Las risas entre rejas de los hermanos Kiczka televisadas a todo el país por canales de noticias nacionales salieron caras: a últimas horas del domingo, la Jefatura de Policía de Misiones pidió la remoción de Carlos Ferraz y Rubén Cáceres, los directores de la Comisaria Segunda de Apóstoles, mientras que también ordenó el traslado de los dos detenidos a la Unidad Penal de Cerro Azul, un sitio con mayor seguridad y menores concesiones que la seccional de la localidad misionera en la que vivían antes de darse a la fuga. Los dos están imputados en una causa por tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

Estos últimos movimientos agregan en la narrativa sobre el trepidante Caso Kiczka a Sandro Martínez, jefe de la policía provincial, quien en mayo pasado tuvo que llevar adelante las negociaciones en nombre del gobierno misionero frente al acampe de uniformados rebeldes que capturó la atención del país. La repercusión que ahora tomaron las imágenes de los hermanos a las carcajadas con familiares y allegados en una comisaría de pueblo encendió algunas sirenas mientras la investigación avanza en la línea de una red dedicada a la pedofilia, cosa por ahora no probada. De momento, los cargos contra los Kiczka oscilan entre los tres y los seis años de prisión, margen que les abre expectativa a una posible excarcelación.

Pocas horas antes, Patricia Bullrich había criticado las imágenes en las que se veían a Germán y Sebastián Kiczka departiendo con visitas entre sonrisas y torta fritas después de haberse negado a declarar ante el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles que lleva la causa. “Esto va en contra de lo que nosotros, en este momento, queremos transmitir a nivel nacional respecto de ‘el que las hace, las paga’ (…). Es burlarte de la gente”, arengó. En 2021, la ahora ministra de Seguridad había hecho campaña por Germán Kiczka, alentando al electorado misionero a elegirlo diputado provincial por el partido Activar, tal como terminaría ocurriendo. En ese entonces ambos compartían la plataforma de Juntos por el Cambio, aunque las derivaciones políticas los reencontraron este año bajo el ala de La Libertad Avanza.

Como una mancha venenosa, todo el arco político que cobijó al menor de los Kiczka detenidos ahora busca desentenderse de él. Patricia Bullrich no es la única, pero sus declaraciones fueron toda una expresión de posicionamiento en el caos: está claro que si la causa se profundiza para mal, eso pondrá en red de cuestionamientos también a sus aliados. Aunque los hermanos fueron detenidos a fines de agosto, pesaba sobre la familia una investigación por el mismo motivo desde febrero pasado de la que nadie puede darse por desentendido. Ni sus vínculos políticos, ni sus colegas de parlamento en la Cámara de Representantes de Misiones.

La causa que tiene como imputados a Germán y a Sebastián Kiczka por consumo y circulación de material de abuso sexual infantil está a la expectativa de la pericia sobre varios de los dispositivos que les fueron confiscados en los allanamientos y en las capturas. Pocas horas después de la relajada visita, los hermanos fueron trasladados desde la Comisaría Segunda de Apóstoles al penal de Cerro Azul, a 50 kilómetros de distancia. Una instancia de seguridad mayor con un escenario menos amigable, aunque de momento ocupando celdas individuales. La mayor incógnita, de momento, reside en los silencios que guardan sus negativas a declarar.