F. es una joven madre de 26 años, oriunda de la localidad de Urundel, que se encuentra con prisión domiciliaria desde hace varios meses en Atocha, San Lorenzo, imputada por matar a su pareja el 24 de marzo último. La abogada de la fundación Cielos Libres, Sandra Bonari, que representa a la joven, pidió el sobreseimiento esgrimiendo que durante la investigación penal se probó que actuó en legítima defensa cuando el hombre la estaba ahorcando en un contexto de violencia de género.

El fiscal Gabriel González mantiene la imputación por el delito de homicidio agravado por el vínculo de pareja. En abril pasado la jueza de Garantías Claudia Puertas le otorgó a F. el arresto domiciliario en la vivienda de su hermana en la localidad de Atocha, vecina a la ciudad de Salta. Para esta decisión tuvo en cuenta, entre otras leyes vigentes, la Convención Belém do Pará, y dijo que de la investigación surgen elementos que podrían hacer suponer que la joven era víctima de violencia de género.

F. es madre de dos niños y una niña que se encuentran en Urundel, bajo cuidado de la abuela paterna. El hombre al que mató en defensa propia, según su relato, se llamaba Álvaro Cáceres, tenía 29 años, era de El Talar, del departamento Santa Bárbara, en Jujuy. 

La pareja convivió un tiempo con los niños y la niña en el pueblo jujeño. En marzo, F. y Cáceres estaban residiendo de forma reciente, sin los hijos de ella, en un inquilinato de Finca Verbena, en la zona oeste de la ciudad de Salta, a donde él se mudó en busca de oportunidades de trabajo.

En la madrugada del 24 de marzo último, Cáceres regresó al inquilinato "después de haber estado tomando todo el día, le pide (a F.) que le sirva la comida. Estaban en la mesa sentados. Él le hace una escena de celos, empieza a agredirla, le pega una trompada en la cabeza y la comienza a ahorcar. Ella agarra el cuchillo (estaban comiendo) y sin mirar, porque le estaba faltando la respiración, es zurda, hace un movimiento con tan mala o buena suerte que justo le da en el corazón y él se muere de una sola puñalada", detalló Bonari.

La abogada dijo que los hijos y la hija de F. declararon en Circuito Cerrado de Televisión que eran víctimas de violencia intrafamiliar ya que el padrastro les pegaba y también golpeaba a su mamá.

La fiscalía envió una comisión especial de investigación a El Talar, allí obtuvo testimonios de vecinas de la pareja y del personal de la escuela local. "Las vecinas cuentan de la violencia verbal que presenciaron de él para con ella, los insultos que le daba, y además que les pegaba a los niños, al más chiquito, con un cinto y un rebenque", señaló la defensora.

Dijo que la abuela paterna contó lo mismo. "Los niños le contaron a la abuela y después declararon en Cámara Gesell exactamente lo mismo". Contaron que "Cuchi", el apodo de Cáceres, "la violentaba a su mamá, le pegaba y que les pegaba a ellos con palos, con cañas, con palos con espinas y 'con eso para pegar a los caballos', que aparentemente sería un rebenque. Uno de los niños también cuenta que ella perdió un embarazo por las discusiones, 'por los regaños' de él, que era muy celoso y que le hacía muchas escenas de celos a su mamá. Todo eso pasó mientras vivían en El Talar", detalló Bonari.

Asimismo, "La maestra de los niños cuenta, por ejemplo, en El Talar, que un día la citaron a F. porque la hijita estaba muy triste, no hacía bien las tareas y la notaba muy preocupada, y cuando quería mandarla a la casa no quería regresar al domicilio. Entonces la citaron a F. y ella llegó con él, y la maestra cuenta que él era sumamente posesivo, que era el que tenía la palabra", agregó.

Además, la abogada indicó que cuando se hizo la inspección ocular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, la escena de los hechos, "la mesa, el cuchillo, todo", la cena servida, coincidía con el relato de F. También recalcó que la joven no tenía la intención de matar a su pareja, y que fue ella quien pidió ayuda a los vecinos y la ambulancia.

Bonari indicó que el informe toxicológico de Cáceres reveló que tenía alcohol en sangre "y además habla de vestigios de cocaína". "Un muchacho que estaba tomando con él y  la pareja (otra vecina), antes de que sucedan los hechos, cuentan que él la celaba mucho a F. y que ella no trabajaba porque no la dejaba trabajar", subrayó. 

Un cuerpo que habla 

"Su cuerpo es la gráfica, la fotografía más evidente de la violencia de género", dijo Bonari en referencia a F. Contó que al ser revisada, cuando la detuvieron por el homicidio, la joven tenía marcas de ahorcamiento en el cuello, que eran recientes, y otras lesiones anteriores que adujo eran producto de mordiscones del hombre en los brazos, piernas, torso y espalda. "Nadie en su sano juicio se puede morder a sí mismo de la forma de las mordeduras que tenía hasta en la espalda", mencionó Bonari.

La abogada pidió que se aplique perspectiva de género para resolver este caso. "Esto significa que se analicen las pruebas desde ese lugar y no permitir que siga sufriendo", señaló. F. se encuentra conviviendo con la hermana que trabaja de empleada doméstica, por la prisión domiciliaria la joven no puede trabajar y eso a su vez le impide reunirse con sus hijos porque no los puede mantener. 

"Lo que ha hecho es defenderse, de una tentativa contra su vida, porque la lógica y el sentido común nos dice que si él no hubiera muerto, él estaría respondiendo por la tentativa de homicidio (contra ella por haberla ahorcado)", sostuvo la defensora. 

Bonari, que además fue jueza de la Corte de Justicia de Salta y estuvo a cargo de la Oficina de Género, consideró que se debe tener en cuenta la recomendación N°1 de MESECVI, del Comité de Expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém Do Pará, que habla precisamente de la legítima defensa de las supuestas victimarias que en realidad son víctimas de violencia y la necesidad de la perspectiva de género.

La abogada dijo que no hay casos de sobreseimientos ante imputaciones similares en esta instancia, aunque consideró que con la cantidad de pruebas producidas hasta ahora, su defendida no debería tener que esperar un juicio, porque se ha evidenciado la legítima defensa. 

"Hay un caso que siempre se cita como un leading case nacionalmente hablando, que es el caso de María Cecilia Leiva en Catamarca en el 2011. Fue absuelta después de llegar a la Corte Suprema y por el voto de Elena I. Highton de Nolasco y Carmen M. Argibay. Una mujer que se había defendido y era tan terrible el caso porque él la tenía encerrada, la tuvieron que sacar de adentro. Ella gritó después de que le dio la estocada al marido y la tuvieron que sacar porque no tenía la llave de su casa. Y, sin embargo, estuvo muchos años (detenida) hasta que por el voto de estas dos grandes, que lamentablemente ya no están en la Corte, se logró su libertad y su absolución. Pero obviamente después de muchísimo tiempo", sostuvo Bonari.