Vecinos y vecinas del barrio de Núñez presentaron un amparo colectivo para intentar frenar la construcción de edificios a gran escala en una zona del barrio en que sus casas vienen sufriendo daños como rajaduras, aperturas de grietas, hundimientos o desplomes de mamposterías. Se trata de un polígono ubicado entre la Avenida Libertador y la estación del ferrocarril Mitre donde los desarrollos inmobiliarios de lujo fueron avanzando en los últimos años sin medir las consecuencias sobre las viviendas de casas bajas. Además del freno a las construcciones, reclaman que el gobierno porteño elabore un plan para brindar soluciones a los y las vecinas afectadas.
El amparo pide que se declare la "emergencia urbanística ambiental" en el polígono en cuestión, delimitado por las vías del Mitre y las avenidas Crisólogo Larralde, Del Libertador y Congreso. El número de casas afectadas fue creciendo allí en los últimos años, al calor del avance inmobiliario, y en el texto del amparo consta un listado de más de 40 viviendas que realizaron reclamos por esta problemática. En consecuencia con el pedido de declaración de emergencia, reclaman que se suspenda "el otorgamiento de nuevos permisos y la vigencia de los permisos de obras" cuyas características puedan ocasionar las afecciones denunciadas.
Los daños son diversos y están enumerados en el escrito, acompañados de fotos que documentan las denuncias: descalces de estructuras, grietas y rajaduras en muros y cerramientos, desprendimientos de mamposterías, hundimiento de pavimentos internos y externos, pérdidas en instalaciones de servicios, fisuras y rajaduras en medianeras, daños por humedad, hundimiento de veredas, ventanas y puertas que no abren o no cierran hasta impedir la entrada a las viviendas.
En el texto presentado por la agrupación barrial Vecinos Afectados por Movimiento de Suelos Núñez y el Observatorio del Derecho a la Ciudad se explica que "en el entorno inmediato de las manzanas donde se encuentran las casas afectadas, se construyeron o están en obras y proyectados siete complejos de torres de gran altura con una capacidad constructiva total de aproximadamente 250 mil metros cuadrados". Los desarrollos, precisan, están "concentrados en cinco cuadras ya que esa zona fue elegida por algunas desarrolladoras para ser un polo de oficinas premium y edificios residenciales de lujo cuyos precios de venta se sitúan entre los 6 mil y 7 mil dólares por metro cuadrado".
"Los informes técnicos hablan de grietas, fisuras y hundimientos compatibles con asentamientos de fundaciones por el movimiento de estratos inferiores y apuntan como posibles causas a la depresión de la napa freática y las vibraciones causadas por tránsito de gran porte, ambas asociadas a la realización de obras de gran envergadura en las inmediaciones como edificios de gran altura y dos pasos bajo nivel en el cruce de la Avenida Crisólogo Larralde y de la calle Manuela Pedraza con las vías del Mitre", completan en el escrito que fue presentado con el acompañamiento del juntista comunal de Unión por la Patria, Diego Achile.
En el amparo se aclara que el relevamiento de los inmuebles dañados fue realizado a pulmón por los propios vecinos y vecinas, por lo que se solicita también que el GCBA se haga cargo de llevar a cabo un relevamiento formal de los daños y del impacto ambiental de las construcciones, así como de determinar "las acciones y trabajos adecuados y oportunos para reparar las viviendas y edificios que fueron dañados".
"En muchos casos los propietarios realizan reparaciones periódicas pero los daños se reproducen y se agravan. En algunos casos fue necesario proceder a apuntalamiento de elementos estructurales para evitar derrumbes", advierten los denunciantes. En este sentido, piden que tras la evaluación de daños se defina un Plan de Contingencia para "brindar una respuesta rápida y eficaz para la atención de emergencias en caso de peligro edilicio, en la infraestructura de servicios públicos o en la integridad de las personas".
En el escrito se advierte, además, que "el análisis de las construcciones de gran porte en la zona muestra que ellas corresponden al aumento de la oferta de oficinas y residencias premium con beneficios para los desarrolladores y el segmento de la demanda de muy alto poder adquisitivo". Los "costos ambientales y sociales", sin embargo, "recaen en primer lugar sobre los habitantes del barrio por el daño a sus casas, la pérdida de la identidad barrial y sobre el conjunto de los habitantes de la ciudad, ya que la protección del equilibrio hidrogeológico y del paisaje de la zona cercana a la ribera del Río de la Plata son parte de la protección de los bienes comunes amparados por la Constitución de la Ciudad y por su Pan Urbano Ambiental".
Por último, los vecinos y vecinas reclaman que la normativa constructiva del Código Urbanístico (CUR) sea revisada para el polígono en cuestión, en función de lo que surja de los estudios de impacto ambiental pedidos, "a fin de prevenir mayores daños a las viviendas", y que los nuevos permisos de obra a otorgar sean readecuados con los parámetros de esa modificación. Núñez ya tiene una experiencia de modificación del CUR. En mayo de 2022, las agrupaciones vecinales consiguieron bajar en la Legislatura las alturas de construcción permitidas para la zona conocida como Lomas de Núñez.
