En un juicio abreviado, lvio el juez Maximiliano Troyano condenó ayer al policía Elvio Rolando Aguirre a dos años de prisión condicional y a cuatro años de inhabilitación especial, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Debía proteger a Liliana del Valle Flores el 24 de diciembre de 2019, pero se distrajo hablando por teléfono cuando fue asesinada por su expareja, también policía, en el pueblo de Cerrillos.

"A último momento se decidió hacer un juicio abreviado, debido a que había muchas posibilidades de que en un juicio oral y público, Aguirre quedara absuelto de la causa. Como no queríamos eso, queríamos que salga culpable, se acordó un abreviado. Se le dieron dos años de condena, con libertad condicional y una inhabilitación por cuatro años. No estamos conformes pero no nos íbamos a arriesgar a que quedara absuelto", dijo a Salta/12 Claudia Flores, hermana de Liliana.

La joven tenía 25 años de edad cuando fue asesinada a tiros por su expareja y progenitor de dos hijos y una hija en común, el policía Hegdar Exequiel Almirón, quien entró a la vivienda incumpliendo una perimetral y se suicidó después de cometer el ataque. Cuando todo esto ocurrió, la mañana del 24 de diciembre de 2019, Liliana tenía asignada una consigna estatal, a cargo en ese momento del policía Elvio Aguirre, que estaba fuera de la casa.  

Horas antes del crimen se había producido un hecho de violencia familiar que motivó que Flores denunciara que su expareja la había golpeado y amenazado con un arma de fuego. Por ello se le había asignado consigna fija para velar por su bienestar y el de sus hijos hasta que Almirón fuera detenido.

Después del crimen, Aguirre fue imputado por omitir sus deberes de funcionario público. El fiscal Gustavo Torres Rubelt entendió que el policía pudo evitar el femicidio pero, según se determinó, había estado entretenido hablando por teléfono con una mujer, conversación que interrumpió al escuchar los disparos.

Aguirre deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante dos años, entre ellas, fijar residencia, no cometer un nuevo delito y someterse al control del Programa de Inserción Social de Presos y Liberados.

El policía Abel Mónico Córdoba también había sido imputado por el delito de violación de medios de prueba, registros o documentos, pero fue sobreseído luego de que el fiscal Gabriel González retirara la acusación en esta instancia del juicio abreviado.

Por otro lado, el juez Troyano dispuso en su fallo que, ante la posible comisión de un hecho delictivo por personas aún no identificadas, se restituya el legajo de investigación a la fiscalía interviniente. "Pidió que se haga una investigación respecto a los demás implicados en el sentido de que no se la protegió a mi hermana como tendría que haber sido", indicó Claudia Flores.

"Nunca se nos brindó ningún tipo de ayuda"

Claudia Flores contó que los hijos de Liliana, de 9 y 5 años de edad, y la hija de 7, hoy viven con la familia del femicida por decisión del juez Daniel Juan Canavoso.

La familia materna reclamaba la tenencia pero no se la dieron. "El doctor Canavoso nos la negó porque consideró que el centro de vida mejor para los niños eran los abuelos paternos", indicó la hermana de Liliana.

Desde el Estado, "nunca se nos brindó ningún tipo de ayuda", agregó Claudia. "Ni la Ley Brisa, ni la Ley Micaela, nada eso, los chicos ni siquiera perciben el SUAF (el Sistema Único de Asignaciones Familiares) o la AUH (Asignación Universal por Hijo) porque ANSeS se lavó las manos y el Juzgado no hizo nada", aseguró.

El progenitor de los niños y la niña era policía de la provincia, pero "ANSeS jamás le aprobó (el SUAF) debido a que sólo tenía en el servicio 9 años y 6 meses", precisó.