtráfico, las autoridades dispusieron la anulación de esos inmuebles con un muro, como forma y símbolo de erradicar de allí un foco de delito y violencia.

En uno de esos domicilios residía Axel Uriel Rodríguez, quien estaba en prisión domiciliaria y con tobillera electrónica, pero a cargo de planificar dos atentados encargados de aquel plan terrorista urdido desde prisión por el delincuente Alejandro Núñez, alias Chuky Monedita. Quien le transmitió la orden fue la pareja de Chuky, Brenda Pared. Ambos están presos e imputados por este homicidio y también por el de los taxistas Héctor Figueroa, en Flammarión y Lamadrid, y el Diego Celentano, la noche siguiente en barrio Saladillo; además del colectivero Marcos Daloia, dos días después en Mendoza y Guatemala.

La otra casa, en Misiones al 2100, de dos plantas precarias y bajo la avenida Circunvalación, había sido usurpada y habitada por José Mauricio Maturano, quien se encuentra prófugo desde entonces, pero identificado como uno de los que perpetró el asesinato del colectivero, al llevar en su moto al sicario, ya detenido, Axel Herrera, y recogerlo luego de haber ejecutado el homicidio. Quien era su pareja hasta entonces, Joana García, está presa e imputada por haber llevado desde su casa hasta la casa de Rodríguez la pistola que se usó para asesinar a Bussanich. Quien la recibió fue Dylan, un adolescente a quien le encargaron el crimen y que luego se entregó a la Justicia y reveló toda la trama detrás de esos crímenes de terror que asolaron la ciudad y fueron noticia a nivel país.

Respecto del pedido de captura pendiente sobre Maturano, el fiscal de Homicidios Adrián Spelta indicó que "la investigación está encaminada; no sería apropiado dar algún dato preciso, pero estamos muy cerca de dar con él".

También estuvo el secretario de Seguridad, Omar Pereira, para supervisar la tarea de inutilización de los inmuebles. “Esto es icónico, hoy son estas dos viviendas que representan lugares simbólicos por tener que ver con estas circunstancias dolorosas en meses anteriores. Aquí se preparó el terrible asesinato del joven en la estación de servicios. Acá se lo trajo al menor, se lo proveyó del arma y de acá salió a matar”, indicó Pereyra.

Spelta explicó que la autorización judicial se libró para inutilizar las viviendas con una tapia, y no para derribarlas hasta tanto no quede elucidada la situación dominial de ambos inmuebles. "No se trata de un derribo, sino de un tapiado e inutilización del lugar debido a que es un espacio clave para el trabajo de la justicia", señaló el jefe de los fiscales de Homicidios.

Pereira encuadró la acción de ayer en un plan para inutilizar otros 27 inmuebles copados por bandas de narcomenudeo y violencia callejera. "Son puntos de venta de estupefaciente que están relevados, pero hay muchísimos más. La ley de microtráfico nos apoya esta tarea", señaló.