El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó por la 750 el decreto firmado por el presidente Javier Milei y del jefe de gabinete Guillermo Francos donde se restringe el derecho de acceso a la información pública.
Por la 750 comenzó explicando que el decreto es inconstitucional, ya que la normativa máxima del país establece que “el Gobierno no puede usar un decreto reglamentario para restringir o cambiar los contenidos de una ley”.
Esto es exactamente lo que hizo la gestión de La Libertad Avanza a través del decreto reglamentario de acceso a la información pública. Algo que es incluso más grave si se tiene en cuenta que se trata de un derecho fundamental.
Así lo explicó Domínguez: “Este derecho es una herramienta fundamental para que los periodistas puedan ejercer su función de informar. Porque, para informar y opinar, primero se debe tener acceso a la información. Este es un derecho fundamental”.
Para el abogado, la restricción a la información se hizo de una manera “irrazonable”, ya que lo hace disminuyendo el concepto de información pública y los documentos a los cuales se puede acceder.
“Se pone al Estado como un ‘policía de buena fe’ y le da la posibilidad de demandar a las personas para lograr una indemnización a favor del Estado”, aseguró exponiendo un giro histórico respecto a la libertad de prensa.
Y más: “Convierte en secreto todo lo vinculado a política exterior y seguridad, restringiendo así el acceso a información sobre los funcionarios públicos, que se considera de índole personal”.
Frente a esto, la única alternativa que tendrán los ciudadanos será el Poder Judicial, instancia en la que, señaló, es probable que todo se convierta en un largo derrotero de instancias y fallos.
