La palanca que decidió a Miguel Lifschitz a firmar ayer el pacto fiscal con el gobierno de Cambiemos fue la inclusión de una cláusula que compromete a Casa Rosada a definir antes del 31 de marzo el cuánto, cómo y cuándo pagar la deuda que Nación mantiene con Santa Fe por la histórica e inconstitucional detracción del 15 por ciento de la coparticipación. El gobernador admite que la propuesta de Mauricio Macri le quita a las provincias autonomía fiscal y sólo refuerza la posición de su delfín bonaerense, María Eugenia Vidal, la única ganadora en estas reformas. Pero, como el resto de sus pares, Lifschitz percibió que no tenía margen de acción ni disenso ‑excepto quedar en soledad como San Luis‑ y se aseguró la posibilidad de pasar a la historia provincial como el gobernador que logre cobrarle a la administración central la cuenta más cara: 50 mil millones de pesos, celebran en la Casa Gris; 35 mil millones calculan en la Rosada.

Lifschitz celebró el acuerdo sobre el cobro de la deuda ‑agregado ya sobre el final de la reunión de ayer‑ porque "así se pone un límite a la negociación: y ahora el gobierno nacional se comprometió a que para el 31 de marzo debe cerrar el tema en cuanto a monto y forma de pago".

El ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, lo destacó como el gran logro de todo este tire y afloje. "Si no aprovechábamos esta oportunidad, nos podría seguir pasando lo mismo de los últimos dos años: que más allá del fallo de la Corte, no había ni siquiera una propuesta. Esto los obliga a darle contenido y fuerza a la negociación de forma de llegar a esa fecha con ambos temas cerrados: monto y fecha de pago. De otra manera, estaba siendo sumamente complejo que pudiera ser cancelada", dijo.

Por todo eso Lifschitz consideró el acuerdo firmado como "muy beneficioso para Santa Fe". Su satisfacción tiene además otro motivo: el hecho de que Vidal haya desistido de la demanda judicial contra Nación por 400 mil millones de pesos reclamados en el marco de la distribución del Fondo de Reparación del Conurbano que relegó año tras año a la provincia de Buenos Aires. "Que Buenos Aires desista de esos juicios le saca un peso de encima a Nación y, por ende, a las provincias. Eso era una amenaza para todas porque cualquier fallo favorable a ese reclamo nos hubiera perjudicado de inmediato", razonó el socialista. Todo lo que Buenos Aires suma, resta en el resto de las provincias.

Con el OK dispensado, las provincias aceptan reducir los llamados "impuestos distorsivos", esto es Ingresos Brutos (IIBB) y Sellos por 1,5% del PBI a lo largo de los próximos cinco años. En el caso de Santa Fe, IIBB representa el 77 por ciento de la recaudación tributaria propia. Saglione, había anticipado que cualquier alteración a ese gravamen impactará en la caja de la Casa Gris.

Con la eliminación del Fondo del Conurbano (era el 10 por ciento de la recaudación de Ganancias), eso pasa a ser masa coparticipable. No así la del impuesto al Cheque, que irá todo a financiar la Ansés. A cambio, el equipo de los ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne propuso financiar el déficit de las cajas previsionales no transferidas (como la de Santa Fe), y que las provincias compensen con subas de sus impuestos inmobiliarios mediante revalúos fiscales.

En Santa Fe señalan que es imposible que el Inmobiliario compense Ingresos Brutos. De cada cien pesos que recauda, 7 provienen del primer tributo, y 77 ingresan gracias al segundo.

Ayer a Lifschitz pareció dejar de preocuparle este aspecto. "En el caso de Santa Fe, creo que es razonable porque tenemos alícuotas bastante bajas comparativamente, con lo cual el impacto fiscal para nosotros sería relativo", dijo. "Iremos adecuando y sólo afectará a grandes empresas, porque en Santa Fe las pymes están exentas", minimizó.

En el Ministerio de Economía provincial no descorchan ni sidra y cruzan los dedos para que el recorte comprometido de IIBB sea la contraparte de un hipotético repunte de la actividad económica. Como si una empresa supeditara inversiones solamente por los 4 o 5 puntos porcentuales de IIBB, y no, por ejemplo, a la situación del mercado interno, el nivel de consumo, la política cambiaria, etc.

"Es fundamental que crezca la actividad, pero si no apostamos todos al crecimiento vamos mal", resumió una alta fuente de Economía en Santa Fe, en sintonía con el tono ensayado por el grueso de los representantes provinciales. "Y la responsabilidad de las políticas macro es del gobierno nacional", avisó, por las dudas.

Los gobernadores también acordaron no aumentar el gasto y achicar el déficit fiscal. Macri quiere bajarlo a un punto para el año que viene, aunque en eso tiene mucho más por recortar Nación que las provincias. Y aunque no les importe tanto, todos entraron en la huella que les hizo transitar el presidente y su equipo: la del ajuste.

Luego de las objeciones que hicieron los gobernadores en las jornadas previas a la reunión de ayer, el gobierno nacional jugó algunas cartas más. En materia previsional, se acordó fijar una actualización de las jubilaciones por inflación más un plus extra a pedido de los gobernadores. Se establece que los haberes mínimos lleguen al 82 por ciento del salario para quienes hayan aportado durante 30 años, y se eliminan las jubilaciones de privilegio.

Macri logró que las provincias desistan de los juicios contra el Estado nacional, medio centenar de pleitos por distribución de recursos que sumaban 340 mil millones, más la demanda de Buenos Aires por otros 400 mil millones. Los gobernadores más reticentes aceptaron luego de acordar un bono compensatorio del Tesoro nacional. Y para el caso de Santa Fe y San Luis, que ya ganaron sus respectivos juicios, se incluyó esa cláusula que ayer santafesinos y puntanos salieron celebrando. Y recién cuando todos usaron la lapicera para firmar el documento de "consenso fiscal", apareció el Presidente. Foto, aplauso y rostros con matices.