Durante agosto, la comunidad kolla Tusca Pacha de Palpalá, en la provincia de Jujuy, atravesó tres violentos intentos de desalojo. Los ejecutó el Ministerio Público de la Acusación en el marco de una denuncia presentada por uno de los dueños de una inmobiliaria con domicilio en esa localidad.
La abogada de la comunidad, Samanta Delgado, afirmó en diálogo con Salta/12 que "no hubo orden de desalojo firmada por un juez" en ninguno de los hechos violentos contra la comunidad indígena campesina y, por lo tanto, todos los procedimientos fueron ilegales.
Delgado relató que el jueves 29 de agosto "el jefe de la regional de Palpalá (el comisario Martín Sotelo) presenció el desalojo. La Policía funcionó como seguridad de esa empresa mientras las máquinas rompían todo a su paso", denunció. Informó además que, pese a sus solicitudes formales, aún no le fue posible acceder al texto de la denuncia que presentó el titular de la inmobiliaria Sucre SRL, Alfredo González.
Resaltó que el 16 de agosto, fecha del segundo intento de desalojo, el ayudante fiscal de la regional Palpalá, Ariel Humberto Chauque, fue a identificar a las personas que vivían en ese lugar. "Al finalizar y junto a las
fuerzas de seguridad, realizó una intimación
verbal a los y las presentes, sin mediar orden de ningún juez", remarcó la abogada. El ayudante solicitó "la entrega voluntaria del inmueble en un término de
24 horas bajo la intimación de imputar (a Lidia Maraz) por usurpación". El fiscal a cargo era Diego Cussel.
Lidia, de 74 años, es hermana de Pedro Maraz (f), denunciado por el mismo corredor inmobiliario en 2018 por la supuesta usurpación de las tierras que habitan por generaciones. Maraz fue sobreseído en 2022 y falleció en febrero pasado.
"Cuando la policía se presentó con el ayudante fiscal el 16 de agosto a realizar la intimación verbal, procedió por decisión unilateral de la fiscalía", se explayó Delgado, quien añadió que al día siguiente presentó una oposición formal a esa medida, y adjuntó pruebas. "Pero días más tarde, el ayudante fiscal me informó de forma verbal", subrayó, "que el expediente iba a ser archivado porque no correspondía la vía penal, sino civil. Sin embargo no hay legajo, y no hay ni hubo orden de desalojo firmada por un juez", repitió. "Todos los procedimientos fueron ilegales".
El jueves último la UTEP Rama Agraria posteó videos en los que se aprecia la maquinaria de la empresa Sucre. La UTEP señaló que ese día "el empresario Alfredo González, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, ingresó al campo de la comunidad Tusca Pacha con dos máquinas". Agregó que esa maquinaria destruyó la plantación de habas, el invernadero, la cisterna y parte de la casa donde vive Lidia Maraz. "En ese momento, cuatro mujeres, que estaban trabajando en el campo, se pusieron adelante de las máquinas para evitar que sigan avanzando", relató la organización. "Esta irrupción fue acompañada por una escribana contratada por la empresa, junto a veinte efectivos de la policía, quienes llevaban la orden de resguardar al personal que entró al campo con las máquinas", destacó la UTEP.
Rosa Gutiérrez, integrante de la comunidad Tusca Pacha y del Movimiento Nacional Campesino Indígena, contó a este diario que "el miércoles de la semana pasada (21 de agosto) Alfredo González ingresó otra vez al territorio con dos maquinistas", cuando Lidia estaba sola. "González le dijo que tenía una orden del juez en el bolsillo y que debía irse porque esa era su tierra. Ella es una señora mayor y está muy asustada", contó.
Gutiérrez afirmó que hace años intentan regularizar su personería jurídica, un trámite que primero realizaron ante la Secretaría de Asuntos Indígenas de Jujuy, sin suerte. El año pasado lo gestionaron ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. "Nosotros reclamamos tres hectáreas", precisó, "pero del INAI tampoco tuvimos respuesta", se quejó.
La referente del MNCI recordó que Tusca Pacha es actualmente un desprendimiento de otra comunidad vecina, Mayu de Los Alisos. "Alfredo González sí reconoce a esa comunidad, pero en cambio no lo hace con nosotros", dijo. "A todas estas tierras las recuperamos porque eran basurales", rememoró luego. "Retiramos las piedras con nuestras manos. Tenemos mucho trabajo hecho". "Como era lecho de río, no nos querían dar la luz porque era zona de riesgo, por eso seguimos informales", siguió.
El jueves último el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades Indígenas de Jujuy que lleva el nombre de "Narciso López", repudió todos los intentos irregulares de desalojo en contra de la comunidad kolla de Palpalá y exigió "a las instituciones estatales hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución Nacional". Agregaó que ese respeto institucional debe incluir a "las leyes concordantes que resguardan los derechos de las comunidades sobre la posesión de su territorio". Recordó además "la prohibición de los desalojos garantizados por la ley nacional 26.160", exigió el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, y exhortó al gobierno y legisladores de Jujuy a que "cumplan con su juramento de defender la Constitución y la patria, no sean infames traidores".
A los intentos de desalojos de Tusca Pacha se suman los desalojos de la comunidad kolla de La Quiaca Vieja y los de dos familias campesinas en La Esperanza, en el departamento
de San Pedro. En otro hecho, Facundo Velásquez fue liberado recientemente luego de tres meses de
detención irregular, acusado por el ex vicegobernador Carlos Haquim de usurpación en hectáreas de la localidad de Yala donde los campesinos ya demostraron su legítima posesión. Cierra esa lista otro desalojo en la zona de Yala: la familia de Teresa Canchi, en Los Nogales.
