En menos de dos años desde su creación, la Agencia Municipal contra el Lavado de Activos llevó adelante 70 actuaciones entre alertas enviadas a la Unidad de Información Financiera (UIF) y colaboraciones con la Justicia Federal, a quienes a la vez brindó datos requeridos sobre “más de 200 personas” físicas y jurídicas que fueron materia de investigación. “Le prestamos especial atención a situaciones con ausencia de registros, como puede ser un fideicomiso de construcción. Y también a aquellas actividades en las que generalmente se paga con dinero en efectivo”, dijo a Rosario/12 la directora de la Agencia, Paula Bruera, acerca de la tarea que desempeña el área a su cargo, de control administrativo. En paralelo, el fuero federal rosarino solo produjo dos condenas en los últimos cinco años por ese delito, que es la contracara menos explorada judicialmente del fenómeno de la narcocriminalidad, cuyo rostro visible se condensa en la violencia callejera.

Esta semana Bruera brindó detalles acerca de la labor que realiza la Agencia en el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, que se reunió durante dos días en Rosario para intercambiar información y experiencias sobre corrupción y lavado, y que tiene a la directora de Investigaciones, Ética Pública y Transparencia municipal, Anahí Priotti, como presidenta.

La Agencia Municipal contra el Lavado de Activos se creó por ordenanza en agosto de 2022 y la norma fue promulgada el mismo mes. Bruera fue designada en el cargo en octubre y comenzó a amar su equipo, con el que trabaja actualmente.

“Estado tonto”

El fenómeno de la narcocriminalidad y sus derivaciones no violentas –los delitos de “guante blanco”, como el blanqueo de los flujos de capitales que produce el comercio de estupefacientes-, motivó su alumbramiento legislativo por unanimidad en el Concejo Municipal.

“Cuando sale esta ordenanza se da por una situación que necesitábamos intervenir a nivel local y no seguir esperando. No podíamos quedar como un Estado tonto, que pasaran estas situaciones sin nosotros poner un ojo sobre ellas”, dijo la funcionaria en una entrevista con este diario.

A dos años de la creación, pero menos tiempo de su puesta en marcha, Bruera contó que la Agencia realizó 70 actuaciones por alertas detectadas al escudriñar documentación municipal, que de acuerdo a las normas nacionales pueden ser compatibles con “indicios de lavado” de activos.

Los destinatarios de las detecciones municipales –que restringe su accionar a funciones de control administrativo- son las fiscalías federales o del Ministerio Público de la Acusación (MPA), según corresponda, y también la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además, brindó información a la UIF y a la Justicia Federal acerca de 200 personas cuyos datos, en manos del municipio, fueron requeridos por esas instancias en investigaciones preliminares.

“La Agencia concentra y puede acceder a mucha información que tiene la Municipalidad de Rosario. Sobre todo, a partir de la pandemia, que aceleró el proceso de virtualización de muchas plataformas de trámites que se hacen on line”, explicó Bruera.

La titular del organismo municipal detalló que “podemos ver varias plataformas y, si hay una persona de la que nos requieren información, podemos consultar variadas cosas: si tiene alguna propiedad a su nombre, si hay multas, si había pedido algún permiso de edificación, si tiene habilitado un comercio”.

Los rubros sobre los que la Agencia pone la lupa están establecidos en la ordenanza que la creó, al mismo tiempo que trabaja con lo estipulado por las Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENR) en materia de prevención de lavado de activos, que guía esas tareas a nivel federal.

Las ENR son elaboradas por el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que conforman diferentes organismos del Poder Judicial, el Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

“Nosotros trabajamos con una matriz de riesgo, tomamos actividades que son marcadas por las Evaluaciones Nacionales de Riesgos, como más pasibles de ser utilizadas para el lavado de activo. Esos rubros son los que se incluyeron en la ordenanza”, explicó la titular de la Agencia, quien es reticente a señalar actividades económicas en particular porque, dice, “hay muchos que hacen las cosas bien, y por algunos parece que estuviera todo mal”.

De todos modos, accedió a señalar que en la Agencia “le prestamos especial atención a situaciones con ausencia de registros, como puede ser un fideicomiso”, en particular los vinculados a la construcción, actividad señalada por la propia UIF como permeable a acciones de lavado de dinero de origen ilícito.

“Y después también a aquellas actividades en las que generalmente se paga con dinero en efectivo”, abundó.

En cuanto a los fideicomisos –que son contratos entre privados- “están marcados por la ENT porque no hay controles o registros impuestos de antemano. Entonces, la información hay que pedirla, no se puede acceder a un lugar donde conste”, explicó Bruera.

Por esa razón, “los fideicomisos de construcción que quieren hacer un edificio tiene que presentar su contrato y ahí nos enteramos quiénes son los aportantes, quién va a administrar, y si se trata de sociedades, quiénes las integran”, sostuvo la titular de la Agencia, para agregar que “eso funciona a nivel prevención, y a la vez nos enriquece nuestra matriz de información”.

Sin condena

Los controles administrativos del municipio en la materia no se reflejan necesariamente en la persecución penal del delito de lavado. A mediados del año pasado, la UIF puso en funcionamiento en Rosario la Agencia Regional Centro, con jurisdicción en Santa Fe y Córdoba, tras el recrudecimiento de las cíclicas olas de homicidios que atraviesa la ciudad.

En ese mismo contexto, en agosto de 2023 el procurador general interino, Eduardo Casal, creó por resolución la delegación local de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La cercanía de los organismos con el problema mejoró la comunicación y el vínculo con el MPA, que motorizó investigaciones por lavado y hasta fines de 2022 había obtenido 5 condenas, dijeron fuentes judiciales.

En el fuero federal, en cambio, en los últimos cinco años se dictaron solo dos sentencias por lavado de activos. “Una es poco relevante, que fue a familiares del narco Orlando ‘Damasco’ Tolosa, de Las Rosas, que fue detenido en enero de este año”, confió una fuente del Ministerio Público Fiscal (MPF) a Rosario/12.

Tolosa regenteaba una organización que proveía drogas en localidades del interior de la provincia y fue detenido en enero, tras permanecer cinco años prófugo. Seis integrantes de la banda fueron condenados por narcotráfico y lavado en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) de Rosario.

La otra causa por lavado que llegó a juicio y concluyó con condenas fue la que tuvo como principal investigado a Delfín Zacarías, que en 2013 fue detenido en Funes con 300 kilos de cocaína y 2 mil litros de precursores químicos.

El 8 de diciembre pasado, el TOF1 lo condenó a 6 años de prisión que, al sumarse a una pena anterior por tráfico de estupefacientes, se unificó en 19 años y el pago de una multa por 40 millones de pesos.

En esa causa, se reveló que Zacarías había lavado activos por 600 millones de pesos, monto que incluye unos 70 vehículos, más de 30 cocheras y 45 terrenos.

 

La Justicia Federal también elevó a juicio, aunque no tiene fecha, la causa por lavado contra el capo narco Esteban Alvarado, condenado por homicidio y asociación ilícita en la provincia y por narcotráfico en el fuero federal.