La sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de 7 procesados en la causa que investiga la presunta “cueva financiera” que operaba en la sede de la firma santafesina Turismo Oldani, en la fue asesinado su propietario en febrero de 2020, para acceder a una probation en vez de ir a juicio oral por el delito de intermediación financiera no autorizada.

El fallo, al que accedió Rosario/12, está firmado por el camarista Guillermo Yacobucci, quien rechazó el planteo de los imputados Carina Chelmo; Flavio Giulioni; Eugenio Alonso; Leandro Javier Forchetti; Ariel Trucco; Carlos Ciochetto y Carlos Bacigalupo.

Los siete habían recurrido al máximo tribunal penal del país luego de que el año pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe rechazara el planteo de las defensas de acceder al beneficio de la “suspensión del juicio a prueba”, que consistía en el pago de una multa y la realización de tareas comunitarias, a cambio de evitar el juicio oral.

El monto de la pena en abstracto que establece el Código Penal para esa figura va de uno a cuatro años de prisión, multa  e inhabilitación de hasta seis años.

La causa por la “cueva financiera” que operaba en Turismo Oldani fue un desprendimiento de la que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe llevó adelante por el crimen del empresario.

Hugo Oldani, propietario de la firma, fue asesinado a balazos el 11 de febrero de 2020 en su oficina de La Rioja 2441, ubicada en la galería Rivadavia de Santa Fe. La investigación del MPA encontró a los responsables del crimen y algunos fueron sancionados por medio de procesos abreviados.

Pero el expediente del MPA derivó en otra causa, por presunta intermediación financiera, al constatarse a través de una fotografía policial de la existencia en la oficina de unos tres millones de pesos y un millón de dólares en efectivo el día del homicidio.

De acuerdo a las constancias de la causa, el dinero desapareció de la escena del crimen y luego se descubrió que la fiscal del caso, Critina Ferraro, permitió el ingreso de Virginia Oldani (hija de la víctima), su pareja José Luis Hernández y otras personas, una de ellas una abogada del Ministerio de Seguridad. Ferraro fue suspendida en sus funciones y está imputada en otra causa federal.

El entonces ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, presentó una denuncia en la Justicia Federal para determinar qué había ocurrido con el dinero, y cuál era su origen. El fiscal Walter Rodríguez pidió el procesamiento de Virginia Oldani y otras nueve personas por el delito de “intermediación financiera no autorizada”, al entender que en la firma de turismo funcionaba una “cueva financiera” ilegal.

El juez Marcelo Bailaque, que subrogaba el juzgado federal Nº2 de Santa Fe, dictó el procesamiento en abril de 2020 y el fiscal Rodríguez solicitó la elevación a juicio.

 

Los acusados buscaron evitar ese proceso mediante la solicitud de una probation, a la que se opuso el fiscal Rodríguez. Tras el rechazo del Tribunal Oral Federal en lo Criminal, en el que se encuentra el expediente, siete de los 10 procesados apelaron a la Cámara de Casación Penal, cuya sala II integrada en forma uninominal por Jacobucci, desestimó el planteo en una resolución firmada a fines de agosto.