Después de negarse a declarar ante el juez Miguel Ángel Faría, el exdiputado libertario Germán Kiczka y su hermano Sebastián recuperaron las ganas de conversar y también el buen humor en la mañana del domingo, cuando la justicia misionera los habilitó a recibir visitas en la Comisaría Segunda de Apóstoles, donde están alojados desde el viernes pasado. Ambos estuvieron prófugos una semana y ahora permanecen detenidos por una causa que los investiga por consumo y circulación de material de abuso sexual infantil tras encontrárseles juguetes sexuales, dvds con portadas explícitas y cientos de archivos digitales con contenido pedófilo en sus domicilios particulares. Aún se aguardan los resultados de las pericias digitales sobre esos dispositivos y sobre los teléfonos celulares que el ex diputado misionero tenía en su poder cuando fue encontrado en un camping de la ciudad de Loreto, Corrientes.

Risas, carcajadas y hasta chistes dominaron el ambiente del patio de visitas la seccional apostoleña, donde los hermanos ocupan dos de las doce celdas a la espera de que Faría (titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de esa localidad misionera) determine si los traslada a alguna de las cuatro unidades penales para varones de la provincia mesopotámica. Inicialmente, y de acuerdo a lo que les comentaron a ambos en sede judicial, los imputados enfrentan penas de entre tres y seis años de prisión, margen que habilita expectativas de excarcelación. Quizás por ello el buen semblante.

Cada uno dispuso de media hora para hablar reja de por medio con cuatro sujetos, uno de ellos Leonardo Kiczka, el padre de ambos, quien también había sido investigado por la misma causa, aunque de momento no pesan oficios sobre él. El canal de noticias TN pudo filmar el encuentro, situación que también llamó poderosamente la atención y aporta otro nuevo ribete extraño a un hecho que sigue conmoviendo a todo el país por sus múltiples derivaciones.

Es que, en simultáneo a la deriva judicial, el caso también mueve las placas tectónicas de la política provincial y nacional, especialmente por el derrotero de Germán Kiczka, quien en 2021 fue elegido diputado misionero por Activar, partido que comenzó formando parte de Juntos por el Cambio, aunque a principios de este año decidió alinearse con La Libertad Avanza. Las fotos de Kiczka con referentes de ambos frentes marcan la cartografía del espacio liderado por Pedro Puerto, también legislador de la misma provincia y uno de los aspirantes a competirle poder a Carlos Rovira, conductor del Frente Renovador de la Concordia que gobierna Misiones desde 2003.

En ese sentido, la Cámara de Representantes (el órgano parlamentario de la provincia litoraleña manejado por la amplia mayoría de ediles de la Renovación) decidió conformar una comisión especial para investigar por su cuenta la situación de Germán Kiczka. Lo hizo en la última sesión del jueves pasado, a la que Pedro Puerta decidió no asistir como parte de una estrategia que lo encuentra apartado de cualquier declaración pública respecto a la suerte de quien supo ser su compinche. Algo similar hicieron otros dirigentes políticos misioneros que de manera presurosa borraron de sus redes sociales todo registro de contacto con Kiczka.

Al mismo tiempo de todo esto, distintos allanamientos en el resto del país capturaron a personas presumiblemente vinculadas también al consumo y circulación de material de abuso sexual infantil, lo cuál abre el interrogante sobre la posibilidad de que estos formen parte de una red de pedófilos que la Justicia Federal investiga desde principios de este año.

Lo llamativo es que uno de ellos también es de Misiones. Se trata de un hombre de 34 años de edad que fue arrestado el jueves pasado en el barrio Hipotecario de Leandro N. Alem luego de dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción número Cinco de esa localidad, uno al domicilio particular y otro al comercio que manejaba este sujeto. El operativo fue efectuado por la Dirección de Cibercrimen de la Policía junto a la Secretaría de Apoyo e Investigaciones Complejas, quienes encontraron imágenes con Hentai (nombre que recibe el género de manga y animé japonés con contenido pornográfico animado) y por lo tanto decidieron confiscar numerosos dispositivos, entre ellos una tablet, cuatro teléfonos celulares, otras tantas tarjetas de memoria, tres pendrives, una cámara fotográfica y diez discos rígidos, además de videos varios.