A fines del mes de junio pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció el ingreso al  Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delinquen. El proyecto, que fue rechazado hasta por el Papa Francisco, sigue su trámite legislativo. 

Entre las voces más críticas, se cuentan algunas bonaerenses, de la defensora de menores Marisa Graham a la jueza María Lescano, la diputada provincial Susana González y el propio Facundo Manes.

"Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente. El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma", sostenía el comunicado oficial, en aquella ocasión.

Sin embargo, nada decía respecto de las fuentes y expertos en la materia consultados, de la evidencia que sustentaba la decisión ni de sus fundamentos teóricos. El proyecto, que fue girado a las comisiones de Legislación General, Familias y Niñez, Justicia y de Presupuesto y Hacienda, viene generando un intenso debate en cada una de las reuniones plenarias.

En las primeras dos reuniones expusieron funcionarios afines al gobierno, que justificaron el proyecto en que la ley vigente, la Nro. 22278, data de 1980, es decir que es una ley de la ditadura. 

En la tercera y última a la fecha, el radical Facundo Manes advirtió que "la adolescencia es una etapa de oportunidad, pero de vulnerabilidad”, y por eso “es un tema crucial y cómo se legisla, porque nos va a definir como sociedad”. Además del proyecto ingresado por el ejecutivo, existen otros en la misma línea, uno del diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, y otro de Ricardo López Murphy. 

Otra bonaerense, la docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), coautora de la "Ley Provincial de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes" y actual y actual Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, sostuvo que "es difícil legislar sobre un sujeto que no se conoce".

Luego agregó que “los índices de criminalidad no disminuyen bajando la edad de imputabilidad o cortando el eslabón más débil, bajan evitando la reincidencia y la reiterancia”. Por último, en un claro mensaje al oficialismo, advirtió que es "contradictorio bajar la edad de imputabilidad, pero liberar el acceso a las armas”.

En la misma línea, la jueza de Garantías y presidente de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, María José Lescano, explicó que “la responsabilidad penal juvenil debe ir de la mano de instancias previas como la intervención en consumos problemáticos y la deserción escolar”.

Semanas antes, en el marco de un conversatorio titulado "No a la baja de punibilidad", conjuntamente organizado por la municipalidad de Ensenada, con apoyo de los distritos vecinos de Berisso y La Plata, la diputada por la tercera sección Susana González sostuvo que se trataba de una decisión absolutamente electoralista por parte de Milei  y Bullrich.

"En un momento donde el individualismo y del sálvese quien pueda que impone el Gobierno nacional, utilizar métodos cortoplacistas para justificar y obtener resultados electoralistas como bajar la edad de punibilidad, no es la solución a los problemas de fondo", afirmó.

Estadísticas

Recientemente, el estado provincial emitió un documento con información relevante para la discusión. Allí señala, entre otras cosas, que sólo el 2,2 por ciento de los delitos denunciados en Buenos Aires involucran a menores, casi la mitad del 4,4 que reflejaba el mismo índice una década antes. También disminuyó la cantidad de menores de 16 años -no punibles según la ley vigente- privados de la libertad por homicidios (medidas de seguridad) siendo estos 77 en 2014 y 29 en 2022.

El texto señala que le evidencia a la que hace referencia el Gobierno data de 2021, 2022 y 2023, comparados con 2020, "cuando es mundialmente sabido que ese año, por la pandemia de coronavirus, los índices descendieron (con excepción de los cometidos en entornos domésticos y digitales) y se recuperaron en los años siguientes".

También sostiene que el supuesto incremento que observan no es otra cosa que un error metodológico, producto de un cambio en la manera en que se registran los casos. Nación no tiene estadíticas propias, sino que recibe, sintetiza y procesa las que recibe de las provincias. 

Hay provincias que antes registraban los delitos de mayores y menores juntos y ahora los desagregan, pero eso no implica un aumento del delito cometido por adolescentes, como sostiene el Gobierno nacional.

Desde el comienzo de su gestión, el gobernador Axel Kicillof viene trabajando tanto en la mejora de las condiciones de detención como en la posibilidad de que los internos accedan al trabajo o al estudio, con iniciativas como el Qunita bonaerense, que se enmarcan en el programa "Más trabajo, menos reincidencia".  

El anterior intento de modificar el régimen penal juvenil había sido en 2019, en plena campaña electoral, impulsado por la misma ministra Patricia Bullrich, entonces a las órdenes del presidente Mauricio Macri. 

En aquella ocasión, finalmente fallida, una de las voces más críticas fue la de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto Cipriano García calificó la iniciativa como regresiva, al tiempo que recordó que "hace 5 años la diferencia entre el presupuesto de niñez y seguridad era de once veces, el año pasado fue de 25 veces. Más dinero para la represión y menos para las políticas de niñez”, un dato que expresaba con claridad las prioridades de las gestiones de Macri y Vidal.

En los países vecinos, la edad de imputabilidad se mantiene en 18 años, dos más que en Argentina, con regímenes especiales para los menores, basados en medidas y programas socioeducativos, que en Brasil comienzan a partir de los doce, en Uruguay a los trece y en Chile a los catorce. Bajo este contexto, UNICEF desaconseja medidas como la que impulsa el Gobierno nacional argentino.