El caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa impulsó a que, en 2017, México creara una ley sobre desapariciones forzadas y también un sistema nacional de búsqueda de personas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que aún falta mucho para que las búsquedas sean más ágiles.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas Geográficas (INEGI) mexicano, sólo en 2022 las morgues recibieron 130.470 cadáveres. Para identificar los restos y realizar los trabajos de identificación correspondientes, el Estado tenía en ese momento unos 10.951 peritos, algo completamente insuficiente.

“Al día de hoy las desapariciones persisten. Lamentablemente el caso Ayotzinapa no llevó a un cambio social y político sobre la respuesta del Estado, y en muchos casos de la sociedad civil, hacia esa crisis”, reconoce María Luisa Rodríguez, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos (Centro Prodh), una organización que acompaña a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa desde su desaparición, el 26 de septiembre de 2014.

Crisis forense y falta de recursos

En la organización hablan de que hasta julio de este año había 52.000 cuerpos desconocidos resguardados en las morgues, lo cual da una idea del fenómeno pero también de la crisis forense y la falta de recursos y voluntad para poner en marcha mecanismos extraordinarios de investigación.

A juicio de Rodríguez, el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador no supo dar una respuesta estatal para evitar que estos crímenes siguieran ocurriendo porque no apostó por cambios dentro de la administración de justicia para combatir la impunidad en México. Durante su administración, dice, ocurrieron 50.000 desapariciones.

La crisis de las desapariciones está estrechamente ligada a la proliferación de los grupos del crimen organizado en los últimos años en México. Diferentes organizaciones sociales que dan seguimiento a la violencia social, como Data Cívica, señalan que a nivel nacional hay 120 grupos criminales que se dedican al narcotráfico y a otras actividades ilegales como la tala de árboles.

Sin una base de datos federal

Bajo este contexto violento, el INEGI da cuenta de que las morgues recibieron 130.470 cadáveres en 2022, de los cuales fueron identificados más del 60%. Sin embargo, para Rodríguez, el principal problema en México es que las bases de datos genéticos de los desaparecidos de cada Estado no están consolidadas en una sola base federal. Y así, si una madre busca a su hijo desaparecido en Guanajuato pero tiene noción de que cruzó la frontera hacia San Luis Potosí es casi imposible que haya un contraste de información.

Pese a que la ley especializada en desapariciones de 2017 ordenaba crear esta base de datos genéticos esto no ocurrió hasta varios años después. Por la falta de esta base de datos, el Centro Prodh representó a una madre buscadora y ganó un litigio en contra la Fiscalía de México.

La búsqueda de desaparecidos representa múltiples retos para las familias que hasta muchas veces deben pedir permiso al crimen organizado para realizar las búsquedas, según está documentado.

La cara tangible de la crisis

La noche del 26 de septiembre, de acuerdo con el testimonio de Omar García, uno de los sobrevivientes del caso, los estudiantes mencionaron que estaban siendo atacados por la policía al norte de Guerrero. Pero en torno al caso, señala Rodríguez, se comenzaron a armar múltiples versiones y una de ellas es que en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa estuvieron involucrados el Ejército en complicidad con el crimen organizado.

“Tenemos más noción como sociedad de que esto sucede, de que hay una crisis de desapariciones y eso ha sido gracias a las familias de Ayotzinapa que le pusieron una cara tangible a lo que era esa crisis”, concluye.