Corrían los primeros días de octubre de 2014 en México cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recibió un llamado. Días atrás la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa le había cambiado a la vida a los familiares de los jóvenes. Sus madres y padres habían comenzado un camino para conocer la verdad sobre la ocurrido con los estudiantes entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de ese año.
También mantenían la esperanza de encontrar los restos de sus hijos y finalmente poder hacer un duelo. Para eso le pidieron al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que actúe como perito independiente en una de las peores masacres en la historia de México. Desde el gobierno del entonces mandatario Enrique Peña Nieto la atención al caso durante los primeros días fue nula a pesar de que la CIDH ya había otorgado medidas cautelares en favor de los estudiantes, sus familiares y para las organizaciones que los representan.
El trabajo de encontrar la verdad
Es en este contexto en el que el EAAF comienza a trabajar como perito independiente convocado por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. En las semanas y meses que siguieron la participación del EAAF iba a ser clave para cuestionar y desmentir lo que la Procuraduría General de la República (PGR) llamó la “verdad histórica", una versión oficial de los hechos que además fue defendida por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
El procurador general aseguró, según esta versión, que los estudiantes habían sido ejecutados y quemados en el basural de Cocula. Pero según denunciaron las organizaciones convocadas por los familiares, la PGR no presentó evidencias de este hecho.
La investigación de la PGR estuvo plagada de inconsistencias que pudieron ser visibilizadas gracias al trabajo del EAAF. Un ejemplo tiene que ver con el hallazgo de restos óseos en el río San Juan. Según dio cuenta el equipo argentino, la PGR ocultó que un día antes del hallazgo, un grupo de empleados de esa oficina estuvo en ese mismo punto sin dejar ningún tipo de registro en el expediente del caso. Tampoco lo comunicaron al EAAF, que por ello no estuvo presente en el momento en que la PGR afirma que los buzos y peritos de la PGR recuperaron una bolsa con restos óseos.
Investigar a contracorriente
En 2016, el EAAF descartó totalmente la llamada "verdad histórica” ya que el peritaje del equipo concluyó que fue imposible que haya existido un fuego de las características necesarias para incinerar a los 43 estudiantes de la Normal Rural. El equipo hizo una presentación pública de la investigación entorno al basural de Cocula y los restos que la PGR aseguró haber encontrado en ese sitio.
Además, el equipo argentino reveló que en el tiempo entre las intervenciones de la PGR en el basural de Cocula “el sitio quedó sin custodia de fuerzas de seguridad (…) diversas personas ajenas a la investigación tuvieron acceso al predio interrumpiendo así la custodia del lugar”.
En el informe de 2016, el EAAF señaló que “hasta la fecha no tenemos ninguna identificación ligada a restos del basurero de Cocula. La única identificación que tenemos hasta el momento es la de Alexander Mora Venancio a través de una muestra que proviene de una bolsa que la PGR sostiene recuperó del río San Juan”.
Pero según la procuraduría la identificación de Mora Venancio confirmaba la “verdad histórica”. A pesar de que esta verdad histórica era cada vez más difícil de sostener debido a la evidencia analizada por el EAAF, la procuraduría y el entonces presidente Enrique Peña Nieto mantuvieron esta versión de los hechos.
Pero el EAAF no dejó de trabajar en la investigación y junto a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan continuaron visibilizando el caso.
Los hallazgos del EAAF no fueron bien recibidos por la PGR. En 2016, tres integrantes del equipo denunciaron que la procuraduría inició una investigación judicial arbitraria por presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro y fueron víctimas de espionaje ilegal. La abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, denunciaron la criminalización a la defensa de los derechos humanos en México.
Cuando en 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que logró identificar los restos óseos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, la versión que había defendido el gobierno de Peña Nieto se derrumbó por completo. Los restos del joven de 19 años fueron encontrados en el paraje Barranca La Carnicería, a 800 metros del basural en Cocula.
El EAAF trabajó junto a la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa de la FGR y se encargó de analizar todos los restos encontrados en el paraje que luego serían enviados al laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck en Austria. Un año después, el laboratorio encontró coincidencia genética entre los restos recuperados y la familia del estudiante desaparecido Jhosivani Guerrero de la Cruz.
¿Qué es el EAAF?
El EAAF es una institución científica integrada por un equipo multidisciplinario que incluye profesionales de antropología, arqueología, medicina, biología, genética, entre otros. Trabaja en colaboración con las familias de las víctimas y organizaciones que trabajan para esclarecer casos de violencia por parte del Estado.
Nace en 1984 con el retorno a la democracia en Argentina y la necesidad de encontrar a los desaparecidos producto del terrorismo de Estado que impuso la última dictadura cívico militar en el país (1976-1983). Desde entonces el equipo trabajó en al menos 60 países donde se investigaron casos de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.
En El Salvador (1992) el equipo trabajó en la exhumación de fosas comunes de la masacre de El Mozote ocurrida en 1981 cuando el ejército del país centroamericano masacró a más de 800 personas. En Guatemala (1991) exhumaron fosas comunes para identificar a las víctimas del conflicto armado. En Sudáfrica (1995) colaboraron en la identificación de cuerpos para esclarecer los crímenes del régimen de apartheid.
El primer caso que llevó al EAAF a México fue el de los femicidios en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, una localidad fronteriza con Estados Unidos. Entre 2004 y 2009 lograron identificar los restos de 33 jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas entre 1993 y 2005.
Puntualmente sobre su trabajo en México, el EAAF reconoce que la mayoría de los casos de desapariciones ocurren en un contexto en el que puede existir responsabilidad tanto del crimen organizado como de integrantes de instituciones estatales en distintos niveles. Actualmente el equipo argentino está cerca de cumplir 10 años trabajando en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y continúa participando en las búsquedas forenses y análisis de pruebas sobre los estudiantes desaparecidos.
