En el marco de las paritarias estatales, la propuesta del gobierno de Javier Milei de un aumento salarial del 3% en dos tramos generó una reacción dispar entre los gremios. Mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) dio su aprobación a la suba, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no tardó en manifestar su descontento, calificando la oferta como "la peor paritaria de la historia".
La propuesta salarial del gobierno para los empleados públicos dejó en evidencia el desprecio de la administración mileista por las necesidades básicas de los trabajadores, en un contexto donde los aumentos en tarifas y combustibles agravan aún más la situación. En las recientes paritarias estatales, el Ejecutivo nacional ofreció un 3% de incremento salarial, dividido en dos tramos: 2% en septiembre y 1% en octubre. Esta oferta, que ni siquiera se acerca a cubrir la inflación del último mes, ha generado reacciones opuestas entre los gremios.
En este marco, mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta-- argumentando la necesidad de mantener el diálogo en un contexto económico adverso--, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) calificó la oferta como "la peor paritaria de la historia". Para ATE, este incremento no solo es insuficiente, sino una verdadera burla hacia los trabajadores que ya enfrentan un congelamiento salarial prolongado. El Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó con dureza: "Este ofrecimiento no es solo insuficiente, es una provocación que materializa el empobrecimiento planificado de los estatales".
Aguiar subrayó la incoherencia del gobierno al ofrecer un aumento que no cubre ni las necesidades mínimas de los trabajadores, mientras el mismo Ejecutivo autorizó subas del 4% en la nafta y más del 15% en las tarifas de servicios. "Nos están destruyendo la vida con aumentos que no alcanzan ni para un caramelo masticable por día. Esta propuesta es una ofensa y un avasallamiento a nuestros derechos", afirmó Aguiar, anunciando una reunión de emergencia para el lunes 2 de septiembre, donde se definirán las medidas a seguir.
En un contexto de inflación acumulada que ya supera el 87% en lo que va del año, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales supera el 30%. A pesar de esto, el gobierno parece indiferente, manteniéndose firme en una irrisoria oferta.
