El viernes por la tarde unos 150 jueces y funcionarios judiciales de Santa Fe posaron frente a los tribunales provinciales de Rosario. La foto –que ya es un mensaje en sí mismo– tiene un destinatario: el gobierno provincial que conduce Maximiliano Pullaro. Es que la intención del Ejecutivo de renovar la Corte Suprema de Justicia sumó un nuevo capítulo esta semana, cuando se conocieron los detalles de la reforma previsional. Por un lado, la nueva ley pone un tope de haberes para los jubilados, que impacta de lleno en las altas jubilaciones de jueces y magistrados. Y por otro “apura” a quienes tienen su trámite de jubilación concluido para que cesen en sus funciones, antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema. En la Corte Suprema, varios jueces ya tienen sus expedientes listos y, de no jubilarse, deberán iniciar el trámite de cero bajo la nueva legislación. En el Poder Judicial acusaron recibo y este viernes se congregaron para manifestar su “preocupación” por algunas decisiones que viene tomando el gobierno provincial. “Hay cierto riesgo de afectación a la independencia judicial”, señaló Iván Kvasina, vicepresidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe.

Este jueves el gobierno provincial presentó los detalles de la reforma previsional enviada a la Legislatura para su tratamiento. El proyecto mantiene las edades de acceso a la jubilación, pero eleva los aportes del personal en actividad de manera escalonada. También establece un “aporte solidario” tanto para los beneficiarios de la Caja actual, como para el personal en actividad que ocupe un cargo de conducción política en la gestión. Pero en el Poder Judicial son otros aspectos los que generan preocupación. Por un lado, el tope de haberes: ningún jubilado podrá cobrar un beneficio superior a las 20 jubilaciones mínimas. Desde el gobierno provincial aseguraron que se llegaron a pagar montos equivalentes a 32 jubilaciones mínimas. Las jubilaciones del Poder Judicial están entre las más elevadas.

El otro aspecto pasa por las normas que regirán durante el período de cambio de sistemas. El proyecto fija que los trámites de jubilación en curso al momento de publicarse la ley, serán analizados por la Caja y, en caso de obtener dictamen favorable, podrán acceder al beneficio anterior. Sin embargo, aquellos trámites “que fueron paralizados por voluntad del beneficiario por más de seis meses” accederán al beneficio con el régimen jubilatorio vigente al cese de la prestación de servicios. En concreto, si alguien quisiera jubilarse con el sistema vigente –que en el caso del Poder Judicial puede brindar una jubilación más alta– deberá cesar en sus funciones antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema.

En la Justicia, los casos de funcionarios con trámites finalizados, pero que siguen en funciones, se repiten. El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, se refirió públicamente al tema este viernes, al defender el proyecto de ley. Puntualmente se refirió al caso del juez Armando Drago, de 86 años, que el año pasado integró el Tribunal Electoral de Santa Fe. Según el ministro, el juez tiene su trámite de jubilación finalizado desde hace 31 años, pero aún se mantiene en funciones. Y aseguró que no es el único caso: “Tengo entendido que hay integrantes varios de la Corte Suprema que tienen el trámite terminado desde hace muchos años”, manifestó en diálogo con Radio 2.

Es en ese marco que, casi como una respuesta, desde el Colegio de Magistrados impulsaron una conferencia de prensa “reclamando respeto a la independencia judicial”. El mensaje fue mucho más amplio que lo vinculado a aspectos de la reforma judicial. También hubo críticas vinculadas a la reforma constitucional que se proyecta y un nuevo reclamo para que se avance “de forma urgente” con el nombramiento de magistrados en los cargos vacantes. La convocatoria tuvo lugar en los tribunales provinciales y se pensó como una jornada más amplia que contempló exposiciones y panales para debatir diversas temáticas.

“La cuestión esencial es que el Poder Judicial se autogobierna. Para ser claros, no es gobernado por el Poder Ejecutivo. Esa independencia es una garantía para los ciudadanos, para que tengan decisiones judiciales independientes. Y se necesita presupuesto para funcionar, que en la provincia es ínfimo: 3,29% del presupuesto total”, sostuvo Roberto Dellamonica, presidente del Colegio de Magistrados de la provincia. “También se necesita que se cubran las vacantes, porque hoy estamos funcionando con el 75% de la cantidad de magistrados”, cuestionó.

Respecto a la reforma el magistrado sostuvo que realizaron diversas presentaciones a la Comisión de Análisis del Sistema Previsional conformada en la Legislatura. “Siempre haciendo referencia a que cualquier norma debe superar un test de razonabilidad, convencionalidad, constitucionalidad, y respetar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia previsional”, expresó y agregó: “El día miércoles, antes de que ingrese el proyecto, enviamos un documento nuestro al Senado, con todos esos argumentos, que esperamos sean tenidos en cuenta por los legisladores”.

Por su parte, Kvasina se refirió a la situación de jueces y funcionarios judiciales que siguen en funciones pese a que sus trámites jubilatorios ya están finalizados y señaló que se trata de un mecanismo previsto en la ley jubilatoria: “Lo puede utilizar cualquier empleado del sector público provincial. No es una potestad exclusiva de los jueces, ni mucho menos. Es, justamente, un dispositivo normativo que ya antes de la década del noventa estaba vigente y que se usa regularmente”.

En la misma línea, consideró que desde el gobierno se está enfatiza en la figura de algunos jueces “supongo que con alguna intencionalidad política”. Y evaluó que puede responder a la intención del gobierno de modificar los miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial: “Es probable que esa tensión que se detecta entre el Ejecutivo y la Corte pueda estar influyendo en ese discurso. Pero insisto, no es una potestad de los jueces ni mucho menos, sino que está previsto en la ley”.

 

“Hay un sentimiento de inquietud general a partir de todo un cuadro de situación, en donde tenemos una visión compartida: hay cierto riesgo de afectación a la independencia judicial, por una serie de acciones y omisiones. Estamos llegando a una situación en donde la calidad del servicio empieza a sufrir un deterioro por la falta de cobertura de vacantes y por la parálisis administrativa vinculada justamente a las designaciones y ascensos de los empleados administrativos. Y existen toda una serie de medidas que, en su conjunto, vienen trabando el funcionamiento del Poder Judicial y generando una sensación de riesgo para la independencia”, finalizó Kvasina.