Es hora de pasar a la acción. Eso opinan los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, entre los que se cuenta al cura Christian Von Wernich y Juan Daniel Amelong, el criminal de lesa humanidad a quien Victoria Villarruel retrató como una víctima. Los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer conformaron un grupo que se llama “Los Muertos Vivos”, que hace lobby por su libertad y tiene presencia en redes sociales. En las últimas horas, los genocidas enviaron una carta a militares e integrantes de las fuerzas de seguridad en actividad para que en septiembre se haga un gran acto en esa guarnición militar que sirva como un mensaje para la sociedad, los medios y el Poder Judicial. Su activación coincide con la visita que hicieron seis diputados oficialistas al penal de Ezeiza, donde está alojado el resto de los detenidos por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
“Los invitamos durante el presente mes de septiembre a organizar un encuentro multitudinario en Campo de Mayo, ya sea con nosotros o en cualquier otro lugar de la guarnición. Será no solo un acto de solidaridad y apoyo a los detenidos, sino también un mensaje claro a la sociedad, a la política, a los medios de comunicación y por qué no a la justicia”, dice el texto que empezó a circular desde el viernes. “La historia debe marcar un ‘antes y un después’ de esta gesta, en la que ustedes serán los actores principales”, agrega en una apelación directa a los uniformados.
Entre otros, firman este texto Von Wernich (excapellán de la Bonaerense), Mario Sabdoval (exintegrante de la Policía Federal condenado a quince años de prisión por el secuestro de Hernán Abriata), Emilio Morello (condenado a perpetua por su actuación en el RIM6 de Mercedes y exdiputado del MODIN), Carlos “Indio” Castillo (condenado a perpetua por los crímenes de la CNU en La Plata), Eduardo “Curro” Ramos (represor de Santa Fe condenado a perpetua), Gonzalo “Chispa” Sánchez (represor de la Escuela de Mecánica de la Armada –ESMA– que fue extraditado desde Brasil), Ernesto Etchart (represor de Bahía Blanca que estuvo prófugo hasta 2022), Arnoldo “Chubi” López (represor de La Perla de Córdoba, condenado a prisión perpetua), Amelong (represor condenado a perpetua que hasta aportó una propiedad de su familia, La Intermedia, para que se usara como centro clandestino de detención), Fernando Otero (CNU de Mar del Plata) y Jorge Blanco, un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) condenado a prisión perpetua por operativos hechos en La Plata en 1977.
Génesis
Julio fue un mes clave para los detenidos por crímenes contra la humanidad. Muchos se emocionaron con el desfile militar del 9 de julio que protagonizaron Javier Milei y Victoria Villarruel. Los represores de Campo de Mayo vieron ese hecho como el nacimiento de un “nuevo Contrato Social” con la adhesión de “todos los argentinos de bien”. El 11 de julio, Alfredo Astiz y compañía recibieron la comitiva integrada por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Varios de los legisladores participaban de reuniones y chats que organizaba el cura Javier Olivera Ravasi y en las que coincidían con abogados defensores y con el excamarista Eduardo Riggi, ex integrante de la Casación Federal.
Al menos, Benedit y Ferreyra Ugalde habían estado este año en Campo de Mayo. El 15 de marzo, los dos diputados visitaron el penal. Después de encontrarse con los genocidas, Benedit escribió en su cuenta de Instagram que trabajaba para la “pronta liberación de todos los patriotas”. Ferreyra Ugalde no se queda atrás en la reivindicación de los criminales de la dictadura. Es tal su defensa que el 23 de julio el “Chispa” Sánchez hizo trascender una nota en la que le decía que estaban “orgullosos” de ella.
El 1 de julio hizo su presentación en sociedad “Los Muertos Vivos”. Se definen como un grupo de reflexión. Dicen que en los ‘70 eran jóvenes oficiales y hoy solo les queda esperar la muerte. “Por primera vez desde hace muchos años gobierna el país una fuerza que pareciera comprender acabadamente los acontecimientos que ensombrecieron a la Argentina en los años ‘70, sin embargo entendemos que se encuentre repleto de urgencias lógicas y respetables, por eso tememos nuevamente quedar postergados en el tiempo”, escribieron.
Para ese momento, habían naufragado varias iniciativas para devolverlos a sus casas. La Cámara de Casación rechazó hacer un plenario para fijar nuevos parámetros para el acceso a la prisión domiciliaria, como habían pedido el 11 de diciembre Laura Olea y Ricardo Saint Jean –dos de los abogados que compartían los chats con los diputados libertarios, el cura Olivera Ravasi y el exjuez Riggi. Esos mismos letrados le habrían acercado dos iniciativas al senador José Torello sobre el plazo razonable –poner límite a las investigaciones para que se caigan las que están en trámite o las que pudieran abrirse– y la prisión domiciliaria automática para mayores de 70. Torello las presentó el 5 de diciembre pasado. Los proyectos seguían dando vueltas entre los represores y pretendían que Benedit y Ferreyra Ugalde se los hiciera llegar a Javier Milei.
Los “muertos vivos” responsabilizan por la apertura de las causas a Néstor Kirchner y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Son los grandes responsables de haber reiniciado los ilegales juicios a solo una parte de los que lucharon en los años 70; los terroristas están libres”, dicen en un texto publicado el 8 de julio que va en línea con la pretensión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de reabrir las causas contra los militantes de aquellos años y su deseo de que “todos los montoneros estén presos”.
Según los represores de la U34, están condenados a muerte sin posibilidad de recibir beneficios procesales y se quejan porque se quedaron sin el beneficio del 2x1 tras la sentencia fallida de la Corte Suprema. Las estadísticas que publicó días atrás la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) desmienten sus dichos. Hay 636 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad: 508 están en sus casas y 128 en establecimientos penitenciarios. Esto quiere decir que el 79,87 por ciento de los detenidos está en prisión domiciliaria.
Protestan, además, porque no les dejan colocar una placa en la capilla que hay en la Unidad 34 para recordar a los muertos y acusan al Cuerpo Médico Forense (CMF) de hacer “experimentaciones médicas” para determinar cuánto tiempo pueden vivir en prisión los adultos mayores.
Las botas llaman a la cruz
Los “muertos vivos” siguieron con atención lo que pasó con la visita al penal de Ezeiza. Se interesaron particularmente por la reunión que las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvieron con referentes de organismos de derechos humanos el 13 de agosto pasado. En ese encuentro se habló de Olivera Ravasi y de Von Wernich, que sigue siendo miembro de la Iglesia católica pese a que tiene una condena a prisión perpetua firme. La Iglesia en el caso del excapellán de la Bonaerense se empeña en explicar que ya dio un mensaje al no recibirlo en el hogar para curas que funciona en el barrio de Flores en el que Von Wernich quiso recalar el año pasado.
Los represores alojados en Campo de Mayo pretenden que se haga una “misa ecuménica” de las Iglesias de Argentina en la Catedral metropolitana para recordar a quienes ellos llaman los “muertos en cautiverio” –léase los criminales de lesa humanidad que fallecieron mientras estaban en alguna modalidad de detención.
A fines de agosto, circularon una carta a la CEA en la que expresan su preocupación por la reunión con los organismos de derechos humanos, a los que definen como sectores que pretenden aislarlos de la sociedad y condenarlos a una “muerte civil y social”. En ese sentido, le pidieron a las autoridades de la CEA que reciban a una delegación de sus familiares y que vayan a la cárcel a hacer una jornada de oración con ellos.
La carta llegó a la Pastoral Penitenciaria y no obtuvo contestación, según pudo saber Página/12. Desde la Iglesia explican que todas las personas privadas de la libertad tienen asistencia pastoral, pero que el mensaje es claro y que no se va a convalidar ningún delito.
El otro gran punto de discordia es Olivera Ravasi. “Hoy reina la confusión, abundan las críticas y los juzgamientos hacia las personas que nos visitan. ¿Por qué se castiga al Padre Javier Olivera Ravasi por la supuesta gestión de la visita de los diputados a los presos políticos? Si ellos tienen los mismos derechos que los obispos para visitar libremente a los presos, sea cual fuere el motivo de su detención”, escribieron en la misiva.
Después del encuentro de los organismos de derechos humanos con Oscar Ojea, presidente de la CEA, Olivera Ravasi fue expulsado de la diócesis de Zárate-Campana en la que había recalado. La decisión enardeció al “Chispa” Sánchez, que se define como pastor misionero e integrante de la Iglesia Evangélica de Buenos Aires. “Quizás monseñor Pedro María Laxague disponga de algún tiempo para concurrir al penal de Campo de Mayo para lavarles los pies a los presos de la UPSPF 34, como así hizo nuestro señor Jesucristo con nuestros discípulos”, escribió en referencia al obispo que decidió sacarse de encima al cura.
Olivera Ravasi no es solo un sacerdote comprometido con la causa de la liberación de los criminales de lesa humanidad. Es hijo del genocida Jorge Olivera, que está en prisión domiciliaria. Consiguió ese beneficio en 2021 en la Cámara de Casación Penal, donde el entonces juez Riggi dijo que le correspondía el beneficio por cuestiones humanitarias. Olivera no estaba tan mal en febrero cuando tiró la casa por la ventana para celebrar los 50 años de casados con Marta Ravasi. Con el tiempo se supo que Riggi era habitué de las tertulias que organizaba su hijo para forzar la libertad de los presos por lesa humanidad.
Olivera Ravasi no es solo cura: es abogado también. En un video cuenta que cursó derecho penal con Raúl Zaffaroni y Alejandro Slokar. El camarista Slokar es uno de los objetos de su odio. En los chats se percibe que Olivera Ravasi nvió una nota de Página/12 y ahí empezó a tejerse una conversación para pedirle el juicio político. Querían seguir la misma estrategia con la camarista Ángela Ledesma porque habían revocado libertades condicionales.
Tuiteros
Los “muertos vivos” dan su batalla cultural en redes sociales. Tienen una cuenta de X, antes llamado Twitter, que se activó casualmente en julio de este año. Empezaron a tuitear el 18 de julio, una semana después de la visita a Ezeiza. Para entonces, el escándalo ya se había desatado.
Página/12 consultó con una de las personas que inspeccionó la unidad penitenciaria hace unos meses cómo era el acceso a internet de estas personas. La explicación es que tenían acceso a internet para videollamadas en el lugar en el que suelen conectarse para seguir las audiencias de los juicios.
Desde su cuenta, los represores les pidieron a los diputados que redoblaran la apuesta. Suelen retuitear al ministro de Defensa, Luis Petri, que mandó a dos de sus hombres el 7 de marzo a verlos –como publicó este diario.También se hacen eco de publicaciones de Cecilia Pando, Justicia y Concordia, Nicolás Márquez y de la legisladora porteña Rebeca Fleitas. Compartieron varios videos del acto del martes pasado en el Senado en el que la vicepresidenta dijo que quería a todos los montoneros presos. Evidentemente es un objetivo compartido.
