El Gobierno tomó la decisión de desregular el mercado de Gas Licuado de Petróleo, que se consume en garrafas, y que tenía topes de precios máximos hasta la segunda semana de agosto. La medida es preocupante porque se trata de un consumo esencial para muchos hogares que no tienen acceso al gas natural por red, una realidad cada vez más común en un contexto donde los costos de la vivienda en los principales cascos céntricos aumentaron exponencialmente. La eliminación del precio máximo de las garrafas afecta no sólo a los hogares por debajo de la línea de pobreza, sino a otra parte de la población que vive en zonas rurales o en localidades de todo el país sin conexión a la red de gas natural.

Además representará un mayor costo fiscal en concepto del Programa Hogar, que está vigente desde 2015 y consiste en un subsidio del 80 por ciento del valor de una garrafa por mes (o dos en la temporada de invierno) a los hogares vulnerables, con ingresos menores a dos salarios mínimos, que no pueden acceder a la red de gas natural. Ese valor estaba topeado por la Secretaría de Energía, que ahora decidió liberar los precios. 

El aumento del costo de la garrafa genera menos complicaciones para el Gobierno porque el Indec solo mide la incidencia del gas natural en el índice de precios.

Según datos oficiales, el 38 por ciento de los hogares en el Gran Buenos Aires no tiene acceso a la red de gas natural. Para estas familias y para muchos que viven en el interior del país, el sustento cotidiano dará un salto importante. 

Aumentos a  velocidad récord

Todos los días para ir a trabajar, Daniel Bassi, de la localidad de Villa María, en Córdoba, pasa delante de una distribuidora de garrafas: “Esta semana aumentaron los precios a razón de 2.000 pesos por día: la garrafa se está vendiendo a 9.500 pesos, cuando días atrás costaba 3.500”, relata. 

El impacto de la desregulación fue muy rápido y las familias quedaron desprotegidas en pleno invierno, son muchas las zonas en el interior del país donde no llega el tendido de gas por red a las casas, y la norma es comprar garrafas. 

En la provincia de Buenos Aires los vecinos cuentan que la garrafa había bajado semanas atrás y costaba 7.500 pesos la de 10 kilogramos. “Pero en la semana de la desregulación se fue a 8.000 pesos, y eso en el caso de las distribuidoras, porque en los almacenes de barrio salen más caro, le cargan 2.000 pesos arriba por lo menos”, denuncian.

Abusos y restricciones

Muchas personas se acercan a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (Omic) para denunciar situaciones de abusos de precios.

Para Ana Inés López, de la localidad bonaerense de Lobos, “a la única regulación que podemos apelar hoy es a los lazos solidarios entre las personas”: al almacenero de barrio que ve llegar una madre con cuatro hijos y se ofrece en llevarle la garrafa sin cargo y fiada, para que no pasen frío. Pero los costos no paran de subir.

“Yo trabajo 9 horas por día, que es lo máximo se puede en la docencia, y sin embargo no tengo acceso a la vivienda porque me cuesta muchísimo pagar un alquiler”, sostiene Ana. En esta nueva vivienda utilizan garrafa otra vez ella y su nena, “la estufa con garrafa consume un montón y la cocina un poco menos”, aclara. 

Se trata de sobrevivir día a día: la tarea que queda luego de pagar todos los servicios básicos porque no sobra mucho, “tengo trabajo pero no accedo a la vivienda, ni tengo un auto, el celular lo pasé al pago con carga, cosa que nunca antes en tres años me había pasado”, concluye.

Esencial e inaccesible

Los precios de las garrafas ya estaban muy desregulados, la brecha entre las localidades cabeceras de la provincia y los alrededores son altas: en Bahía Blanca, por ejemplo, se puede encontrar una garrafa a 6.000 pesos pero en Punta Alta, que es una localidad lindera en el partido de Coronel Rosales, los valores se duplican hasta los 12.500 pesos. “Te cobra lo que quieren”, es el resumen en el relato.

“En espacios chicos –o muy chicos-, como mínimo para calefaccionar y cocinar, necesitamos una garrafa por semana. Estoy hablando lógicamente de un mínimo, en el invierno se usa más aunque nos cuidamos todo el tiempo. Entonces pagás de mínimo 40.000 pesos por el gas”, sostiene Andrés “el Pichu” Gulfo, que vive en el barrio de Los Pioneros, en Campana. 

En su caso, como es comerciante, puede actualizar sus ingresos por la inflación, pero también las ventas están bajando. Reconoce, sin embargo, que su situación es "menos peor" que la de un asalariado o alguien que trabaja haciendo changas, ni qué hablar de un jubilado.

Marcela Toro es empleada en el municipio de Coronel Rosales, también en la provincia de Buenos Aires, vive con sus cuatro hijos que son grandes, y consumen tres garrafas de 10 kilos por semana, “limitándome en la calefacción”, aclara. Se cocinan, se bañan y calefaccionan, todo con garrafa. Como la mayoría de las familias en Punta Alta, no tiene acceso al gas en red.

“Yo me cuido muchísimo”, asegura Marcela, que en el caso de la luz tiene subsidiado el consumo por 800 kilowatts, pero si se pasa del límite le cobran el precio pleno y no podría pagarlo. “Este invierno no usamos ni caloventor ni el aire acondicionado”, ilustra.

Además del costo para recargar la garrafa, si algo ocurriera y debieran comprar un tubo nuevo, en la provincia de Buenos Aires tendrían que pagar no menos de 80.000 pesos su adquisición. 

Comprar dos garrafas por semana –la recarga- tiene un costo similar de 80.000 pesos por mes. Y un consumo de tres garrafas a la semana, como en el caso de Marcela, ya se acerca a los 120.000 pesos mensuales por un servicio esencial.

En los comedores populares se compran aproximadamente seis garrafas por mes, es decir que el costo para cocinar solamente asciende a 60.000 pesos. Un servicio esencial que, desregulado, pasa a ser prohibitivo.