La Cámara de Senadores de Salta dio ayer sanción definitiva a la ley de adhesión de la provincia al Título VII de la ley nacional 27.742, Ley Bases, que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El cuestionado incentivo libertario para las grandes empresas fue aprobado por casi la totalidad de los senadores y senadoras, con los únicos votos en contra de los dos del bloque Todos, Walter Wayar y Manuel Pailler, representantes de los departamentos Cachi y San Martín.
La Cámara alta aprobó también, y esta vez por unanimidad, la adhesión a la ley nacional de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que habilita la posibilidad de subir las regalías mineras hasta el 5%.
El tratamiento de la adhesión al RIGI provocó, como había ocurrido en Diputados, discursos contradictorios en la mayoría de los legisladores que la defendieron. Lo que se conoce como tragarse un sapo. Empezó con el senador por La Caldera, Miguel Calabró, encargado de presentar el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial y que ya venía con media sanción de Diputados.
Calabró pidió que la adhesión al RIGI y a la posibilidad de subir las regalías se trataran en conjunto.
Repasó que el Senado consultó a referentes de los sectores involucrados por el RIGI, que prevé beneficios aduaneros, tributarios y cambiarios para las inversiones superiores a 200 millones de dólares. Los directamente interesados, se entiende, porque estas leyes involucran a toda la población en realidad. La Cámara de Minería, la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos y Mineros de la Puna, la Cámara de Proveedores, entre otras, se pronunciaron a favor.
Enseguida Calabró pasó a las contraindicaciones. Dijo que el proyecto es "por sí o por no", se adhiere o no. Pero, “hay cosas con las que no estamos del todo de acuerdo dentro del marco general de la ley”, agregó. "Hay cosas que no nos gustan", ratificó.
El senador recordó que el RIGI apunta a dar “esto que piden siempre, de la famosa estabilidad jurídica”. Expresiones parecidas se escucharon en Diputados, y representan en sí mismas, igual que el proyecto de adhesión al régimen, una contradicción con el reiterado discurso que mantuvo siempre la provincia sobre que ofrecía seguridad jurídica a las inversiones, del tipo que fueran, mucho antes de que se hablara del RIGI.
Calabró dijo que está seguro de que los diputados y diputadas provinciales que votaron a favor del RIGI no quieren "dejar de lado el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua”, que todos quieren que los beneficios de la minería lleguen a toda la provincia. Aunque en este aspecto pidió confianza, no ya que la norma asegure que se protegerán estos recursos: “Tenemos que comprometernos todos” a que si una empresa minera pretende usar el agua a costa de que se afecte el consumo humano, “eso no va(ya) a pasar”, afirmó. “Yo confío”, añadió, “confío en la ciudadanía salteña y confío en los representantes".
Así las cosas, más allá de que guste o no guste, “esta es una decisión política que va a tomar esta Cámara”, aseguró.
Tras repasar los beneficios extraordinarios que se les conceden a las grandes empresas, el senador dijo que esta adhesión “es un voto de confianza, y esto es para que no diga este gobierno nacional" que "ponemos palos en la rueda”. Sin embargo, convocó a estar atentos, “porque se puede dar que haya una competencia deselal” con las pymes salteñas, y adelantó la posibilidad de que se avance en algún sistema de beneficios para las empresas locales, como ya se planteó en Diputados.
"Es una ley malnacida"
Por el bloque Todos, referenciado con Unión por la Patria, el senador Walter Wayar expuso las razones para el rechazo: “La Ley Bases viola varios artículos de la Constitución Nacional”. “Es una ley mal nacida”, sostuvo.
Agregó que su bloque considera que la adhesión no debía ser tratada siquiera, porque la aprobación en el Congreso Nacional está sospechada de haberse conseguido con maniobras irregulares, como la negociación con una legisladora para que dé su apoyo a cambio de un cargo. Además, “atropella los derechos conquistados por los trabajadores argentinos”, aseguró.
Asimismo, el senador cacheño instó a advertir los riesgos que conlleva esta ley, que permite el ingreso de capitales de origen desconocido, quizás provenientes de delitos, profundizados por el hecho de que el país resigna soberanía al someterse a tribunales internacionales para dirimir cualquier conflicto.
El senador por el departamento Iruya, Walter Cruz, integrante del Pueblo Kolla, expresó su adhesión a parte de los dichos de Wayar, y agregó más cuestionamientos al RIGI. Sin embargo, votó a favor de la adhesión.
“Es una ley malparida, diríamos en nuestras comunidades”, empezó. “No se han tenido en cuenta muchos aspectos”. A continuación leyó una extensa lista de críticas de las comunidades indígenas: “consideran que solo beneficia a las megaempresas internacionales. Consideran que hay un ecocidio y un genocidio de los pueblos originarios, porque hay un ingreso irrestricto de los proyectos megamineros. Consideran que va a haber una destrucción de sus territorios, consideran también que el agua y su contaminación van a ser un problema para las comunidades indígenas, que (la megaminería) destruye el perfecto pero frágil ecosistema que hay hoy en la Puna”.
Consideran que “no existe megaminería sustentable ni existe megaminería amigable con la vida vegetal, animal o humana”. “Consideran que no hay pueblo en el mundo que prospere si se destruye la naturaleza”, sostuvo. Y planteó que los gobiernos deben respetar la obligatoriedad del Estado de hacer la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas por proyectos mineros o de la naturelaza que fueran, y que esa consulta debe hacerse a las verdaderas comunidades, “no a personas indígenas sueltas”.
El primer RIGI es de la Asamblea de 1813
“Nuestra Constitución también abraza a los que vienen a invertir”, le respondió a Wayar el senador de Los Andes, Leopoldo Salva. Sin embargo, aclaró: “hay criterios que no comparto”, pero también él dió su apoyo a la adhesión.
“Yo lo que siento es que el RIGI es un nutriente para la actividad minera”, sostuvo, porque en la Puna, donde están los minerales que explotan o intentan explotar los grandes capitales trasnacionales, necesitan "capital, que alguien invierta, la minería no se va a hacer sola”.
Para sustentar su posición a favor del régimen de incentivos para grandes empresas sostuvo: “En la Asamblea de 1813 hubo el primer RIGI”, una medida que peveía que quienes venían a invertir en minería podían "importar y exportar sin cobrarle ni un peso, simplemente que generen trabajo". Salva recordó en este sentido que en 1826 el gobernador de Salta Juan Antonio Álvarez de Arenales (uno de los héroes de las luchas por la independencia) se basó en esa decisión de la Asamblea Constituyente para dictar un decreto minero, que también daba facilidades a los inversores.
Salva señaló que cuando se realizó la Asamblea del año 13 el principal emprendimiento minero eran las Minas de Potosí, en el Alto Perú, de donde se extraía plata y se pagaban regalías del 20%. Aunque el senador no lo dijo, también son datos históricos que los beneficios de ese centro minero los usufructuó la economía española, mientras que en estas tierras se sufrió una explotación feroz de habitantes originarios, a tal punto que hubo una gran mortandad de trabajadores.
Si se espantan las inversiones, “vamos a quedar sobre la silla de oro y muriendo de hambre”, agregó Salva sobre el final de su exposición, en la que usó la palabra "progreso" en varias oportunidades.
El senador Gustavo Carrizo (de Capital) no cayó en contradicciones: su apoyo al RIGI fue sin objeciones. Recordó que hace tres décadas que la minería se desarrolla en Salta. “Tenemos al oro hoy convertido ya en el segundo complejo exportador de la provincia de Salta”. Hay 36 proyectos de litio en desarrollo en distintas etapas, uno solo en proceso de producción; hay ocho metalíferos, uno solo en producción, y tres proyectos borateros, repasó.
De los vecinos, Chile, exporta 50 mil millones de dólares; Perú, exporta 35 mil millones en minería solamente, en cambioi, Argentina solo exporta por 3.500 millones de dólares. “Claramente, debemos dar un paso si queremos explotar nuestras riquezas” y “el camino no es solamente la presión tributaria, el camino es el que debemos elegir hoy”, aseguró.
Emergencia por violencia de género
En el inicio de la sesión, el Senado aprobó la prórroga por dos años de la ley de emergencia pública en materia social por violencia de género, que urgía porque la ley vigente vence en septiembre. La media sanción pasó a Diputados, que debe tratarla con urgencia. En este caso no hubo debate.
