La Cámara de Diputados volverá a analizar el próximo martes si constituye una comisión investigadora especial sobre la conducta de los seis legisladores libertarios que se reunieron con represores en la cárcel de Ezeiza. Con el transcurso de los días y las dudas en algunos bloques de la oposición, parece perder más fuerza la posibilidad de que puedan sufrir una sanción severa.
Los diputados de todas las fuerzas políticas acordaron realizar la próxima semana un plenario de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento más Asuntos Constitucionales, ya que éste último organismo es el que tiene competencia para promover sanciones disciplinarias en base al artículo 66 de la Constitución.
Las alternativas que tienen los legisladores son emitir un dictamen sobre la creación de una comisión investigadora o que el análisis de la conducta de los legisladores libertarios lo haga directamente Asuntos Constitucionales.
Los que efectuaron la visita al penal de Ezeiza fueron los diputados de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, organizador del tour; Guillermo Montenegro, un dirigente cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel; María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, quien el martes último anunció su salida del bloque y la conformación del monobloque FE.
Uno de los puntos que tendrán que dilucidar los diputados es el de las atribuciones para aplicar una sanción a un dirigente elegido por el voto popular, debido al antecedente peligroso que podría generar esta medida.
La presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, dijo que se deberá analizar "cómo se aplican las sanciones disciplinarias en esta democracia para no afectar la representación popular", y recordó cuando en otras épocas se expulsaba a diputados por criticar a presidentes, en alusión a Ricardo Balbín. .
Hasta ahora pidieron la expulsión de los diputados los bloques de Unión por la Patria (UxP) y la izquierda, mientras que el PRO, la Coalición Cívica y Hacemos se inclina por un repudio de la Cámara, pero sin aplicar sanciones, mientras que el radicalismo aún no tomó una decisión.
El plenario de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales convocado para el martes a las 16.30 estará presidido por Lospennato y María Eugenia Vidal, ya que su presidente Nicolás Mayoraz (LLA) decidió ceder la conducción ante el pedido de UxP por haber figurado en uno de los chats desde donde se organizó esa visita. Es más, la propia Arrieta sostiene que Mayoraz aplicó sobre ella violencia de género durante una reunión del bloque que trascendió por los gritos que se prodigaron entre todos los integrante de La Libertad Avanza.
Pero Mayoraz no dio el paso al costado por iniciativa propia. Fue porque diferentes legisladoras, tanto de UxP como de otros bloques le reclamaron que lo hiciera. "No voy a aceptar que me diga que formó parte de un plan de impunidad. En mis 30 años de abogado jamás me metí con un tema de estos ni milité estas cuestiones. Yo no fui a la visita, sabía, pero no fui y no participé", dijo enojado antes de aceptar ceder la presidencia.
Los proyectos que se analizarán corresponden al presidente del bloque de UxP, Germán Martínez; de la diputada Vanesa Siley, de la propia Arrieta, quien concurrió al penal a entrevistarse con los represores pero luego denunció que fue "engañada" por sus compañeros de bloque. Pero también hay otro de la diputada de UxP, Gisela Marziotta, que propone la expulsión de los legisladores libertarios y también una suspensión hasta tanto se defina la situación de estos diputados. Para Marziotta se debe incluir en la nómina de los expulsados a la ahora arrepentida Arrieta.
En caso de inclinarse por la comisión investigadora, primero se deberá aprobar un proyecto en el recinto de sesiones, pero si en cambio lo hace el plenario de comisiones permanentes no habrá que crear un nuevo organismo.
La aplicación de sanciones previstas en el artículo 66 de la Constitución que permite la exclusión por "inhabilidad moral" de un miembro del cuerpo debe ser analizada por Asuntos Constitucionales, como sucedió cuando echaron al diputado Luis Luque o se procedió al desafuero de Julio de Vido. Más atrás en el tiempo también se expulsó de la Cámara al entonces genocida Antonio Domingo Bussi.
En la última reunión de la comisión de Peticiones concurrieron a exponer organismos de derechos que reclamaron que se expulse a los diputados que concurrieron a visitar a represores en la cárcel de Ezeiza. Por caso, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pidió la expulsión porque "están deshumanizando a este país, queriendo borrar tantos derechos adquiridos, como la Memoria, la Verdad, la Justicia". A su turno, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, señaló que "aquellos que fueron a abrazarse con genocidas son indeseables para la sociedad argentina. Deberían expulsarlos. No representan al pueblo argentino. Son una lacra, traicionan al pueblo". Por último se leyó un mensaje de Estela de Carlotto: "Resulta doloroso que haya legisladores que nieguen la verdad histórica, que conspiren a espaldas de la sociedad para otorgar impunidad a quienes tienen información sobre el destino de nuestros nietos y nietas y de los 30 mil desaparecidos".
